La fiscal delegada María Cristina Patiño fue protagonista en la semana en la que el presidente Petro puso al país a hablar de la consulta popular por decreto.
De lo que usted no se enteró del escándalo de la UNGRD mientras el país estaba hablando de la consulta
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Mucho pasó en el caso de corrupción de la UNGRD mientras el país debatía sobre la consulta popular por decreto que anunció el presidente Gustavo Petro. La Fiscalía prometió una imputación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla e imputó a otra antigua ficha del presidente. Pero una fuerte carta del principal delator del caso contra la Fiscalía, y una dura respuesta de la entidad abrieron un debate sobre el futuro de las investigaciones contra los otros presuntos implicados. CAMBIO les cuenta.
Por: Ana María Cuesta
En la noche de 3 de junio y tras un festivo de descanso para un grueso de los trabajadores, el presidente de la República Gustavo Petro formalizó su intención de convocar a una consulta popular por decreto sobre aspectos de las reformas laboral y de salud que su Gobierno promueve.
“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo. No tenemos mucho tiempo”, expresó el primer mandatario semanas después de que la plenaria del Senado sepultara con un concepto desfavorable la primera convocatoria a la consulta que él había propuesto.
Más temprano ese mismo martes, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, ofreció una rueda de prensa en el búnker de la Fiscalía para pronunciarse sobre la orden de captura dictada en su contra por el Ministerio Público de Guatemala, por supuestas gestiones irregulares con Odebrecht que le atribuyen a ella y a su exjefe en la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano.
En esa rueda de prensa se develaron aspectos llamativos del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Primero, la fiscal que lidera las investigaciones, María Cristina Patiño, anunció que imputarán al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, pero ello solo sucederá cuando un juez de la república avale un principio de oportunidad que el ente acusador está pactando con su presunta cómplice, su exasesora María Alejandra Benavides.
Y segundo, la fiscal Patiño dejó entrever una tensión con Olmedo López, el corrupto exdirector de la UNGRD, que cayó preso desde septiembre del año pasado tras sus confesiones y que la semana pasada dijo en una dura carta que la Fiscalía lo ha dejado solo y le ha conseguido mejores beneficios a otros implicados que llegaron de último tras su delación.
El miércoles, cuando el país político y jurídico amaneció hablando sobre la presunta extralimitación de Petro y las voces de un golpe de Estado por su consulta por decreto, la Fiscalía formuló imputación contra su excompañero en la Alianza Democrática M-19 y en el Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, por presuntos actos de corrupción en el caso UNGRD.
Y el viernes, por si fuera poco, y por el mismo escándalo, la fiscal Patiño también pidió cárcel preventiva para Carlos Ramón González, exM-19 y antigua mano derecha del presidente Petro en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Con la particularidad de que González salió del país y ninguna autoridad conoce de su paradero.
¿La tensión entre Olmedo y la Fiscalía trae riesgos para la investigación?
El pasado 29 de mayo, el exdirector de la UNGRD Olmedo López, quien en 2024 y antes de acudir a la Fiscalía a confesar sus delitos los confesó ante los medios de comunicación, le envió una dura carta a la fiscal Patiño indicando que la Fiscalía lo dejó completamente solo siendo él el principal testigo con el que contarían en este momento.
La molestia de López se dio porque la Fiscalía no apeló directamente la decisión de un juez que, a mediados de mayo, rechazó un preacuerdo que él había pactado con el ente acusador y con el que esperaba recibir una condena de seis años y dos meses de cárcel, por una rebaja del 40 por ciento, por toda su participación en el desfalco de la entidad. “La pena es irrisoria”, consideró ese juez.
“Hoy, con profundo dolor, debo decir que me encuentro en un estado de indefensión jurídica, personal y familiar. Y lo más angustiante es que, mientras yo camino bajo amenaza constante, otros actores procesales que llegaron después, motivados por las verdades que yo revelé, gozan de beneficios superiores, principios de oportunidad en trámite y preacuerdos validados por el mismo sistema que hoy me niega esas garantías”, dice la carta de López en una clara referencia a otros testigos como María Alejandra Benavides, quien tramita un principio de oportunidad con la fiscal Patiño por su colaboración para delatar a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Precisamente, la fiscal Patiño le respondió el martes a Olmedo que no se haga la víctima y que firme la matriz que lo convertirá oficialmente en testigo contra otras personas.
“Él es un victimario y además un victimario confeso (…) desde marzo está dispuesta la matriz de colaboración para la firma del señor Olmedo López y a la fecha no ha firmado. Estamos esperando que la firme. Entonces no entiendo por qué se queja de la falta de apoyo de la Fiscalía cuando él tampoco ha cumplido con sus compromisos (…) no es cierto que él sea testigo nuestro. Porque es testigo de la Fiscalía cuando él firme la matriz del principio de oportunidad, que no ha hecho, y un juez de control de garantías lo avale”, puntualizó la fiscal.
CAMBIO conoció que la actuación de la Fiscalía que no respaldó a López cuando el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá rechazó su preacuerdo lo ha alejado de la firma de la matriz de colaboración a la que se refiere la fiscal. Su firma en este momento dependería, en parte, de que ese preacuerdo, que será revisado en una segunda instancia por el Tribunal de Bogotá, prospere a su favor, o de que la Fiscalía lo retire y presente uno nuevo.
Pero López dejó entrever otro asunto. En su fuerte carta dijo que el rechazo de su preacuerdo abría una puerta para “la impunidad de quienes orquestaron la corrupción desde los más altos cargos". "¿Qué pasará con los procesos en curso contra ministros, congresistas, directores de entidades, y contratistas de élite, si se desacredita o desvaloriza el testimonio que los sustentó?”, se preguntó.
Si el exdirector de la UNGRD no firma la matriz de colaboración con la Fiscalía, los testimonios y las pruebas que entregó durante diez días de interrogatorio en los que salpicó a decenas de personas no podrán utilizarse en las investigaciones que se abrieron contra todo el que él acusó.
Pero el castillo de naipes no colapsaría en caso de que él no se comprometa como testigo formal y en caso de que no pueda usarse su extenso interrogatorio. Penalistas consultados por CAMBIO advierten que la Fiscalía podría usar todas las otras pruebas que han revelado los medios de comunicación y todo lo que el mismo Olmedo dijo en las entrevistas que concedió.
La imputación al exministro Bonilla que depende de un principio de oportunidad
El mismo martes de la semana que pasó, la fiscal Patiño anunció que próximamente será imputado el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos por, presuntamente, haber comprometido millonarios cupos indicativos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar) para cinco congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que votaron positivamente operaciones de crédito, solicitadas por el Gobierno.
En este proceso, Bonilla aparece como el presunto cómplice de su exasesora y antigua enlace con el Congreso María Alejandra Benavides, quien acudió a la Fiscalía a finales del año pasado para delatarlo a él, durante cuatro días de interrogatorio, en búsqueda de beneficios jurídicos.
Lo curioso de la imputación contra Bonilla es que solo se produciría si un juez avala el principio de oportunidad que la fiscal Patiño le concedió a Benavides. La fiscal explicó que necesitan “asegurar a la testigo” pues sin ese aval del juez no pueden usar todo lo que la exasesora contó y entregó (las tablas de cupos indicativos supuestamente tramitados en el ministerio y sus conversaciones). Situación que se suma a la incertidumbre por la ausencia de la firma de Olmedo López, otro de los delatores de Bonilla, en la matriz de colaboración.
La imputación a Manrique Soacha, en suspenso
El 4 de junio se instaló una audiencia de imputación contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública del Gobierno de Petro, que en el mes de abril fue condenado por un juez por irregularidades en la adquisición de unas motos eléctricas de cuando gerenció el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito en la Alcaldía del hoy presidente de la república.
La imputación de Manrique por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos quedó en suspenso por un pedido de su defensa para que su imputación se adelante ante el Tribunal Superior de Bogotá, y no en un juzgado, invocando un supuesto fuero. La situación deberá ser zanjada por la Corte Suprema.
El ente acusador señala a Manrique como uno de los líderes de todo este entramado criminal que, junto con Olmedo López y Luis Carlos Barreto (su ahijado político y también exsubdirector de la UNGRD), cometieron maniobras ilícitas para hacerse con 100.000 millones de pesos de un convenio que se firmó con la Agencia Nacional de Tierras para poder pactar contratos a cambio de coimas.
Este miércoles lo señalaron de quedarse con 3.000 millones de pesos en efectivo “producto de la coima solicitada y derivada del contrato celebrado por la UNGRD con la corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques pequeños" para La Guajira. La plata del contrato, que eran 5.060 millones, se entregó a una cuenta de la abogada Ana María Riveros y ella retiró en un centro comercial el monto del soborno y se la entregó en maletas a Barreto.
La cárcel preventiva para Carlos Ramón González
Este viernes la fiscal Patiño solicitó medida de aseguramiento preventiva contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Carlos Ramón González, quien recientemente fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado a favor de terceros y lavado de activos.
González es señalado como el presunto determinador, es decir, como quien indujo a Olmedo López y a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz (también presa) para que entregaran millonarias coimas a los expresidentes del Senado Iván Name y al de la Cámara Andrés Calle (también presos), con el fin de que respaldaran a finales de 2023 el trámite de las reformas pensional y de salud.
La fiscal Patiño reveló en audiencia que González no le informó a la Fiscalía de su salida del país ni le ha informado de su regreso. “No quiere que la administración de justicia tenga conocimiento de su ubicación material”, expresó.
Patiño agregó que se supo que González había viajado en noviembre del año pasado a Costa Rica y reveló que, de un rastreo de las conexiones de la audiencia virtual de imputación de cargos en su contra, se presume que su última ubicación es Managua, Nicaragua. “Puede estar ubicado en Nicaragua y no en el norte de Bogotá donde dijo tener su arraigo”, manifestó la fiscal. La cárcel para González se decidirá el próximo 17 de junio.
Definitivamente la semana en que el presidente Gustavo Petro puso al país a hablar de su consulta popular por decreto se movieron considerables fichas del escándalo de corrupción, que en este momento compromete a al menos diez de sus antiguos alfiles en el Gobierno.
