El papel en el escándalo de la UNGRD de la sorprendente y poderosa Comisión Interparlamentaria de Crédito Público

Se trata de uno de los entes más deseados por los congresistas: la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, CICP, un nombre que seguramente le dice poco a la mayoría de los colombianos, pero que se ha convertido en un dolor de cabeza para todos los ministros de Hacienda de los últimos siete gobiernos. 

Hoy, por ejemplo, tiene en la mira al gobierno del presidente Gustavo Petro y en particular a su ministro de Hacienda porque seis de los nueve congresistas mencionados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) integraban la CICP.

“La CICP es una de las comisiones más codiciadas por los parlamentarios. Se estableció con la Ley 5 de 1992 como la instancia de aprobación de las operaciones de crédito público externo de la Nación. La integran seis miembros de las comisiones económicas (tres senadores y tres representantes)”, dice Luz Dary Cruz Piñeros en un estudio de la Universidad Nacional.

“Esta comisión ha tratado de ser eliminada, en el 2007 fue una de las recomendaciones de la Comisión de Gasto Público con el argumento de que ejerce control político sobre las operaciones de crédito del Gobierno, facilitando la intervención de los congresistas en el proceso presupuestal”, añade la autora de esa investigación.

“La comisión es un peaje, en ocasiones incluso llega a convertirse en un verdadero elemento de extorsión para los ministros de Hacienda. No cumple ningún otro papel”, dice un exministro de Estado que la padeció. 

¿Por qué?

“La comisión es un órgano de gran poder político, ya que tiene injerencia en el manejo crediticio del país, dando su asesoría, lo que constituye una forma de control sobre el ejecutivo”, dice Cruz Piñeros.

“Algunos congresistas de los pertenecientes a este grupo fueron investigados por nexos con grupos delincuenciales o por favorecimientos a terceros, parte de ellos han sido condenados, lo que deja en entredicho la ética en el manejo de los recursos crediticios y su posible destino para el desarrollo del país”, asegura ella en su investigación.

Una particularidad de esta célula es que sus debates son a puerta cerrada. “Es una cuestión normativa por los temas que se tratan”, dijo el senador Juan Pablo Gallo en Blu Radio.

En términos sencillos, este grupo de parlamentarios es el que les da luz verde a los ministros de Hacienda para la aprobación de las operaciones de crédito público externo de la nación. Con este poder, sin embargo, pueden exigir a los gobiernos beneficios para sus respectivas regiones. 

Al margen de su responsabilidad en el caso de la UNGRD, que la determinará la justicia, este es un argumento que en su defensa van a empezar a usar los parlamentarios involucrados. Ellos son Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador) y Karen Astrith Manrique Olarte (curul de paz), integraron esta célula. 

Veamos el caso de esta última. A Manrique Olarte, como a los demás, el exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López, la puso en la mira al responsabilizarla de los supuestos redireccionamientos de recursos ordenados por el ministro de Hacienda para obtener apoyo a reformas económicas.

“Mis únicos acercamientos con las entidades del Estado han sido en el ejercicio como congresista e interlocutora de las comunidades que en el Congreso represento en mi calidad de víctima del conflicto armado (...) Desde la campaña he apoyado al presidente Gustavo Petro. Me duele que estemos viviendo esta infamia, pero por encima de ello, mi nombre, que es el único capital que he construido”, dijo este viernes la representante Manrique.

“Desde la curul de víctimas hemos procurado que en la mesa de negociación se tenga en cuenta la voz de las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado. Es incoherente que se me acuse como agente intermediaria de un grupo al margen de la ley. Sería absurdo no reconocer que la situación de orden público es preocupante y más en mi departamento”, argumentó ella.

“Cuando una de las congresistas llega a mi oficina, tiempo después a preguntarme para impulsar los contratos, no solamente me dice, ‘vengo a nombre de’, y me menciona al representante Manzur y lo que hago es que le entrego mi librera y le digo que escriba para qué se trata”, afirmó Olmedo López ante el Alto Tribunal como lo contó la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Olmedo le dijo a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que, para el departamento de Arauca, de donde es la congresista Manrique, iba a direccionar un contrato por 34.000 millones de pesos para obras en el municipio de Saravena.

Aunque la CICP ha obtenido beneficios para sus integrantes en el pasado, durante el gobierno del presidente Petro el contexto político le dio más músculo para sus exigencias. ¿Por qué? No solo porque el oficialismo es minoritario en el Congreso, sino porque tras la decisión del jefe del Estado de acabar la coalición en la que participaban el Partido Liberal, el Partido Conservador y La U, se valorizó el voto individual de cada congresista.

En las sesiones del parlamento, al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se le veía entablar diálogos con cada uno de ellos en una estrategia que se llamó “al menudeo”.

Sobre el poder de la CICP, el presidente Petro escribió en su cuenta de X: “La comisión interparlamentaria de crédito público, a quien Olmedo ataca, no hace leyes, da el aval para que el Gobierno tome créditos con la banca multilateral o bonos, con los cuales estamos pagando las deudas que dejó Duque”.

“Si la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no diera el aval para que el Gobierno se endeude para pagar la deuda existente, habría cesación de pagos y el Estado y la economía se derrumbarían provocando una catástrofe social porque se dispararía la tasa de interés de nuestro endeudamiento”, agregó.

Y luego, en otro mensaje, escrito este viernes, aseguró:

“Las pruebas hasta ahora apuntan a un hecho delictivo: Que el dinero que yo mismo y el Congreso destinó a soportar el país en la peor sequía vivida, fue en gran parte hurtada por quienes dirigieron la UNGRD. Como jefe de Olmedo jamás le di una orden semejante; burló mi confianza y al pueblo de Colombia y a quienes lucharon y murieron por obtener un país justo, varios de ellos amigos del mismo Olmedo. Que devuelva hasta el último peso es lo que le pido. No dudo que tengan cómplices, incluso políticos, pero ni el giro del ministerio de hacienda a la UNGRD como a todas las entidades, en los días previos al desastre climático que previmos acertadamente, ni la relación del ministro de hacienda con la comisión parlamentaria de crédito público que es obligatoria para no caer en cesación de pagos y el colapso económico, muestra una actitud irresponsable”, dijo este viernes el presidente Gustavo Petro.

En paralelo a este escándalo y a la exigencia para que la justicia aclare y sentencie a cada uno de los responsables, el exministro de Educación Alejandro Gaviria pide acabarla de una vez por todas.

“La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ha sido por décadas simplemente un mecanismo de extorsión no cumple ninguna labor, no tiene sentido. Este escándalo debería servir para plantear su eliminación definitiva”, afirmó en su cuenta de X Gaviria.