El detrimento patrimonial de 8.975 millones de pesos en la Supernotariado por aplicativo que nunca funcionó

Hace siete años, la Superintendencia de Notariado y Registro firmó un contrato por 26.575 millones de pesos con el objetivo de modernizarse en términos tecnológicos a través de un sistema de información para los macroprocesos de técnica registral, protección, restitución y formalización de tierras, entre otros. Hoy la entidad no cuenta con el software prometido, pero sí carga con un detrimento patrimonial por 8.975 millones de pesos, según la Contraloría General de la República.

El contrato fue adjudicado en su momento a Unión Temporal Super Data, conformada por Supercom y Data Tools. Esta última es propiedad de Francisco Javier Ríos Velilla, investigado por presuntas irregularidades en la contratación del sistema de recaudo en TransMilenio. Dentro de la ejecución, Superdata solicitó al menos cuatro prórrogas, una de ellas concedida por 14 meses. Adicionalmente, el contrato se suspendió por nueve meses.

El compromiso inicial incluía un plazo de 18 meses y una ejecución de ocho fases (de la cero a la siete), que iban desde la entrega del código fuente y licencias de uso hasta el funcionamiento total de la aplicación, pero el contratista la entregó incompleta: solo llegó hasta la fase dos y la fase tres, que debía concluir después del acta de liquidación. Según la Contraloría, se habría causado una posible incidencia disciplinaria por la compensación y no sanción del incumplimiento en dicha fase. 

En junio de 2022 la Superintendencia de Notariado y Registro era liderada por Goethny Fernanda García. Su administración decidió liquidar por mutuo acuerdo el contrato con UT Super Data. Si bien una liquidación busca verificar el cumplimiento de las partes y lograr un paz y salvo, la administración de la entonces superintendente García aprobó una liquidación donde aceptó pagarle al contratista 5.315 millones de pesos por una fase inconclusa. La misma acta reconocía esa fase inconclusa al avalar más de 120 actividades para ejecutar posteriormente.

En concepto de la Contraloría, la Superintendencia de Notariado y Registro no atendió los principios de economía, si se tiene en cuenta que los recursos públicos invertidos y el tiempo transcurrido no conllevaron a satisfacer el objeto contratado. También se hizo caso omiso a la eficacia y la eficiencia, dado que los objetivos específicos y las actividades del contrato no se cumplieron dentro de los términos en que fueron programados y la inversión de los recursos no generó un beneficio para la entidad.