Caso Chiquita Brands podría prescribir: la alerta del apoderado de la Comunidad de Paz de Apartadó

La condena que emitió la justicia de Estados Unidos en contra de Chiquita Brands es histórica: se establece la responsabilidad civil de la empresa bananera por haber financiado a grupos paramilitares en el Urabá.

El abogado Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representa en Colombia a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el proceso penal que avanza contra varios exdirectivos de la bananera. A su juicio, la sentencia es clave para las víctimas y para la sociedad colombiana.

"Es una decisión que tiene pues un efecto simbólico notable que analiza a profundidad el compromiso de esta empresa multinacional apoyando a estructuras paramilitares en nuestro país y también establece un vínculo de causalidad entre esa financiación con los daños que víctimas concretas sufrieron", dijo Escobar a CAMBIO al indicar que la sentencia da un mensaje de que nadie está por encima de la justicia.

Escobar explicó que avanza lentamente ante un juzgado especializado de Antioquia contra directivos de las empresas Banadex y Banacol, ligadas a Chiquita Brands, y desde las cuales se hizo la entrega de dineros a varias convivir. En su criterio, la Fiscalía no ha profundizado cómo se dieron los vínculos de esa financiación.

A ese problema se suma que, como son diez procesados y cada uno tiene su abogado, se han hecho múltiples peticiones de pruebas que hacen del proceso algo muy engorroso. "Esto supone un cronograma de audiencias y diligencias que implica que el juicio no va a culminar pronto y, desafortunadamente, dado que estos hechos ocurrieron ya hace bastante tiempo, hay riesgo de prescripción de la acción penal".

Escobar indicó que, si bien los hechos están declarados como de lesa humanidad, una vez hay una persona debidamente procesada, sí corren términos para adelantar el juzgamiento. "Es un riesgo real", apuntó. El abogado precisó que en la Ley 600 de 2000 existe una figura que se llama actor civil popular y que en esa calidad está acreditada la Comunidad de Paz de San José Apartadó, que ha "sido histórica y sistemáticamente violentada por la acción de grupos no solo estatales, sino también paramilitares".

En Colombia están ya en etapa de juicio las siguientes personas: Charles Dennis, gerente de C.I. Banadex desde 1990 a 2000; Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, abogado de C.I. Banadex e integrante de su junta directiva desde 1995 a 1998; Víctor Julio Buitrago Sandoval, jefe de seguridad de Banadez S.A; John Paul Olivo, contralor de Banadex desde 1996 a 2001; y su sucesor Fuad Alberto Giacoman Hasbún.

También están en juicio José Luis Valverde Ramírez, gerente general de C.I. Banadex entre 2000 y 2002; y Álvaro Acevedo González, quien tuvo ese mismo cargo, pero en Banadex S.A. Igualmente está Víctor Manuel Henríquez Velásquez, presidente ejecutivo de C.I. Banacol S.A,; Jorge Alberto Cadavid, vicepresidente financiero de C.I. Banacol S.A; Javier Ochoa Velásquez, gerente de producción de C.I. Banacol S.A..