"Los premiados por Sarmiento": el organigrama que hizo Pizano de los funcionarios que sabían de contratos falsos

Han transcurrido dos semanas desde que el país conoció las sanciones a las que fue sometido el Grupo Aval por autoridades de los Estados Unidos y apenas se avizora el largo y costoso camino que falta por recorrer.

La Security Exchange Comission (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos penalizaron con multas cercanas a los 80 millones de dólares al conglomerado colombiano. La sanción y un acuerdo de colaboración en los próximos tres años tienen su origen en las prácticas corruptas en las que el conglomerado colombiano incurrió, junto a su socio Odebrecht, en el proyecto Ruta del Sol II, particularmente la adición conocida como Ocaña-Gamarra, hechos probados por los investigadores de Estados Unidos.

El gobierno colombiano ya solicitó por vía diplomática las sanciones y sentencias en contra del Grupo Aval, para determinar si existe para el conglomerado una inhabilidad sobreviniente para contratar con el Estado colombiano.

Dentro de los hechos que hacen parte de los cargos en contra de Aval por la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero se encuentra un giro del 25 de junio de 2015, por 2,7 millones de dólares, que salió de las cuentas de la Concesionaria Ruta Sol y terminó en la cuenta de Consultores Unidos, una de las empresas con las que se lavaron activos producto de la corrupción.

Este giro hace parte de los hallazgos que el excontroller Jorge Enrique Pizano puso en conocimiento de sus superiores en Corficolombiana en tres escenarios judiciales: la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y un Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá.

En esas tres instancias, Pizano dio declaraciones y entregó un nutrido dossier en el que estaban sus informes de Contraloría desde 2010 hasta 2017, periodo en que desempeñó su cargo.

Estos documentos no solo contienen los contratos espurios con los que funcionarios e intermediarios se echaron al bolsillo millones de dólares de la infraestructura nacional, sino que demuestran claramente quiénes estaban informados dentro del concesionario sobre los pagos irregulares, incluso quiénes los autorizaron.

El pasado 17 de agosto, la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, anunció 33 nuevas imputaciones por Ruta del Sol II.

Entre ellas, hay una nueva imputación al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, y otras para algunos ejecutivos y técnicos de la entidad. Entre ese grupo de nuevas imputaciones, llama la atención la de Édgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos de la ANI, quien dejó su cargo en 2015 y tres meses después se vinculó a Presoam, una de las empresas detectadas por Pizano como parte del engranaje irregular con el que se pagaron sumas injustificadas, según sus cuentas, por 12.156 millones de pesos.

Curiosamente, seis años después de que el propio Pizano le hubiera informado y aportado pruebas de todos sus hallazgos a la fiscal 80, Amparo Cerón, quien fue designada durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez para investigar el caso Odebrecht-Aval, las imputaciones y procesos en contra de miembros del conglomerado colombiano siguen destacándose por su escasez. Solo ha enfrentado juicio José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana.

CAMBIO revela quiénes, según Pizano, eran los directivos del grupo que estaban enterados de los contratos irregulares y su participación en el caso.

Los organigramas de Pizano

Existen dos organigramas hechos por Jorge Enrique Pizano en los que, con nombre y foto, señaló altos directivos de Aval y Corficolombiana y el conocimiento que ellos tenían del esquema de pagos irregulares.

Uno de ellos fue titulado por Pizano como “Los premiados por Sarmiento o a mis espaldas”.

El primero en aparecer es Miguel Vargas Hernández, quien en 2018 era gerente general de Covimar. Vargas fue miembro de la junta directiva de la Concesionaria Ruta del Sol y, según Pizano, había sido informado de las irregularidades desde el año 2013.

Uno de los documentos entregado por Pizano a la Fiscalía es un acta de junta directiva de Ruta del Sol del 21 de febrero de 2014, de una reunión a la que Vargas asistió y en la que se aprobó la contratación de la firma Profesionales de Bolsa, una de las empresas que hizo parte del entramado corrupto y a la cual se le hicieron pagos por 7.750 millones de pesos. Gustavo Adolfo Torres, presidente de Profesionales de Bolsa, aceptó su participación en el delito de lavado de activos y fue recientemente condenado a cinco años de prisión.

Otro de los señalados por Pizano es Mauricio Millán, gerente de Covipacífico. Según el controller, Millán, cuando era gerente contractual de Consol, firmó los pagos de 6,6 millones de dólares que terminaron en manos del entonces ministro de Transporte Gabriel García Morales, a través de la Banca Privada de Andorra. Millán también asistió a la reunión de junta directiva en la que se aprobó la contratación de la firma Profesionales de Bolsa.

En el organigrama de Pizano también está referenciado Óscar Hernández Gaona, quien fue miembro de la junta directiva de la concesionaria y participó en un comité de dirección llevado a cabo el 30 de enero de 2015, en el que se discutió sobre la inconveniencia de haber contratado a Presoam (del exfuncionario de la ANI Edgar Chacón Hartmann). Alberto Mariño, también miembro de la junta directiva, se quejó de que el contrato con dicha empresa fuera superior al presupuesto establecido.

Pizano también cita a Alberto Mariño Samper, quien hizo parte de la junta directiva de la Concesionaria Ruta del Sol y quien fue informado de las irregularidades desde el año 2013. En noviembre de 2018, El Espectador reveló la grabación de una conversación entre Pizano y Mariño, que se habría llevado a cabo en septiembre de 2015, en la que el excontroller le describió sus hallazgos como “la fábrica de contratos falsos”.

El quinto del listado es Gustavo Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana. Según Pizano, Galindo fue informado desde 2013 de las irregularidades de contratación en la Concesionaria Ruta del Sol. En uno de los correos electrónicos aportados por Pizano a la Fiscalía, del 25 de junio de 2015, Pizano les envió a Ramírez y a José Elías Melo un informe de auditoría en el que estaban descritos los hallazgos por 16.981 millones de pesos en contratos con las siguientes empresas: Inversores Profesionales, Desimpro, Consultores Unidos, Profesionales de Bolsa y Gespin.

Rafael Neira es uno de los altos ejecutivos de Aval que, según el organigrama de Pizano, estaba enterado de los contratos irregulares. Neira es el vicepresidente contralor del grupo. Neira habría sido informado en 2015 sobre las irregularidades. Así se lo dijo el excontroller a la fiscal Amparo Cerón en una diligencia adelantada el 7 de julio de 2017. En esa declaración, Pizano le dijo a la fiscal que Neira era uno de los ejecutivos de alto nivel a los que le había informado sobre irregularidades en el consorcio.

El documento fue aportado a CAMBIO por el abogado Miguel Ángel del Río, quien es apoderado de la familia Pizano Ponce de León en la investigación por las muertes de Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro.

En un interrogatorio rendido en 2018 en la Cámara de Comercio de Bogotá, Pizano contó que sus hallazgos e informes terminaron generando una serie de reuniones entre ejecutivos de Odebrecht y de Aval. En esas reuniones se modificaron los estatutos de la concesionaria, creando condiciones más rigurosas para los procesos de contratación. Pizano dijo que a esas reuniones habían asistido Rafael Neira y Alberto Mariño Samper.

Los nuevos estatutos quedaron plasmados en un contrato de transacción, documento redactado por el abogado Néstor Humberto Martínez Neira, el cual ha sido considerado como un pacto de silencio porque en una de las cláusulas las partes se comprometen a guardar confidencialidad sobre su contenido.

Otro mencionado por Pizano es el abogado Pedro León Valencia, quien cumplió una labor de mensajería que no fue menor para que a Odebrecht y a Aval les fuera adjudicado el contrato de Ruta del Sol II.

Según está descrito en el pliego de cargos elevado por la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de Odebrecht-Aval, Valencia, por órdenes de José Elías Melo, fue la persona que le solicitó al abogado Hugo Palacios Mejía un concepto jurídico en el que entre otras cosas, no validaba la experiencia  en construcción de vías férreas y otras infraestructuras al consorcio OHL,  que competía con Odebrecht. 
Valencia no sólo pidió el concepto sino que el día de la adjudicación se lo entregó en sus manos al entonces viceministro Gabriel Ignacio García Morales, condenado por recibir sobornos.

Pizano nombra también a Javier Mejía, quien en Consol también descubrió pagos irregulares. Menciona a Diego Molano, vicepresidente financiero del Grupo Aval, casado con María Victoria Guarín, quien hizo parte del equipo que estructuró el proyecto Ruta del Sol en la Corporación Financiera Internacional (IFC), donde era senior investment officer. Estos hechos también fueron descritos en el pliego de cargos de la SIC. Ver organigrama aquí. 

Existe un segundo organigrama en el que Pizano menciona a Hernando Junior Medellín, Iván Pinto Sánchez, Amanda Muñoz y los brasileños Marco Gloria y Eder Paolo Ferracuti.

Pizano afirmaba que de toda esta maraña de contratación irregular tuvo conocimiento el propio Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.

Pizano se quejaba de que, mientras estos funcionarios fueron premiados con estabilidad laboral y, en algunos casos, mejores cargos, a él lo despidieron.

El 3 de noviembre de 2018, cinco días antes de su muerte, escribió: "Es la estrategia de acallarme y "matarme" socialmente, porque ya se sabe que yo sé y puse de presente las irregularidades que ocurrieron en la Ruta del Sol II, que fueron advertidas al mes de mi llegada a la concesionaria y que se advirtieron desde el 2010. Se reafirmaron en el 2013 hasta 2015. Basta con ver los pliegos de cargos de la SIC a los socios de la ruta del sol... lo mas extraño, sacan controller de la concesionaria y todavía esta allí el gerente de operación mantenimiento Carlos Gustavo Ramírez, quien firmó contratos de papel, y lo mejor es que este dr Ramírez fue postulado por Corficolombiana, y que Pizano advirtió también de las irregularidades de Ramírez... pero no hicieron nada... y hoy sigue campante. Es así como la gerente jurídica de la Concesionaria, Amanda Muñoz, que redactó y dio su visto bueno a todos los contratos fraudulentos , así como Hernando Medellin, gerente de Sostenibilidad que firmó contratos falsos para pago de sobornos, los dos estén en la Empresa de Energía de Bogotá, en donde es socio Luis Carlos Sarmiento. Es así también, de quienes estaban enterados de todos los actos irregulares de Odebrecht y que participaron activamente en los ilícitos no son sujetos de ninguna investigación por la Fiscalía, ni Procuraduría, ni Contraloría General de la Nacion".

En un mensaje de texto que el excontroller envió a este periodista en 2018, afirmó : “Me volví una roca en el zapato para Odebrecht y el Grupo Aval.