Cómo Chupeta lavó dinero con CDT de Corfivalle

Pueden ser los tres Certificados de Depósito a Término (CDT) más famosos del país. Le pertenecen a Alejandro González Beltrán, un ciudadano colombiano que los adquirió en Corfivalle en febrero de 1989, por 175 millones de pesos de la época, y lleva 24 años intentando cobrarlos.

Durante el esfuerzo jurídico que ha hecho para reclamar lo que le pertenece, González Beltrán se encontró a boca de jarro con evidencias de que la corporación en la que él confiaba –y que hoy se llama Corficolombiana– usaba la venta de CDT para facilitarles el lavado de activos a ciertas personas adineradas, entre ellas Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. 

Un cuarto de siglo reclamando un CDT

Miembro de una familia que fue propietaria de Gaseosas Sol, una de las empresas de gaseosas y refrescos más importantes del centro del país, González comenzó sus relaciones con Corfivalle –hoy Corficolombiana– en los años 80. En ese entonces, la financiera pertenecía a la familia Lloreda.

En 1989, González invirtió 175 millones de pesos en tres CDT, condicionados a un rendimiento de 31,3 por ciento anual, por diez años. Cuando los fue a cobrar, en 1999 –época en que Corfivalle experimentaba una dura situación financiera y los medios ya rumoraban el interés del Grupo Aval por comprarla–, recibió poco menos que un portazo en la cara.

De buenas a primeras, la financiera les puso a los títulos el sello de anulado; y a González, dos causas penales por los delitos de falsedad de documento privado y estafa.

La estrategia de la hoy Corficolombiana para no reconocerle los títulos a González ha sido diversa: le han dicho que los CDT son robados; le han dicho que son falsos; le han dicho que las verdaderas propietarias de los títulos son tres señoras de apellido Jaramillo.

Mientras tanto, González se ha convertido a la fuerza en un detective financiero que busca demostrar que él es el real propietario de los CDT, y obligar a Corficolombiana a reconocerle el valor de los títulos, los intereses respectivos, los intereses de mora y una indemnización por los daños causados.

Contra todo pronóstico, encontró a las señoras, de cuyo paradero nunca le informaron en Corficolombiana; y las acaudaladas Jaramillo resultaron ser unas mujeres humildes de Medellín que no tenían ni idea que a su nombre existían unos CDT y que ni siquiera habían abierto cuentas bancarias en su vida.

González ha señalado al abogado Néstor Humberto Martínez como responsable de esa maniobra. En diligencia judicial ocurrida en 2012, las hermanas Jaramillo negaron ser las dueñas de los CDT; y en 2017, una de las hermanas, la señora Martha Cecilia Jaramillo, le dijo a Noticias Uno que cuando se encontraron con Martínez Neira, el abogado les había dicho: ¡¿Y es qué ustedes no estaban muertas?!

Los procesos penales contra González fueron archivados. El pasado 11 de noviembre, un fallo de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nación y a Corficolombiana pagarle 14 billones de pesos a González por cuenta de sus CDT y por las fallas en el sistema judicial. La decisión causó escándalo y  se consideró la enorme suma como producto de un error de cálculo judicial. Actualmente la suma que debe pagársele a González sigue en discusión. 

De rechupeta: los CDT usados para lavar activos

En 24 años de demandas, contrademandas, audiencias, declaraciones y expedientes, emergieron dos documentos, hasta ahora inéditos, que evidencian que la práctica de poner títulos valores a nombre de terceras personas fue una práctica repetida en la antigua Corfivalle, y que incluso, dicho mecanismo le ayudó a una fundación relacionada con el Cartel de Cali a lavar más de 43.400 millones de pesos en tan solo seis meses.

Uno de estos documentos, obtenido por CAMBIO, es una resolución de acusación por enriquecimiento ilícito contra Jaime Eduardo Ospina Lopeda, Humberto José Muriel, Benedicto Quiñonez y Fredy Montes.

Tal y cómo relata el escrito –que data de 2004–, un grupo de fiscales especializados contra el lavado de activos había detectado que la red había logrado lavar la enorme suma de dinero a través de títulos valores, algunos de ellos adquiridos en la antigua Corfivalle.

Las pesquisas se iniciaron con un grupo de personas –humildes en su mayoría–, a cuyos nombres se expidieron millonarios certificados de depósitos a término. Las investigaciones concluyeron que algunas de estas personas no eran responsables de los delitos por los que se les investigaba; y que, sus nombres y cédulas habían sido utilizados para poner los millonarios títulos a nombre de ellas.

Siguiendo la pista del dinero, los fiscales encontraron una fundación que había fungido como centro de operaciones de la actividad ilícita. Se llamaba Nueva Colombia, la cual, a pesar de tener un capital de tan solo 10 millones de pesos en 1994, movió más de 43.400 millones en el sistema bancario en tan solo seis meses.

Nueva Colombia funcionaba en Bogotá y tenía como objeto las actividades socio-culturales. Su representante legal era un hombre llamado Jaime Eduardo Ospina Lopeda, quien trasladó el domicilio de la fundación a Cali, desde donde se dedicó a hacer endosos y a entregar títulos valores constituidos a nombre de la fundación.

Otras dos empresas –Cooperativa Agromoro Ltda. y la constructora San Carlos–, cuya sede también era Bogotá, fueron trasladadas simultáneamente a Cali para conformar la red empresarial que, junto a la fundación Nueva Colombia, realizó millonarias transacciones con dineros ilícitos.

Al cierre de la investigación, que terminó en la resolución de acusación, el procurador judicial 35 penal aseguró sobre los movimientos bancarios de estas empresas lo siguiente: “Sin actividades definidas pero sí registrando capitales inmensos, su único fin era ocultar el origen del dinero, y en algunos casos destacando relaciones comerciales con empresas de los hermanos Rodríguez Orejuela, declarados narcotraficantes, o en otros, endosando títulos valores para movilizar dinero de procedencia ilícita con una entidad como la Nueva Colombia”.

En las pesquisas, los investigadores encontraron varios CDT constituidos en los bancos Mercantil, la Compañía de Financiamiento Comercial Crecer S.A., Selfinco, Banco del Pacífico y Davivienda. Con los recursos girados de cuatro cuentas del Banco Ganadero se constituyeron, en febrero de 1995, diecisiete CDT por 12.962 millones de pesos en Corfivalle; y entre marzo y mayo de ese año, se abrieron en Corfivalle otros 64 títulos, por valor de 11.772 millones de pesos.

Los investigadores de la Fiscalía encontraron que varios de los beneficiarios de los endosos de esos títulos valores eran empleados de Juan Carlos Ramírez Abadía, más conocido en el mundo del hampa como Chupeta: “Algunos de los beneficiarios en la cadena de endosos de dichos títulos valores resultaron ser empleados de una finca de la sociedad Criadero La Jota Ltda., con sede en Jamundí (Valle), de propiedad de Juan Carlos Ramírez Abadía, siendo algunos endosatarios titulares de cuentas corrientes de las que se han girado cheques a Asesorías Cosmos Ltda., y Carnes del Pacífico, que eran empresas de fachada del Cartel de Cali”.

Chupeta fue miembro del Cartel del Norte del Valle y fue extraditado a los Estados Unidos en 2007, luego de ser capturado en Brasil, país en donde se sometió a múltiples cirugías plásticas para cambiar su rostro. 

Autopréstamos, payasitos y divisas turbias

Expedir CDT a nombre de personas que no eran sus reales propietarios, y utilizar las identidades de ciudadanos humildes e incautos para ocultar enormes capitales, pareció haber sido una práctica repetida en las oficinas de Corfivalle a finales de los 80 y principios de los 90. Así se deduce de otro documento inédito y de las declaraciones de uno de los implicados obtenidas por CAMBIO.

El documento, fechado el 10 de octubre de 1989 contiene graves señalamientos sobre el comportamiento corporativo en la financiera. Describe actividades tan variopintas como autopréstamos, expedición de títulos valores ficticios, nóminas ocultas y compra de divisas en el mercado negro.

Sobre este documento se ha dicho que fue escrito por el señor Luis Ernesto González Valencia, exjefe operativo de captaciones de Corfivalle, con la intención de extorsionar a sus compañeros, luego de que se retirara de Corfivalle. González no ha admitido la autoría, pero un examen grafológico determinó como real su firma. En una declaración que hizo años después, bajo gravedad de juramento, el denunciante reafirmó los hechos descritos en el documento.

La denuncia está dirigida a 16 entidades, entre ellas la Contraloría, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia, la Superintendencia Bancaria y varios tribunales. En ella señala al Banco de Occidente, al Banco de Comercio, a la Notaría Primera de Cali, a Universal de Cambios y Corfivalle como los principales implicados.

Según la denuncia, había un mecanismo a través del cual algunos directivos de Corfivalle accedían a una serie de ingresos y prestaciones adicionales por debajo de la mesa. Aparentemente, los implicados accedían a préstamos en la misma entidad bancaria, cuyo interés era del 3,0% anual. Con estos recursos, abrían depósitos a término fijo a nombre de terceros cuyos intereses oscilaban entre el 30.8 y el 32.0. De esto habría estado enterado el señor Rubén Bonilla, gerente contralor de la financiera de esa época.

El mecanismo era llamado internamente como “nómina confidencial”. Según la denuncia, varias de las personas cuyos nombres fueron utilizados para abrir CDT y cuentas bancarias estaban prestos a declarar: "Muchos de estos terceros están localizados y dispuestos a declarar su inexistente vinculación de algún tipo con la Corporación Financiera del Valle, y poniendo de presente la falsedad en documento privado, con el uso de sus nombres y números de cédula de ciudadanía, y falseando su huella dactilar”.

Estas personas eran denominadas por los ejecutivos como “payasitos”, por lo general tenían bajos ingresos y no estaban obligados a declarar renta.

La figura de los “payasitos” también era utilizada por personas que querían mantener oculto su patrimonio. Así se lograba ingresar fortunas al sistema bancario, poniendo dichos capitales a nombre de terceros: “Esta operación se realiza ante montos de capital voluminoso o de dudosa procedencia o de clientes que por una u otra razón quieren mantener oculto su patrimonio”, dice un aparte del documento.

La denuncia también describe la compra de divisas en el “mercado negro” a través una casa de cambio en Cali. En 2012, el denunciante, Luis Ernesto González, regresó al país y dio una declaración en el largo y controvertido proceso sobre los millonarios CDT de Alejandro González. Allí, se reafirmó sobre la práctica de poner CDT a nombre de terceros. El testimonio lo rindió ante la tristemente célebre juez Ligia del Carmen Hernández Pérez, condenada por recibir dineros de Carlos Mattos en el caso Hyundai.

A esta diligencia también asistió como apoderado de la parte demandada, el abogado Néstor Humberto Martínez. Las denuncias de Luis Ernesto González no merecieron investigaciones por parte de la Fiscalía; tampoco se conocen resultados de las investigaciones en contra de los ejecutivos que permitieron que empresas fachadas del Cartel de Cali lavaran activos en la antigua Corfivalle, que en 2005 fue adquirida por el Grupo Aval y comenzó a llamarse Corficolombiana. Aparentemente, González, quien también estaba implicado en los ilícitos, llegó a un acuerdo, un supuesto pacto de silencio para no ser denunciado y no denunciar.