El CNE está a un voto de sancionar al Partido Liberal y ordenarle hacer una convención

En medio de las gestiones del Gobierno Petro para reconstruir la coalición en el Congreso antes del inicio de la próxima legislatura, una de las batallas más álgidas la libra en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El tribunal tiene en sus manos la decisión de ordenarle o no al Partido Liberal realizar su convención nacional, lo que, a la larga, produciría la salida de César Gaviria de la dirección del partido. 

El expresidente no ha perdido oportunidad en las últimas semanas para manifestar su molestia por lo que el considera una presión del Gobierno al CNE para que la sanción prospere, con el objetivo de que salga del poder y le abra la posibilidad a un liberal "progresista" de que tome la dirección del partido y se pliegue al Ejecutivo por lo menos durante el próximo año. 

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“Ninguna autoridad administrativa o judicial puede obligar a un partido político a modificar sus estatutos ni a convocar órganos para ajustar sus estatutos”, dijo Gaviria. 

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Gaviria también ha expresado que el CNE es una institución "tradicionalmente corrupta" y cree firmemente que en las razones para sancionar al partido político más antiguo del país están motivaciones que van más allá de lo jurídico. La postura de Gaviria y el departamento jurídico liberal se basan en que la magistrada Fabiola Márquez, autora de la ponencia para obligar a la convención, representa al Pacto Histórico, y, por lo tanto, los intereses de la Casa de Nariño de provocar un relevo en las toldas rojas.

Esta disputa ha representado un palo en la rueda para el ministro Luis Fernando Velasco, que tiene la misión de evitar que los liberales se vayan a la independencia. Velasco ha sido uno de los militantes del Partido Liberal con más tradición de respaldo a Petro; y su designación, en reemplazo de Alfonso Prada, fue un guiño a los liberales rebeldes que se la jugaron por salvar los proyectos de ley del Gobierno.

La última señal de Gaviria a Petro sobre su intención de romper relaciones fue la llamada que le hizo a Germán Vargas Lleras hace dos semanas, buscando gestar una coalición de oposición con Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Conservador. 

El Partido Liberal ha echado mano de varias estrategias para dilatar la decisión final, que inicialmente debió haber sido tomada hace más dos meses. Primero, el magistrado Benjamín Ortiz solicitó que se repartiera el expediente entre los magistrados para analizarlo nuevamente; luego, el departamento jurídico de esa colectividad recusó a Fabiola Márquez. Esa jugada le dio dos semanas más de plazo a los liberales.

La magistrada Márquez desestimó la recusación. Por orden alfabético, quedó en manos de Maritza Martínez determinar si lo decidido por Márquez es procedente o no. La determinación final sobre la recusación se tomará en los próximos días. Aunque la magistrada Martínez es cuota del Partido de la U, es muy probable que le dé la razón a Márquez y no al Partido Liberal, pues correría el riesgo de sentar un precedente peligroso para las futuras decisiones del CNE y de cada magistrado.

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Cuando Martínez se pronuncie y la recusación se hunda definitivamente, la ponencia para sancionar al Partido Liberal llegará a la sala plena del CNE, en donde se tendrá que votar, pero ahí aparece el otro problema para que el caso avance. Originalmente la sala plena del CNE tiene diez magistrados, de los cuales solo nueve cuentan con voz y voto. El representante del partido Comunes no puede participar de las decisiones. Sin embargo, la suspensión temporal de la elección del magistrado Altus Baquero por parte del Consejo de Estado dejó el número de magistrados en ocho. Aunque hay mayoría a favor de sancionar a los liberales, representada en cinco magistrados, no alcanza a conformar la mayoría calificada, situada en seis votos. César Lorduy, Maritza Martínez y Benjamín Ortiz son los votos firmes para salvar al partido de César Gaviria de la convención.

Para resolver la situación se tendrá que nombrar a un conjuez, es decir, un magistrado transitorio, para que vote la ponencia. Actualmente hay 17 conjueces en el CNE preparados para atender empates o dirimir conflictos de interés; y el que tenga que pasar a la sala plena será escogido por sorteo. En esa lista hay perfiles de corte académico, como los de María Andrea Calero y Alejandro Felipe Sánchez; otros de carácter más político, como los de Ignacio Castro Monsalve y Marco Fidel Rodríguez (Partido Conservador), y algunos intermedios, como el de Alberto Rojas Ríos, cercano al Partido Liberal.

Entre la escogencia del conjuez, el análisis del expediente, la ponencia y la convocatoria a una nueva sesión de la sala plena del CNE puede pasar un mes más. Si el Partido Liberal es sancionado, podrá apelar la decisión dentro de los diez días hábiles siguientes al fallo. El tribunal electoral tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder. Es decir, la incertidumbre por el rumbo del partido de César Gaviria, de cara a las elecciones regionales, se prolongaría al menos hasta septiembre. De aquí a allá se sabrá si la distancia entre Petro y el expresidente se agranda o se recorta por la vía de los acuerdos políticos o burocráticos.