Confirman decisión de quitarle a Álvaro Rodríguez el contrato en puerto de Buenaventura: se vendría millonaria demanda

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) expidió este 14 de marzo la resolución con la que resuelve el recurso de reposición que interpuso el empresario Álvaro Rodríguez, principal accionista de Ventura Group, buscando que le mantuvieran la prórroga del contrato en el muelle 13 del puerto de Buenaventura por 20 años más. 

A pesar de los esfuerzos y argumentos del empresario para que le dejaran dicha concesión, la ANI resolvió confirmar en su totalidad la decisión que tomó el pasado 5 de enero de 2024 con la que echó para atrás la adición y le quitó el contrato a la firma que ha administrado el muelle desde hace 33 años. 

En el documento conocido por CAMBIO se invalidaron las razones que alegó el señor Rodríguez para recuperar el negocio. Dice la ANI que como no se alcanzó a suscribir el otrosí para dejar el muelle en manos de Ventura Group hasta el año 2045, “no se generaron derechos ni obligaciones entre las partes, por lo cual, resulta inadecuado pregonar la existencia de un perjuicio frente a una mera expectativa”.

Justamente la violación a los derechos adquiridos era una de las causas que el magnate del sector pidió revisar ya que en una primera decisión, tomada a finales de diciembre de 2023, se había aceptado la prórroga del contrato y la misma quedó plasmada en una resolución. Sin embargo, cinco días después la reversaron sin mayor justificación. 

Tal como lo contó CAMBIO, a pesar de que la resolución con la prórroga estaba en firme, el ministro de Transporte, William Camargo, ordenó a su equipo en la ANI revocarla y expedir una nueva decisión en la que se permitió que la sociedad Grupo Portuario de Ventura Group tuviera la operación de la terminal marítima hasta 2025 para que a partir de ese momento la devuelva a la Armada. 

Fue así como en una reunión del consejo directivo de esa entidad se estableció: “No aprobar la modificación de las condiciones del Contrato de Concesión Portuaria No. 002 de 2005 celebrado con la sociedad Grupo Portuario S.A, teniendo en cuenta la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”.

Teniendo en cuenta que ya le habían autorizado el otrosí por 20 años más y que luego se lo quitaron, Álvaro Rodríguez también manifestó en el proceso que le causaron un daño y que hubo vulneración de una situación jurídicamente protegida. No obstante, la ANI al resolver el recurso dijo que le resultó imposible establecer la existencia de esa causal. 

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Otro punto que se argumentó por parte del concesionario tenía que ver con la operación del puerto que se puede ver afectada al no tener certeza de quién y cómo lo administrará cuando se acabe el contrato actual. 

Sobre eso el Gobierno dice en el documento que “actualmente la operación del puerto se encuentra garantizada, situación que aunada a la ejecución presente del contrato permite garantizar la prestación adecuada del servicio en el marco de las obligaciones que a la ANI le corresponden”. 

Finalmente señala la entidad que “la revocatoria de la resolución del 5 de enero de 2024 es improcedente como quiera que la misma se generó con ocasión de una decisión del consejo directivo que como autoridad competente fue quien adoptó la determinación de negar la solicitud de modificar el contrato de concesión portuaria, quien luego de agotar el procedimiento señalado en la metodología, tomó la decisión que en derecho correspondía”.

Ante este nuevo escenario es muy probable que Ventura Group esté preparando ya la millonaria demanda que pondría contra la nación. CAMBIO se comunicó con el empresario Álvaro Rodríguez para preguntarle lo que sigue en este proceso, pero respondió que por ahora no dará declaraciones.

Lo que pasó con el contrato de concesión del muelle 13 en el puerto de Buenaventura ya es objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación que llegó hasta las oficinas de la ANI con el fin de “adelantar una labor preventiva que busca anticiparse y evitar la concurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas, mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública”.

De igual forma, según la entidad de control, se busca proteger el ordenamiento jurídico, salvaguardar los recursos públicos, pero además conocer si hubo fallas disciplinarias en las decisiones que se tomaron.