Andrés Villamizar y los generales Rodolfo Palomino y Óscar Atehortúa, salpicados en el carrusel de contratos de carros blindados
General Rodolfo Palomino; exdirector de la UNP, Andrés Villamizar, y general Óscar Atehortúa.
Crédito: Suministrada
Según la fiscal del caso, Angélica Monsalve, dos particulares, representantes de empresas de vehículos, recibían información privilegiada para quedarse con los contratos a cambio de prebendas.
Por: Sylvia Charry
Este viernes 7 de octubre la Fiscalía les imputó cargos a Martín Ricardo Manjarrez, representante legal de M&M Group S.A. (que ahora opera bajo el nombre 7M Group), apoderado de Suzuki Motor de Colombia S.A., y distribuidor autorizado para Colombia de Renault Truck Defense; y a Yonn Jairo García Rivera, gerente de M&M Group S.A. y apoderado de Suzuki Motor de Colombia S.A., por concertar con funcionarios públicos para que –presume la Fiscalía– les filtraran información sobre condiciones y especificaciones técnicas de futuras contrataciones de la Policía, la Fiscalía y la UNP, con el fin de que se las ganaran. A cambio, la Fiscalía sospecha que los imputados les daban jugosas prebendas a los funcionarios.
Según la Fiscalía, entre 2013, 2014 y 2015 estos dos hombres se valieron de las poderosas amistades que tenían con funcionarios de esas entidades para ser beneficiarios de la contratación. Algunos de los altos funcionarios mencionados son el exdirector de la UNP Andrés Villamizar; el jefe de transporte de la Fiscalía, Jhon Henry Porras, y los exgenerales de la Policía Rodolfo Palomino y Óscar Atehortúa.
Para profundizar
Según Angélica Monsalve, fiscal del caso, los imputados Manjarrez y García no solo fungieron como intermediarios de sus empresas, sino de las empresas Toyota-Redes (Distoyota SAS y Toyota de Colombia), y de los concesionarios Autoyota, Toyonorte y Yokomotor; Sofasa Renault, Hyundai Car, Hyundai de Colombia S.A., Renault Truck Defense, Suzuki motos, y las compañías blindadoras Blindex S.A., Blinsecurity Limitada, GMW Sucurity y Kobe Motors, una empresa especializada en adaptación vehicular, además de ser proveedora de repuestos y accesorios.
Con la información privilegiada que tenían de futuras licitaciones u ofertas, les proponían a las mencionadas sociedades presentarse en consorcios, asegurándoles que serían adjudicatarios. Estos aceptaban, dijo la fiscal, a sabiendas del entramado de corrupción.
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“Ustedes se concertaron con los gerentes de las empresas contratistas, quienes les suministraban los vehículos de acuerdo con las necesidades de entidades, acordando y unificando precios de venta, disminuyendo y aumentando precios, con el objetivo de eliminar competencia y la libertad de mercado, asegurando la contratación”, aseveró lafiscal Monsalve.
A cambio de la información que recibían sobre las condiciones contractuales y las especificaciones técnicas de los contratos, Manjarrez y García entregaban dineros a algunos funcionarios y patrocinaban agasajos y despedidas de oficiales, entregando regalos como cuadros o pinturas, anchetas, whisky, agendas, calendarios, entradas a conciertos de Silvestre Dangond.
Sobre la UNP, la fiscal Monsalve dijo que Manjarrez y García tenían contactos con el entonces director, Andrés Villamizar; su secretario general, Julián Marulanda, y con Wilson Javier Devia, Ronald Rodríguez, Diana Carolina Rodríguez y Tanía Trujillo, quienes los favorecían con la información referente a los futuros contratos. A cambio –dijo la fiscal– Villamizar y Marulanda obtenían comisiones reflejadas en dinero y en regalos, como vehículos.
Monsalve dijo que los imputados mantenían contacto con el jefe de transporte de la Fiscalía, Jhon Henry Porras; y con los funcionarios Harold Rodríguez y Luis Lizarazo, quienes les proporcionaban información de estudios previos y fichas técnicas, antes de ser publicadas, para que se vieran beneficiados.
El listado de funcionarios de la Policía presuntamente involucrados en el entramado de corrupción es aún mayor. Dijo la fiscal Monsalve que los imputados mantenían contacto con el general Óscar Atehortúa; el general Rodolfo Palomino; el coronel Henry Yesid Bello, y el capitán Luis Espinosa, quien manejaba las fichas técnicas de los vehículos que iban a adquirir e incluso renunció a la Policía para irse a trabajar con el imputado Manjarrez.
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“Mantiene relación con la teniente Jessica Marlen Godoy; el coronel Silva; el coronel Jorge Palomino; el coronel Peláez; el intendente José Ovidio García; el coronel Albeiro Ruiz, exdirector de Bienestar del Fondo Rotatorio de la Policía y quien en nombre de la general Luz Marina Bustos, le solicitó a Manjarrez que financiara una campaña para la carrera de la mujer, en relación a unas camisetas, en noviembre de 2014 y Manjarrez le ofrece financiar la campaña; le ofrece una moto al coronel Peláez, del Fondo Rotatorio y reparte ganancias, producto de las contrataciones, con el coronel Peláez; también, le ofrece cascos para motos, anchetas, le paga comisiones al coronel Humberto Alejandro Mesa y al coronel John Carlos Roa; le ofrece motos al coronel Henry Bello, al coronel Jhon Carlos Roa y al coronel Silva y todo, a cambio de que lo favorezcan con las contrataciones presentes y futuras de la Policía Nacional, bien sea a través de Fondo Rotatorio, como de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad”, narró la fiscal.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó cargos por delitos asociados con la corrupción, como concierto para delinquir, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, entre otros. Manjarrez y García se declararon inocentes, lo cual quiere decir que el caso deberá ser probado en juicio.