"Los pagos de Chiquita a las AUC fueron voluntarios": abogados de las víctimas

Luego de 17 años de proceso judicial y de seis semanas de juicio, este lunes, en una decisión histórica, un jurado de Estados Unidos encontró responsable civilmente a Chiquita Brands por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Con esto se deja claro que “para mantener sus ganancias, la multinacional entregó recursos a las AUC aun conociendo los atroces actos cometidos por este grupo paramilitar, catalogado como terrorista por el Gobierno de los Estados Unidos”, como detalla la organización EarthRights International, que se especializa en la investigación de hechos, acciones legales contra los autores de abusos contra los derechos de la tierra, formación de líderes comunitarios y campañas de defensa. 

De acuerdo con la organización, Chiquita pagó más de 1,7 millones de dólares a las AUC entre 1997 y 2004, lo que “contribuyó a fortalecer su presencia en el Urabá, en el Magdalena y a recrudecer la violencia en la región”. 

Luego de esa decisión histórica, que pone de presente la importancia de que las empresas de todo el mundo sean partícipes y vigilantes de los derechos humanos, los abogados que representaron a las víctimas ofrecieron una rueda de prensa en la que explicaron la decisión del jurado de Estados Unidos. 

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Los argumentos de las víctimas de Chiquita Brands

Marco Simons, director jurídico de EarthRights International, y quien acompaña a las víctimas en este caso, aseguró que aun cuando la defensa de Chiquita argumentaba que se vieron obligados a realizar los pagos a las AUC, no se trataba de extorsiones y que tenían muy claro que eran un grupo al margen de la ley. 

A su vez, dijo que hay evidencias de una reunión de la empresa con Carlos Castaño, pero no hay evidencias de amenazas del líder paramilitar a Chiquita. 

Los abogados también mencionaron que se demostró que Chiquita usó los puertos para importar rifles AK-47, que después fueron usados en crímenes contra civiles. 

“De manera significativa, el jurado ha encontrado que Chiquita no ha actuado de forma razonable y que han sido parte de actividades peligrosas, lo cual les ha llevado a su culpabilidad. El jurado ha rechazado la defensa de Chiquita, el jurado rechazó esa defensa en tres formas diferentes”, dijo Marco Simons.  

Si bien la empresa fue encontrada como responsable por los primeros nueve casos, se espera que se tome una nueva decisión frente a los otros casos. El jurado escuchó a cerca de 60 víctimas, 21 de ellas eran ejecutivos de Chiquita. Una de las víctimas que escuchó el jurado un controlador, que conocía de los pagos a las AUC y afirmó que la empresa tal vez no estaba pensando en las consecuencias humanas de esos actos. 

Además, detallaron que el asesinato de algunos trabajadores de Chiquita fue en el marco de infundir terror a quienes eran señalados de ser parte de las guerrillas. 

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Caso Chiquita Brands, un precedente histórico

“El Urabá y el Magdalena sienten el efecto de este caso y eso es mucho más especial para las víctimas, que han crecido sin padres, madres o con sueños truncos. Si bien el dinero no va a cambiar las cosas, sí los va a ayudar”, apuntó Gabriela Díaz, una de las abogadas. 

“Este fallo histórico tiene implicaciones profundas y de gran alcance para la rendición de cuentas corporativas y de los derechos humanos en todo el mundo, especialmente en el marco de justicia transicional en Colombia. La decisión de jurado de responsabilizar a Chiquita establece un precedente crucial: que las empresas no pueden eludir la responsabilidad por su participación en hechos graves de violación a los derechos humanos. Incluso, cuando esto ocurre en contextos de conflicto armado”, enfatizó Tatiana Devia, abogada y consultora jurídica. 

A su vez, Devia considera que se envía otro mensaje claro y es que “el lucro no puede justificar la complicidad de abusos a los derechos humanos”. 

También es un pedido a que las empresas rindan cuentas ante la sociedad civil, señalan. 

Marissa Vahlsing, de EarthRights International, afirmó que “hay principios de ley que determinan que una compañía o persona, puede ser llevada a una Corte y responsabilizada por daños a otras personas. Esto hace que estos casos se puedan llevar a juicio y les deje un mensaje a las compañías de que no pueden salir inmunes”. 

Por lo pronto, se espera que las víctimas reciban la compensación que les corresponde. Sin embargo, Marco Simons afirma que Chiquita va a apelar en el próximo juicio, que será el 15 de julio. “Lo más probable es que no van a hacer algún pago hasta eso. Son sujetos potenciales de riesgo”, aseguró.