La historia detrás de la pelea entre el Gobierno y la JEP

El pasado 11 de octubre, el ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva, asistió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para recibir el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Allí, Leyva cuestionó a la JEP, tribunal al que señaló de estarse desviando de su objetivo: “La institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, más concretamente la Jurisdicción Especial para la Paz, se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”.

Leyva, quien en su intervención dijo ser admirador de la JEP, aseguró que había llegado el momento de corregir el actuar del tribunal para perfeccionarlo. El canciller insistió en que los textos del acuerdo de paz eran de obligatorio cumplimiento por parte del Estado colombiano y que, en ese sentido, la JEP no estaba respetando sus competencias:

“El componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia y reparación se aplica a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otro relacionado con el conflicto, así no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión. Desafortunadamente la JEP, de oficio, ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a esta justicia especial, tal es el caso de los llamados paramilitares, entre otros. Su vinculación se viene impidiendo o dificultando por la aplicación de un mecanismo inexistente en el acuerdo de paz que se ha venido denominando aportes previos de verdad”. 

Leyva, fue más allá: les dijo a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que dicho actuar de la JEP ha venido impidiendo que la verdad llegue a la opinión pública.

El viernes pasado, el presidente Gustavo Petro envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que reiteró el compromiso de su gobierno de respetar los acuerdos de paz firmados con las extintas Farc.

Sin embargo, en dicha misiva el presidente hizo críticas a la labor que viene cumpliendo la JEP y dijo que el alto tribunal no puede ni limitar ni condicionar el derecho a la verdad: “Deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía cuando haya lugar a ella en los términos pactados y al tenor del articulo 6(5) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Por ningún motivo podrá limitar o condicionar la JEP el derecho a la verdad (...) El esquivarlo o eludirlo conllevaría responsabilidades”.

A través de un comunicado, Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, respondió al presidente Petro diciéndole que respetar la autonomía de la JEP era también respetar al Acuerdo Final de Paz : “El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”.

El canciller ripostó y, a través de un trino, aseguró que el comunicado del magistrado Vidal era producto del desconocimiento y lo calificó de penoso. 

El lío con los paras

Las tensiones entre el uribismo y la JEP han sido de público conocimiento y objeto de numerosos registros periodísticos, pero la animosidad entre un sector del  gobierno Petro y este tribunal tiene sorprendido a más de uno.

El problema de fondo tiene que ver con la admisión de exjefes paramilitares en la JEP. Aunque en 2022 el  tribunal abrió una pequeña puerta para que paramilitares fueran admitidos, su ingreso no es automático. De hecho, ningún jefe paramilitar ha sido hasta ahora admitido. Los paramilitares son juzgados en los tribunales de Justicia y Paz, órgano de justicia transicional creado hace 17 años.

La JEP  juzga a combatientes y colaboradores de las Farc, civiles que hayan contribuido a la comisión de delitos en virtud del conflicto, agentes estatales y miembros de la fuerza pública y personas procesadas por delitos cometidos durante la protesta social.

No obstante, el tribunal está por pronunciarse sobre si admite a Salvatore Mancuso, a alias Macaco y a Jorge 40. En este momento hay cinco exjefes paramilitares que pidieron pista en el alto tribunal.

Fuentes en la JEP le explicaron a CAMBIO cuáles son  las condiciones para que un exparamilitar sea admitido en el tribunal. La principal condición es que haya actuado como “bisagra”, es decir, que siendo paramilitar haya entrado al ejército o a otra fuerza armada y desde allí haber cometido delitos en relación con el conflicto armado. La decisión de ingreso de exparamilitares a la JEP está siendo analizada, caso por caso, en la Sala de Decisión de la JEP.

La relación con el Ministerio de Justicia y la oficina del Alto Comisionado para la Paz ha sido buena y fluida.  Pero que el canciller haya utilizado un escenario internacional para “presionar” decisiones internas en Colombia ha resultado inaceptable para magistrados de la JEP, que ven las palabras del funcionario, encargado de la política exterior del país, como una injerencia en la autonomía judicial.