Cómo afectará a José Elías Melo el acuerdo de Aval con la justicia norteamericana

Gracias al acuerdo de aceptación de culpabilidad y colaboración de Corficolombiana ante la justicia norteamericana el país conoció de la existencia de una coima de 3,4 millones de la que no se tenía noticia en Colombia y que entró dentro de lo que se denominó el escándalo de sobornos de Odebrecht.

Según el documento de acuerdo, el soborno se habría pagado a favor del misterioso “Colombian Official 3”, que hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos entre 2010 y 2018, con el propósito de que asegurara la adición del tramo Ocaña-Gamarra al Contrato de Ruta del Sol 2.

En el acuerdo, Aval aceptó los sobornos, pero le echa la culpa -incluida la nueva coima- a José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana, hoy condenado por sobornar al viceministro de Transporte de la época, Gabriel García Morales, con 6,5 millones de dólares, para amarrar la adjudicación de la Ruta del Sol II, distinta de la adición Ocaña-Gamarra.

A pesar de que Melo negó su responsabilidad en los hechos declarados por la empresa que alguna vez presidió, es casi que inminente que se abrirá un nuevo proceso en su contra, esta vez por la adición del tramo Ocaña-Gamarra.

Sobre ese capítulo, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció 60 nuevas imputaciones de cargos.

Ante el nuevo panorama, surgen dos preguntas:

¿Cómo debe actuar la justicia colombiana con esa información?

¿Las decisiones judiciales en Colombia sobre los presuntos involucrados podrían cambiar en algo el acuerdo del grupo con Estados Unidos? Hablan expertos penalistas.

En cuanto a la primera pregunta, el exvicefiscal Jorge Perdomo afirma que es necesario que haya cooperación internacional para que la justicia colombiana actúe. “La cooperación internacional debería usarse para obtener toda la información que sea necesaria del gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia, con el objetivo de traer la información y establecer qué es lo que le falta a la Fiscalía investigar sobre las coimas en Colombia. Eso debe conocerse, entonces debe haber una cooperación judicial y, por supuesto, la Fiscalía debe actuar en el marco de las investigaciones”.

No obstante, el exfiscal general Mario Iguarán opina que, aunque “la Fiscalía colombiana, en función de la cooperación judicial, podría llegar a utilizar esa información para realizar investigaciones penales en contra de estas personas en Colombia”, el proceso por el que fue condenado José Elías Melo, que está en estudio de la Corte Suprema de Justicia, no se afectaría de ninguna manera.

“Ninguna de estas informaciones contenidas como anexos al acuerdo entre Corficolombiana y el gobierno de los Estados Unidos pueden tener influencia directa en cuanto al proceso penal seguido contra el señor Melo en Colombia (por el que fue condenado) porque es una realidad procesal distinta y a estas alturas la Fiscalía colombiana no tiene la facultad de incluir pruebas nuevas en el proceso penal en contra del señor Melo (…) Simbólicamente, claro que afecta, porque sería más difícil que la Corte llegará a fallar a su favor el recurso de casación, pero en cuanto a la realidad procesal en Colombia no tiene ninguna influencia directa”.

Los exfiscales coinciden, eso sí, en que ese acuerdo es casi un anuncio informal de que se vendrán nuevos procesos penales en Colombia. Uno de ellos podría ser contra Melo a quien Corficolombiana señaló como único responsable del grupo en el conocimiento de los sobornos. Precisamente, desde Washington, el fiscal general Francisco Babosa dijo que son 60 nuevas imputaciones relacionadas con el caso Odebrecht, de las que informarán el próximo jueves. 

El abogado Mauricio Pava Lugo cuestionó ese panorama. “El fiscal ha anunciado 60 imputaciones. Me queda la duda de si estamos ante un uso expansivo y espectacular de la sobrecriminalización. El derecho penal corporativo busca soluciones más allá de lo punitivo y busca resolver déficits organizacionales. Con independencia de lo que suceda en Colombia, el asunto en Estados Unidos está cerrado”, le dijo a CAMBIO. 

Otra de las preguntas que quedan en el ambiente es: si en los procesos penales colombianos se logra establecer la inocencia de José Elías Melo, a quien Corficolombiana culpó de conocer todos los sobornos, ¿esta decisión repercutiría en el acuerdo que hizo la compañía en Estados Unidos? La respuesta de los exfiscales consultados por CAMBIO coincide: no.

“Yo creo que nada de lo que pase aquí en Colombia impactará en lo que la justicia norteamericana decida, porque allá ya hubo un acuerdo, es decir, allá las partes ya llegaron a un acuerdo. Aquí pueden decir lo que quieran, será la justicia la que determine, pero nada impacta en Estados Unidos”, concluyó Perdomo.

Iguarán agregó: “Hay que hacer una diferenciación muy importante y es que ese material probatorio del proceso contra el señor Melo en Colombia es sustancialmente distinto del material probatorio aportado por Corficolombiana en el acuerdo con la justicia norteamericana; por lo tanto, no tendría ningún efecto la absolución del señor Melo en el acuerdo llegado entre Corficolombiana y el gobierno norteamericano. En segundo lugar, recordemos que es distinta la responsabilidad personal del señor Melo en Colombia, como persona natural, a la responsabilidad penal de la persona jurídica Corficolombiana en los Estados Unidos y el acuerdo al que se llegó. Son realidades procesales completamente distintas”.

Según el relato del acuerdo de aceptación de culpabilidad y colaboración de Corficolombiana ante la justicia norteamericana, en mayo de 2014, José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana e identificado en el acuerdo con el Departamento de Justicia como “Corficolombiana Executive”, se reunió con el misterioso “Colombian Official 3”. En esa reunión, en la que también estaba el jefe de Odebrecht para Colombia de la época, Eleuberto Martorelli, identificado como “Odebrecht Executive 2”, los tres contertulios acordaron el pago de una coima de 3,4 millones de dólares a favor del misterioso “Colombian Official 3”, con el propósito de que asegurara la adición del tramo Ocaña-Gamarra al Contrato de Ruta del Sol 2.

Sobre esa narración, José Elías Melo, quien se encuentra pagando una condena de 11 años por delitos de cohecho e interés indebido en celebración de contratos en la cárcel La Picota, expresó en un comunicado que no está de acuerdo con el trato entre el Grupo Aval y las autoridades de EE.UU., pues limita su derecho a la defensa en Colombia.

 “(...) Yo, como presidente de Corficolombiana, nunca conocí o aprobé ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña-Gamarra, dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol, tramo II, y tampoco participé de ninguna manera en la ejecución de dichos acuerdos ilegales o facilitado mediar mediante mi influencia su ocultamiento” (sic), resumió Melo en su pronunciamiento.