El empeño de Álvaro Leyva por que Macaco sea aceptado en la JEP

El pasado 17 de agosto, el canciller Álvaro Leyva lideró el “Encuentro por la verdad para la no repetición”. La actividad se celebró en el Centro de Memoria, en Bogotá. A ella asistieron algunos miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y funcionarios de la Cancillería. La Unidad para las Víctimas, entidad encargada de buscar el acercamiento entre el Estado y los afectados por el conflicto, no asistió. A todas luces, se trató de un evento promovido por la Cancillería en solitario.

Allí, el exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, manifestó su intención de colaborar con la verdad e hizo revelaciones de un presunto plan para asesinar al canciller Leyva y al presidente Gustavo Petro. También describió un plan que se habría urdido en el pasado para perseguir judicialmente al ahora presidente. Dicho plan, dijo Macaco, contaba con la participación de miembros del cartel de la toga; y mencionó los nombres del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y del exfiscal general Néstor Humberto Martínez Neira.

Macaco, quien ha sido descrito como un narco puro que logró colarse en las Autodefensas, inició su actividad delictiva de la mano de Hernando Gómez, alias Rasguño, que luego adquirió una franquicia en las AUC de manos del desaparecido Vicente Castaño, tal y como lo habrían hecho otros narcos.

Alias Macaco leyó con dificultad un documento impecablemente escrito en el que manifestaba su intención de aportar a la verdad. Por momentos, se detuvo con voz entrecortada para mencionar a familiares suyos que habían muerto mientras él estaba en prisión.

El encuentro, cuyo fin era enviarle un mensaje a la JEP para que admitiera a Macaco, se tornó casi en un asunto de Estado. Apenas terminó, el canciller envió un mensaje por WhatsApp a los embajadores colombianos en el extranjero para que vieran el video con detenimiento y redactaran comunicados de prensa para dar a conocer el hecho en todos los países donde Colombia tiene presencia diplomática.

En ese mismo encuentro, cuyo contenido debía ser difundido a los cuatro vientos por los diplomáticos colombianos, el canciller Álvaro Leyva enfiló baterías contra la JEP. “La JEP ha recurrido a una serie de coladeras que han impedido que la verdad total llegue a los magistrados a quienes les compete recoger la verdad”, aseguró. La molestia de Leyva con el tribunal radica en la resistencia de la JEP a admitir paramilitares. Magistrados del tribunal aseguran que el canciller les ha hecho saber que el caso de Macaco tiene para él una importancia especial.

Dos meses después del encuentro en el que Macaco hizo las difundidas revelaciones, el canciller Leyva volvió a increpar a la JEP. Esta vez lo hizo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “La institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, más concretamente la Jurisdicción Especial para la Paz, se esté descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”. 

Una semana después, el presidente Gustavo Petro le envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que reiteró el compromiso de su gobierno de respetar los acuerdos de paz firmados con las extintas Farc.

Pero en dicha misiva el presidente también hizo críticas a la función que la JEP venía desempeñando: “Deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía cuando haya lugar a ella en los términos pactados y al tenor del articulo 6(5) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Por ningún motivo podrá limitar o condicionar la JEP el derecho a la verdad (...) El esquivarlo o eludirlo conllevaría responsabilidades”.

La situación generó tal impacto en la JEP, que su presidente, el magistrado Roberto Carlos Vidal, le solicitó una reunión al presidente Gustavo Petro. Dicha reunión se llevó a cabo hace un mes. La que en su momento podía ser tomada como una postura “excéntrica” por parte del canciller Leyva tenía el respaldo del presidente Petro. En la reunión, el mandatario confirmó su parecer de que algunos paramilitares tienen una verdad que debe ser conocida por el país. Pero fue insistente en el caso de Macaco, y demostró especial interés en que el exparamilitar declarara sobre el plan para atentar contra su vida y la del canciller, así como la supuesta estrategia de perseguirlo judicialmente.

¿Por qué se resiste la JEP?

Las declaraciones hechas por paramilitares como Macaco tendrían un gran impacto en el mundo político, pero los magistrados de la JEP no juegan en dicho mundo. La principal razón para no acoger a miembros de estructuras paramilitares es porque estos no fueron contemplados como beneficiarios del componente judicial en el Acuerdo Final de Paz. 

La JEP abrió la posibilidad de que aquellos paramilitares que actuaron como “bisagra” –es decir que, siendo paramilitares, hayan entrado a alguna fuerza armada– sean escuchados por el tribunal; pero los beneficios, tales como la libertad, serán determinados por los magistrados de Justicia y Paz, ley creada durante la desmovilización de grupos de autodefensas durante el gobierno de Álvaro Uribe.

El presidente Petro ha manifestado que no escatimará esfuerzos para que la JEP cumpla con su cometido. Para el presidente de la JEP, ese “monitoreo” es inaceptable y va en contravía de la independencia de poderes.

Al magistrado Vidal le ha quedado claro el interés específico del Gobierno de que la JEP acoja a Macaco. El canciller le ha manifestado que no se quedará quieto; incluso, le notificó que denunciará a la JEP ante la Corte Penal Internacional.

Ante tamaña advertencia, el presidente de la JEP no se ha quedado quieto y viajó a Washington y a Europa para exponer la situación que está viviendo el tribunal. Incluso,  ya tuvo encuentros con funcionarios de Naciones Unidas.

Es por lo menos paradójico que magistrados de la JEP se sientan contra las cuerdas en un gobierno que se ha declarado defensor del Acuerdo Final; y no en otros, claramente opuestos, como el de Iván Duque. También les resulta difícil de entender que un solo nombre, el de Macaco, logre mover tantas fibras en el Estado.

Los cuestionados actos con paras promovidos por la Cancillería

El pasado 9 de mayo, la Cancillería organizó en Juan Frío, Norte de Santander, un encuentro llamado “Por la paz, la vida y la memoria: ¡nunca más!". Al evento asistió el canciller Álvaro Leyva, un grupo de víctimas, la directora de la Unidad para las Víctimas Patricia Tobón y, conectado desde su centro de reclusión en Georgia, Estados Unidos, el exparamilitar Salvatore Mancuso.

El evento se realizó en un trapiche abandonado, lugar que fue utilizado por las autodefensas para cremar los cuerpos de sus víctimas. Allí el exparamilitar pidió perdón, admitió haber ordenado la desaparición de los cuerpos y se comprometió a ayudar en la búsqueda de los restos. Dijo que algunos de los cuerpos se encontraban en territorio venezolano; por eso, le pidió al canciller adelantar un acuerdo de cooperación judicial con el gobierno venezolano para poder buscar, identificar y recuperar los restos mortales para entregárselos a sus familias.

Tres meses después, en el Centro de Memoria, en un evento promovido también por la Cancillería, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, dijo que ayudaría a encontrar cuerpos en Norte de Santander.

El Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía ya realizó búsquedas en la zona. En un documento de diciembre de 2020, la fiscal especializada Margy Liliana Suárez le informó a Alexandra Valencia, magistrada de la Sala de Justicia y Paz, la imposibilidad de encontrar los restos de tres víctimas porque habían sido incinerados. También dijo que su despacho no tenía elementos de juicio que le permitieran adelantar diligencias de exhumación con miras a recuperar restos óseos de las víctimas de Juan Frío.

En entrevista con CAMBIO, la exdirectora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, reveló los reparos que la Agencia tenía frente a los actos de perdón promovidos por la cancillería de Álvaro Leyva. Zamora dijo que al acto de Juan Frío no asistió ninguna de las víctimas reconocidas en la sentencia judicial del Bloque Frontera, y que este tipo de actos, sin que fueran ordenados por una autoridad judicial, podían acarrear consecuencias económicas adversas al Estado.

Estos reparos ya habían sido advertidos en un concepto solicitado por la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas. Los mismos, según palabras de Zamora, habrían causado incomodidad en el canciller.

En una decisión del pasado 6 de marzo, la magistrada de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, le negó la libertad condicional a Salvatore Mancuso. Según el documento, ha hecho falta celeridad en la persecución de los bienes del condenado.

El senador Antonio Correa, del Partido de la U, acaba de radicar un proyecto de ley llamado “Reforma a la ley de Justicia y Paz, Segundas Oportunidades y Acogimiento de Nuevos Grupos”. Según el legislador, el proyecto busca darle cierre a los procesos vigentes en Justicia y Paz y así conocer verdades desconocidas del conflicto. También busca abrir las puertas para que otros grupos al margen de la ley que se encuentran en mesas de diálogos puedan entrar en procesos de justicia restaurativa.

Esto significaría un alivio para la JEP, que se ha visto en calzas prietas por no aceptar paramilitares, especialmente al que le dicen Macaco.