¿Cómo va el Fondo Nacional de Tierras? El Gobierno se defiende ante la Corte Constitucional

Hace dos años, la Corte Constitucional emitió una de las decisiones claves en materia de la tenencia de la tierra en Colombia, que es uno de los problemas históricos y estructurales que enfrenta la nación. Esa decisión emitió múltiples órdenes complejas para poder avanzar en la recuperación de bienes baldíos, recuperar las tierras ilegalmente acaparadas y priorizar departamentos y regiones con mayores cifras de acumulación.

Esta sentencia tocó una falla estructural: que en Colombia el tema de los baldíos es un completo desorden, que no hay un sistema de información único, que no hay un inventario de esos bienes, que hay fallas institucionales, entre otros, que se suman a procesos legales complejos y técnicos. Pasados dos años de la decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional citó a una audiencia pública para que el Gobierno y los organismos de control hicieran un corte de cuentas sobre su avance.

Específicamente, la Corte pidió información sobre la orden 15 de esa sentencia, la SU-288 de 2022. Esta dispuso que el Gobierno y el Congreso hicieran los ajustes normativos y asignaran los ajustes presupuestales para materializar la jurisdicción agraria, el catastro multipropósito, la actualización del sistema de registro, el fondo de tierras para la reforma rural integral y el plan de formalización masiva de la propiedad que son, cabe precisar, componentes del primer punto del acuerdo de paz.

En audiencia pública, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que aún hay graves problemas por falta de recursos y de coordinación institucional y por falta de conocimiento del régimen agrario en Colombia, que tiene múltiples normativas que datan incluso del siglo pasado, y que aun así han sido desatendidos.

Además de la jurisdicción agraria, que ya fue creada por el Congreso y en proceso de reglamentación, la ministra Carvajalino destacó como avance el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos que se hizo por reforma constitucional. También la creación de 12 zonas de reserva campesinas nuevas, que permiten gobernar los baldíos que están en esa zona y que generan un modelo de ocupación sostenible.

La ministra aseveró que como meta del acuerdo de paz está redistribuir 3 millones de hectáreas y formalizar otros 7 millones. Sobre el primer reto, la ministra dijo que el Fondo de Tierras cuenta con 440.472 hectáreas, de las cuales 275.065 se compraron por la vía de la oferta voluntaria. De esas, 191.853 se han adquirido para campesinos y población reincorporada y 83.212 para población étnica. 

Además, Carvajalino dijo que se han formalizado 1.256.871 hectáreas de pequeña y mediada propiedad rural que han beneficiado a 21.203 familias campesinas y al menos 37.929 étnicas. Ahora bien, en la diligencia se hicieron múltiples cuestionamientos sobre estas cifras.

Por ejemplo, la Procuraduría aseguró que el Fondo de Tierras tendría 2,3 millones de hectáreas, que incluirían terrenos sin caracterización adecuada y sin delimitación precisa que indique cuáles están destinados a la adjudicación y cuáles a la formalización. “Bajo un criterio estricto, los predios libres de ocupación representarían apenas un avance de 0.001 por ciento”, dijo la procuradora Margarita Cabello.

Ante las preguntas de los magistrados, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, indicó que esto no es cierto. “Es fundamental desmitificar que el fondo tiene 2,5 millones de hectáreas sin clarificar”, dijo, al explicar que esos registros se han revisado y que del fondo ya salieron 963.000 hectáreas.

“El universo del fondo hoy es de 1,5 millones de hectáreas. De esas, hemos caracterizado 349.000 hectáreas, aproximadamente 25 por ciento del monto total. Es un reto sustancial que el fondo esclarezca la condición en la que están estas hectáreas, incluyendo los registros duplicados (que son de) 14.623 hectáreas”, señaló Harman, quien reconoció la magnitud de la tarea que el Gobierno tiene enfrente y que destacó que en dos años se ha logrado el 85 por ciento de ejecución.

Más problemas

La ministra Carvajalino indicó a la Corte que el mismo Gobierno solicitó la modificación de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz porque se estaban haciendo reportes que no correspondían a la realidad, especialmente frente a la meta de redistribuir 3 millones de hectáreas.

“La Procuraduría General ha solicitado la revisión de indicadores del plan marco de implementación, particularmente de (las metas de) 3 y 7 millones de hectáreas. Entre otras cosas, porque se venían haciendo reportes de cifras que no correspondían a las labores de los gobiernos sobre el Acuerdo de Paz. Particularmente, de registros y adjudicaciones colectivas de hace 20 o 30 años que se estaban contabilizando dentro del Acuerdo de Paz”, dijo.

La ministra dijo que el Gobierno, en consecuencia, pidió la modificación de los indicadores al Departamento Nacional de Planeación para poder tener claridad al respecto. “Al inicio de este Gobierno hubo una diferencia entre la ANT y el ministerio frente a las cifras, lo que concluyó en un contador oficial de las cifras de la reforma agraria”, explicó.

Según Carvajalino, es cierto que la meta de la redistribución de 3 millones de hectáreas está lejos de cumplirse, “lo cierto es que esos 3 millones no se nutren solo de la adquisición directa”, que se volvió a hacer en este Gobierno. “Lo que hoy tenemos es que con adquisición directa, procesos agrarios y donaciones tenemos un total de 450.000 hectáreas en el Fondo de Tierras, lo que, pese a parecer muy lejos de la cifra, es el mayor avance que en el periodo del Acuerdo de Paz se tiene”, dijo.

Ahora, Carvajalino reconoció que el Fondo de Tierras se ha presentado un desorden histórico: “ahí hay bienes que se adjudicaron en 2005, en 2009 o bienes que hoy todavía están en pleito”.

“Ni el fondo de la ANT, ni el fondo del Frisco ni el fondo de la Unidad de Víctimas han tenido una administración adecuada, lo que implica que muchos de los bienes agrarios que deben estar en disposición de la reforma agraria y de las economías campesinas, no lo están, lo que implica un gran esfuerzo que claramente va a superar este Gobierno. Y lo que hemos hecho es dejar esas medidas normativas allí para que puedan ser cumplidas por las siguientes”, agregó al indicar que el Gobierno sí ha cumplido en lo fundamental para avanzar en la reforma agraria.

Con esta información, la Corte Constitucional hará una evaluación del seguimiento de la sentencia.