El bloqueo de los vehículos de la JEP fue responsabilidad del contratista que mostró su "poder mafioso": director de la UNP

En entrevista exclusiva con CAMBIO, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, se despachó contra Neostar Seguridad de Colombia Ltda, la mayor contratista de la entidad en alquiler de vehículos. Dijo que el bloqueo satelital de los carros asignados a la JEP es responsabilidad de esa empresa y que lo hicieron para mostrar su “poder mafioso”, propio de la cartelización que tienen los contratistas de la entidad.

Rodríguez aceptó que perdió una primera batalla porque, en los próximos días, deberán quitarle la inhabilidad que le impusieron a Neostar y volver a darle los contratos más importantes. Sin embargo, advierte que continuará su lucha para tumbar el monopolio.

Según Rodríguez, la cartelización de los contratistas no es para ganar las licitaciones sino para que esos procesos sean declarados desiertos lo que conlleva a que se les den los contratos a los mismos, de manera directa.

El director de la UNP anunció que pondrá en alerta a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Vigilancia porque se están presentando fenómenos de prácticas restrictivas de la competencia de “carteles poderosos enfrentados por controlar el mercado de todos los vehículos blindados”. Además, pidió que la justicia actúe.

CAMBIO: ¿Por qué bloquearon satelitalmente los vehículos de la JEP y de quién es la responsabilidad?

Augusto Rodríguez: Esto tiene un contexto importante. Todo se deriva de dos sanciones que le impusimos a Neostar por no cumplir con los requisitos de los contratos, por ejemplo, por vehículos con falsos blindajes o sin blindajes. Quiere decir que, aunque se había ganado tres grupos geográficos muy importantes, en noviembre de este año quedó inhabilitado durante tres años para contratar con el Estado y, en teoría, quedaba por fuera de la UNP.

Entonces, el señor dueño de esta empresa, al sentirse sancionado y como declaramos desiertos esos tres grupos que se había ganado, hace el apagado de los carros para mostrar “su poder mafioso” propio de los carteles. Y aunque el contrato con la JEP lo tiene la empresa Alliance Security Rent, de propiedad de la familia del prófugo Jorge Arturo Moreno Ojeda, el dueño de Neostar logró que, en tiempo récord y antes de vacancia judicial, el Juzgado 37 Civil del Circuito embargara los vehículos de esa empresa por una deuda que tienen con ellos (Neostar), en un negocio ajeno a la UNP.

Neostar dijo, listo, como tengo la operación, apago los vehículos. Esos carros van a hacer retenidos por orden judicial, y lo hizo justamente en vacancia judicial, pero por ahora están embargados, no han sido aprendidos. Aquí hay un monopolio.

CAMBIO: ¿Cuántos fueron apagados irregularmente?

A.R.: La prestación del servicio de vehículos de la UNP en el país se divide en once grupos. El grupo número diez es el que está adjudicado a Alliance Security Rent, que son los que prestan el servicio en la JEP, son 213 vehículos ahí. El apagón se hizo a los 213 vehículos, para que la JEP diera el brinco y se notara. Fueron cerca de dos horas de apagón.

CAMBIO: ¿Cuál era el objetivo del apagón? 

A.R.: Es una muestra de desafío de poder. Dijeron le vamos a apagar los vehículos a una de las de las ramas más importantes, a la justicia, a ver qué cara ponen, a ver cómo reaccionamos. Saben que inmediatamente vamos a hacer llamados y que los ojos se van a poner sobre nosotros.

Sin embargo, estamos dispuestos a seguir luchando contra esta serie de acciones que vienen desde la mafia y desde las oscuridades de las conciencias de empresas y de empresarios que solamente piensan en enriquecerse, olvidándose de que los elementos con los que están traficando son los que se requieren para la protección de la vida de los ciudadanos.

Avanzan también en imponerse de mediante la captura de las diferentes instancias -inclusive- la justicia para poder continuar con el negocio. Nosotros vamos a dar la lucha y la estamos dando, seguimos sancionando cada vez que sea necesario. 

CAMBIO: ¿No reconoce negligencia de la UNP en ese episodio? 

A.R.: No. Incluso si se hubiese tratado de dejar de prestar el servicio por la terminación del contrato de Neostar, que culminó el día del apagón de los vehículos de la JEP, cada contrato contempla un periodo de empalme. La norma es clara en el sentido de que para los casos del periodo de empalme y transición, el contratista debe garantizar que no se interrumpa ni se afecte la prestación del servicio. Nosotros no podemos tener, ni un solo día, a los usuarios sin la protección. 

CAMBIO: ¿Neostar logró algo con el bloqueo de los vehículos?

A.R.: Aquí hay un monopolio. Nosotros tenemos la obligación de garantizar la vida de las personas protegidas por la UNP, es decir, tenemos que garantizar que haya vehículos. Nos vimos obligados, por la fuerza de las circunstancias, a revocar unas sanciones a Neostar y eso, desafortunadamente, habilita a la empresa para prestar el servicio.

Entonces, lo que hacen es forzar a la UNP, de manera mafiosa, a que se revoque la inhabilidad porque controlan de manera ilegal la mayoría de los vehículos, en más de un 65 %. Estos carteles tienen una fuerza tan grande que logran mediante argucias imponerse en la contratación.

Eso sí, quedó plenamente demostrado que los carros los tiene él, no solo los que nos tiene arrendados directamente sino los que mediante una maniobra logró embargarle a Alliance Security Rent, que tiene el contrato de vehículos en la JEP.

CAMBIO: ¿Qué tan importante es Neostar para la UNP?

A.R.: Nosotros contratamos once grupos en toda la geografía. De siete licitaciones, once han sido declaradas desiertas. De esas siete, tres correspondían a Neostar. En números significa que 2.128 vehículos resultaban desiertos de un total de 3.256 vehículos. Es decir, cerca del 70% de los vehículos están desiertos y nos lleva a una situación en que la fuerza del cartel nos obliga a contratar a los mismos mediante la figura de contratación directa o urgencia manifiesta. 

CAMBIO: ¿Cuáles son los carteles?

A.R.: El cartel en el tema de alquiler de vehículos lo lidera Neostar y el cartel en el servicio de escoltas lo maneja el prófugo Jorge Arturo Moreno Ojeda, a través de las empresas de sus familiares.

CAMBIO: ¿Cómo es posible que se siga contratando entonces con las empresas de Moreno Ojeda?

A.R.: Primero decirle que los carteles, ese ese poder mafioso que ostentan, es fácil de detectar. En los distintos gobiernos hay familiares de ellos, montan empresas, cambian el nombre de las empresas, hacen uniones temporales y se camuflan. Cada vez que llegamos a un proceso de licitación uno encuentra una cantidad de nombres raros, que han mutado, se asocian de una manera u otra y continua. Eso les facilita burlar la justicia. 

CAMBIO: ¿Cómo está operando el cartel?

A.R.: Lo que nosotros queremos denunciar es que estos grupos están cartelizados, que manejan y controlan los vehículos de manera directa o indirecta, que se han propuesto arrodillar al gobierno, pero el gobierno no lo va a permitir.

Hay varios grupos de la licitación que fueron declarados desiertos porque el proponente resultó inhabilitado que es el caso de Neoestar, pero también hay otros que resultaron desiertos porque no se presentó propuesta. Quiere decir que los empresarios han hecho una especie de colusión para hacer que estos grupos resulten desiertos.

En este caso, la colusión no es para que uno se gane la licitación sino para que el proceso de licitación se declare desierto y entonces, la entidad se ve obligada a contratar con los actuales, mediante urgencia manifiesta o contratación directa. Nos toca quedarnos con los vehículos viejos que hoy tenemos.

CAMBIO: Desde hace un año ha venido denunciando esa cartelización que no ha podido acabar. En el caso de Neostar, por ejemplo, lo había inhabilitado y ahora le va a tocar quitarle las sanciones, habilitarlo para contratar con el Estado y entregarle los tres contratos que se había ganado. ¿siente que perdió la batalla?

A.R:  No vemos la batalla perdida, nosotros sabemos que debemos adquirir vehículos. La UNP debe comprar los propios vehículos. Compramos los primeros 54 vehículos, hicimos segundo intento de comprar, nos fuimos a subasta inversa y nadie se presentó, luego nos dimos cuenta que las empresas se habían puesto de acuerdo para no presentarse.

El Ministerio de Defensa hizo un concurso para adquirir vehículos y también salió desierto. Es claro lo que está pasando. Nosotros hemos hecho todo tipo de denuncias sobre el tema, pero, lamentablemente, no hemos logrado encontrar el eco y el acompañamiento de la Fiscalía. De todo lo que hemos denunciado, solamente hubo resultados en un proceso en el que capturaron al exsubdirector de Protección, el señor Ronald Rodríguez. No hemos encontrado ningún tipo de apoyo o de acción de la Fiscalía, nos sentimos solos en esta lucha.

CAMBIO: ¿Cree que los tentáculos de lo que usted llama carteles llegan a la Fiscalía?

A.R.: Pues es muy curioso que tantas denuncias y ningún proceso avance. Los procesos terminan adormilados, los investigadores que arrancan a trabajar son cambiados. Luego los procesos son engavetados y nada más pasa… 

CAMBIO: Y entonces, teniendo en cuenta ese escenario, ¿qué piensa hacer para acabar con la presunta cartelización?

A.R.: Con el actual escenario pensamos que la Unidad Nacional de Protección debe buscar que, si hay embargo de vehículos, podamos llegar a convertirnos en el secuestre de los mismos.

Por otro lado, vamos a actuar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Superintendencia de Vigilancia porque se están presentando fenómenos de prácticas restrictivas de la competencia, carteles poderosos enfrentados que son controlan el mercado de todos los vehículos blindados.

Esas prácticas son restrictivas de la competencia y sabemos que hay normas que las elevan a la calidad de delictivas y también, hay abuso de la posición dominante. Pues estaremos ahí y lo que encontremos en materia penal, pues seguiremos denunciando en la Fiscalía a la espera de que algún día haya algún cambio en la mentalidad de su cúpula.

¿Qué dice Neosecurity sobre el apagón de los carros de la JEP?

Por otra parte, CAMBIO habló con Alan Perlman, representante legal de Neosecurity y negó estar detrás del bloqueo de los vehículos asignados a magistrados y personal de la JEP.

“Si bien es cierto que mi empresa opera varios vehículos, la empresa que tiene el contrato actualmente con la JEP y los convenios interadministrativos es Alliance Rent, de los señores Moreno. Esa empresa, debido a unas deudas de los periodos de empalme y transición, ha tenido una orden de embargo y secuestro de los vehículos. Ellos tienen una deuda con mi empresa de 2.000 millones de pesos. En ningún momento mi representada ha ejercido presión. De existir una versión en ese sentido se instaurará la respectiva acción penal contra la persona que haya dicho eso”, dijo.

La justicia deberá determinar si existe tal concierto entre las empresas de vehículos para ganarse siempre la contratación de la UNP.