Carros blindados de magistrados de la JEP estuvieron inmovilizados: esta es la pelea detrás

Versiones iniciales de prensa aseguraron que los vehículos bloqueados, y que les fueron asignados a esquemas de seguridad de la JEP, pertenecen a la Unión Temporal Perseus 2022, integrada por Alliance Security Rent a Car, M.I. Blindajes, Vector Limitada Alquiler de Vehículos Blindados y Nacional Rent a Car.

También se dijo que la inmovilización de los vehículos tenía que ver con un embargo en contra de los bienes de las empresas que conforman la Unión Temporal.

La acción legal fue ordenada por el Juzgado 37 Civil del Circuito a solicitud de Neostar Seguridad de Colombia, dentro de un proceso ejecutivo que dicha firma adelanta contra el consorcio.

Consultado por CAMBIO, Carlos Cortés de Greiff, representante legal de Alliance Security Rent, una de las empresas que hacen parte del consorcio, negó que la unión temporal de la que hace parte tuviera a su cargo vehículos asignados a la JEP: “Eso es absoluta y totalmente falso. Nuestra compañía no está operando ningún carro en la Unidad Nacional de Protección y tampoco en la JEP. Quien está operando los vehículos del convenio entre la UNP y la JEP, y es uno de los operadores más grandes dentro de la Unidad Nacional de Protección, es Neorentig de Seguridad Limitada, del señor Alan Perlman. Es él quien está poniendo en riesgo a magistrados y testigos de la JEP, es él, no nosotros” aseguró Cortés.

Cortés le dijo a CAMBIO que la aparente decisión de inmovilizar los vehículos habría sido  tomada por Perlman, representante legal de un pool de empresas de seguridad, luego de que dicha firma resultara descalificada en un proceso de selección para proveer carros blindados a la Unidad Nacional de Protección: “El problema es que Neosecurity se presentó al último proceso licitatorio que abrió la UNP para arrendamiento de vehículos blindados y resulta que a dicha firma, cuyo representante es el señor Perlman, le aparecieron dos sanciones en el Rues cuya consecuencia inmediata es la inhabilidad de contratar con el Estado durante los próximos tres años”.

Cortés aseguró que la empresa representada por Perlman estaría ejerciendo una presión indebida sobre la UNP al apagar los carros poniendo en riesgo al personal de la JEP.

Con respecto al embargo, Cortés insistió en que la inmovilización de los vehículos, contrariamente a lo que publicaron algunos medios, no tiene que ver con el proceso civil que hoy enfrenta a los dos contratistas de la UNP. Aseguró que el embargo fue emitido por un juez en tiempo récord, antes de que entrara en vigencia la vacancia judicial el pasado 20 de diciembre, y aseguró que el juzgado no ha dado órdenes de secuestro sobre los vehículos u otros activos de la empresa que él representa.

A través de un comunicado, la UNP aseguró que la cesación en el servicio a los magistrados y personal de la JEP fue una decisión ajena a la entidad, porque la misma no es dueña de los vehículos.

Cortés anunció acciones penales y civiles contra el representante legal de Neosecurity, Alan Perlman.

CAMBIO habló con Perlman, representante legal de una de las empresas más grandes del país en el negocio de los vehículos blindados, y quien negó estar detrás del bloqueo de los vehículos asignados a magistrados y personal de la JEP.

CAMBIO: En la mañana del miércoles pasado un número importante de vehículos blindados asignados a magistrados y personal de la JEP amanecieron inmovilizados. ¿Esos vehículos eran de su empresa?

Alan Perlman: El día de ayer hubo fallas en algunos de los vehículos rentados, las cuales se solucionaron de manera inmediata. Sobre los más de 1.300 vehículos blindados que hoy mi empresa representada tiene rentados a la UNP fallaron solo unos carros y se solucionó de manera inmediata. En ningún momento se puede hablar de apagado o bloqueo.

CAMBIO: El propio presidente de la JEP nos dijo que había unos 40 vehículos apagados.

A.P.: No fueron 40 vehículos. Como le digo, fueron unas fallas en unos muy pocos vehículos teniendo en cuenta la cantidad de ellos que tengo en la UNP.

CAMBIO: El gerente de Alliance asegura que sí hubo un bloqueo, que se habría dado a manera de presión por una licitación en la que su firma fue descalificada.

A.P.: Si bien es cierto que mi empresa opera varios vehículos, la empresa que tiene el contrato actualmente con la JEP y los convenios interadministrativos es Alliance Rent, de los señores Moreno. Esa empresa, debido a unas deudas de los periodos de empalme y transición, ha tenido una orden de embargo y secuestro de los vehículos. Ellos tienen una deuda con mi empresa de 2.000 millones de pesos. En ningún momento mi representada ha ejercido presión. De existir una versión en ese sentido se instaurará la respectiva acción penal contra la persona que haya dicho eso.

CAMBIO: El representante legal de Alliance aseguró que ellos no han reconocido la factura que ustedes les enviaron, la cual, según ellos, fue enviada a un correo que no es del consorcio.

A.P.: Cualquier afirmación de ellos deben manifestarla donde corresponde, es decir, en los juzgados de Colombia.

CAMBIO: Su empresa Neostar fue sancionada y por eso está impedida para contratar con el Estado. ¿Puede explicarnos el motivo de la sanción?

A.P.: Esa es la información que está haciendo el señor Carlos Cortés, gerente del señor Moreno, pero mi representada, a hoy, diciembre 28, no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

CAMBIO: ¿Neostar no se encuentra inhabilitada?

A.P.: Neostar, aún, no se encuentra inhabilitada.

CAMBIO consultó en la base de datos del Registro Único Empresarial y encontró que efectivamente a Neostar le aparece registrada una inhabilidad por incumplimiento reiterado, aquí puede consultar el motivo de la sanción.