El pecado que le podría costar el puesto al ministro de Transporte, uno de los más cercanos al presidente Petro

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) debía tomar una decisión. Ya habían pasado dos años desde que empezaron las negociaciones con la Sociedad Grupo Portuario de la empresa Ventura Group para prorrogar por 20 años más el contrato de la Unidad Operativa Muelle 13 en el puerto de Buenaventura. 

Tras cumplir con todos los requisitos establecidos en la metodología de la ANI para modificar concesiones portuarias, el 22 de diciembre de 2023 se reunió el máximo órgano de esa entidad, es decir, el mencionado Consejo Directivo, y definió que en efecto la operación del muelle quedaría en manos de la empresa de Ventura Group, propiedad del magnate Álvaro Rodríguez, hasta el año 2045. 

En esa reunión debían participar el ministro de Transporte, pero también el de Hacienda, la ministra de Ambiente, el director del Departamento Nacional de Planeación y otros cinco miembros independientes. Sin embargo, solo estuvo como titular el ministro de Transporte, William Camargo, y los demás enviaron delegados. De los independientes ninguno asistió porque no habían sido elegidos para ese momento. 

Aunque la decisión fue clara y basada en que el operador del muelle ya había agotado todos los trámites para poderle otorgar la ampliación del contrato, una fuente le dijo a CAMBIO que solo un par de días después el presidente Gustavo Petro se habría enterado de eso y no le gustó para nada la noticia.

El mandatario ya había advertido que él quería que los puertos fueran entregados a las comunidades y no siguieran en manos de las empresas que, como Ventura Group, llevaban más de 30 años en ese negocio.

Cuando el presidente le reclamó al ministro de Transporte por lo que hizo el Consejo Directivo, Camargo aparentemente, según le dijeron fuentes a CAMBIO, le endilgó la responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura, aunque según la función de esa entidad, quien preside la ANI y los otros funcionarios de allá mismo participan en el Consejo con voz pero sin voto. 

Fue ahí cuando empezaron los problemas. La orden de Petro habría sido tan contundente que en el ministerio y en la ANI empezaron a pensar en la forma de echar para atrás lo que habían hecho antes de que se acabara el año y aún corriendo el riesgo de cometer errores porque ya existía un acto administrativo con el que se confirmó dicha prórroga. 

Aún así, el 28 de diciembre de 2023, es decir solo cinco días después de haber tomado esa primera decisión, se citó al Consejo Directivo para volver a votar sobre algo que ya estaba saldado y fue entonces cuando se echó para atrás la adición concedida, argumentando una supuesta afectación ambiental. 

La responsabilidad del ministro 

Después de que CAMBIO revelara en enero de este año que la decisión de la prórroga por 20 años a la Sociedad Grupo Portuario del contrato de concesión del muelle 13 en Buenaventura sí fue revocada, la Procuraduría General de la Nación inició una vigilancia preventiva y llegó hasta las instalaciones de la ANI a revisar cómo se tomaron las decisiones ya relatadas. 

En esa diligencia que se realizó el 11 de marzo de este año y que fue liderada por el delegado para la Vigilancia Preventiva, Marcio Melgosa, se pudo establecer que la entidad habría cometido serios errores en el procedimiento y, al parecer, todo fue por orden del ministro William Camargo, quien le dijo al presidente Petro que él no fue responsable de dicha prórroga y que se encargaría de echarla para atrás.  

En primer lugar, la sesión del Consejo Directivo de la ANI del 28 de diciembre, en la que se buscó la forma de revertir la concesión, fue citada solo un día antes y no con cinco días de anticipación como lo exige el reglamento de ese órgano. Según el acta de la visita que la Procuraduría le hizo a la ANI y que fue conocida por este medio de comunicación, cuando Melgosa les preguntó a los funcionarios sobre ese proceder, respondieron que fue el ministro quien los citó. 

La Procuraduría siguió indagando sobre el proceso y preguntó por el acta de la reunión del Consejo Directivo del 22 de diciembre del año pasado pero los funcionarios de la ANI que atendieron la visita aseguraron que era un documento reservado. La entidad de control buscó controvertir dicho argumento e insistió en pedir el acta hasta que la ANI accedió a entregarla.

Con esa nueva evidencia, la Procuraduría se dio cuenta que en la sesión no hubo participación de los miembros independientes del Consejo Directivo, que solo el ministro de Transporte actuó como titular y también pudo establecer cómo votó el funcionario quien, como ya se advirtió, le habría dicho a su jefe, es decir al presidente Petro, que la culpa de la prórroga a Ventura Group era de la ANI. 

Sin argumentos técnicos 

Otro de los puntos que llamó la atención de la Procuraduría tuvo que ver con las supuestas afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura que condujeron a la decisión unánime del Consejo Directivo de no aprobar la solicitud de modificación del contrato de concesión.

Por eso, en la visita que realizó a la ANI, el ente de control pidió los soportes de tales afirmaciones, pero la sorpresa que se llevaron fue muy grande cuando los funcionarios de la agencia respondieron que “el Consejo Directivo, en su ejercicio de votación, no debe tener un argumento técnico”, según quedó consignado en el acta. 

Ante dicha aseveración, el Ministerio Público manifestó su preocupación frente a la ausencia de un soporte técnico en materia ambiental, más teniendo en cuenta que a partir de ello fue que se expidió el acto administrativo que debía contener la motivación del mismo.

La Procuraduría también preguntó por las menciones a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que aparecen en las actas de las sesiones ya que según la ANI esa entidad debía ser consultada para revisar la pertinencia del tipo de carga de carbón. Aunque se pidió el concepto que dio la ANLA al respecto, la ANI respondió que no contaba con ese documento.

Y en efecto no hacía falta que la ANLA se pronunciara sobre el tema y no se entiende ahora por qué la ANI utilizó a esa entidad para argumentar su decisión de revocar la prórroga del contrato de concesión en la terminal portuaria de Buenaventura.

CAMBIO conoció que según lo establecido en la metodología de la Agencia Nacional de Infraestructura para la modificación de las concesiones portuarias “el único concepto que será obligatorio y vinculante en este trámite de modificación será el de las autoridades distritales del lugar en el que se encuentre localizado el Puerto objeto de la modificación”. 

Ese concepto ya había llegado de la mano del Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura (EPA) que en febrero de 2023 le aprobó al Grupo Portuario el plan de manejo ambiental actualizado para la operación del muelle en ese puerto. 

Si ese concepto no era suficiente para el Consejo Directivo, la Procuraduría conoció otros en los que la misma ANI, desde el área ambiental y social, en los que aseguran que Grupo Portuario cumplió con los requisitos y observaciones ambientales efectuadas por la ANI con respecto a las determinantes ambientales, los respectivos trámites y gestiones en materia de normatividad aplicable. 

“Lo revocan como sea”

Cuando se iba acabando el año 2023 y el presidente Gustavo Petro se enteró de que la concesión del muelle 13 en el puerto de Buenaventura había sido entregada por 20 años más, le habría ordenado a su ministro de Transporte William Camargo revocar de cualquier forma esa adición. 

Fuentes de la ANI le contaron a CAMBIO que incluso en una reunión que se adelantó entre el presidente Petro, el ministro, un par de funcionarios de la ANI y otros asistentes, se habría hablado de la posibilidad de argumentar las tales afectaciones ambientales, pero eso es lo que no ha podido demostrar la ANI ante la Procuraduría. 

La carrera contrarreloj que arrancó desde ese momento el ministro lo habría llevado a cometer las presuntas imprecisiones que hoy está investigando el órgano de control disciplinario. Todos los trámites fueron agotados por parte del contratista que cumplió con toda la metodología, pero según la Procuraduría, en cambio, desde el Gobierno no han logrado justificar que la decisión fue tomada con base en las normas y que no habría sido un capricho. 

Las contundentes pruebas que la Procuraduría General de la Nación ha encontrado con relación a este caso tienen a uno de los ministros más cercanos del presidente Gustavo Petro al borde de una investigación disciplinaria ya sea por alguna decisión que tome esa entidad de control o porque Petro decida hacerlo a un lado tras haberle presuntamente mentido con relación a su voto en el Consejo Directivo favoreciendo al Grupo Portuario.

CAMBIO pudo establecer que este jueves en horas de la mañana se presentará el informe con los hallazgos disciplinarios para que arranque formalmente la investigación en la Procuraduría en contra del ministro William Camargo y otros altos directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura que también habrían participado en todo este entuerto. 

En dicho informe están incluidas todas las evidencias que se entregaron en la visita que la Procuraduría hizo en marzo a la ANI en donde se comprueba cómo actuaron los funcionarios que por orden del ministro cayeron en movidas non sanctas que le podrían salir muy caras al país ya que se viene una multimillonaria demanda contra la Nación. 

Son juicios de valor, dice la ANI 

Este medio de comunicación también pudo conocer las respuestas que la Agencia Nacional de Infraestructura le entregó a la Procuraduría después de aquella visita en marzo en la que se hicieron varios requerimientos y se pidieron explicaciones por las decisiones tomadas. 

La ANI dice que el documento de observaciones de la Procuraduría contiene “una serie de opiniones, juicios de valor e interpretaciones jurídicas preliminares pero no contiene instrucciones o recomendaciones específicas para la ANI”. 

Así mismo, manifiestan que no es del todo claro para esa entidad el alcance y naturaleza de algunas de las observaciones presentadas por el ente de control y que muchas de las cosas que piden ya están claramente explicadas en la resolución del 14 de marzo de este año con la que se resolvió el recurso de reposición que interpuso el Grupo Portuario y en el que se confirmó la decisión de quitarles el puerto.