Los líos jurídicos que llegan con el 'decretazo' de la consulta popular
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a la consulta popular sobre asuntos laborales para los colombianos. Su emisión genera varios retos institucionales y jurídicos que van desde un debate técnico sobre su revisión, hasta la posible responsabilidad penal de los ministros que lo firmaron. Les explicamos.
No importaron las advertencias. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto sobre temas laborales, a pesar de que el Senado de la República sesionó y emitió un concepto desfavorable para ello el pasado 14 de mayo.
Múltiples sectores políticos, académicos y jurídicos le dijeron al jefe de Estado que no lo hiciera porque el decreto es inconstitucional y la actuación del presidente puede ser considerada como “absolutista” y porque además genera un ruido político innecesario y un complejo debate judicial que se podría evitar y que desvía la atención del propósito de fondo: la reforma laboral.
CAMBIO les explica los alcances del reto jurídico que se le viene al país ahora que el decreto vio la luz. Hay varias aristas en este escenario, desde su argumentación, hasta la pregunta de quién debe revisarlo y las consecuencias penales para los ministros que lo firmaron.
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