Puerto de Buenaventura: Procuraduría registró oficinas de la ANI y pidió datos de la concesión

La Procuraduría General de la Nación le informó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el pasado 8 de marzo y a través de un oficio conocido por CAMBIO, que realizaría una visita a las instalaciones de esa entidad con el objetivo de reunir información necesaria para la vigilancia preventiva que se está adelantando sobre la concesión portuaria del muelle 13 en Buenaventura. 

En la diligencia que se realizó este lunes 11 de marzo, se requirió a la ANI el reporte, documentos y algunos datos sobre las decisiones que recientemente se han tomado con relación al futuro del muelle 13 en esa terminal marítima, cuyo contrato le fue arrebatado a la Sociedad Grupo Portuario de la empresa Ventura Group, que lo llevaba usufructuando desde hace 30 años. 

Y es que según las revelaciones hechas en enero por CAMBIO, la ANI le aprobó a la empresa operadora del muelle una prórroga del contrato por 20 años más, pero solo cinco después de haber tomado esa decisión la echó para atrás, lo que podría generar una millonaria demanda contra la nación.  

• “Ha sido un infierno”: empresario al que Petro le quitó su contrato en el puerto de Buenaventura
• El lío de la licitación de pasaportes podría repetirse con un millonario contrato en el puerto de Buenaventura
• Presidente Petro quiere entregar operación del muelle 13 de Buenaventura a los pescadores de la región

Aunque el contratista del muelle 13 sigue intentando negociar la posibilidad de que le devuelvan esa terminal, que por el momento solo podrá administrar hasta 2025, ni el Ministerio de Transporte ni la Agencia Nacional de Infraestructura le han permitido llegar a un acuerdo e incluso el presidente Gustavo Petro ya anunció que esa concesión será manejada por los pescadores de la zona. 

Por esa razón, la Procuraduría llegó hasta las oficinas de la agencia con el fin de “adelantar una labor preventiva que busca anticiparse y evitar la concurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas, mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública”.

De igual forma, según la entidad de control, se busca proteger el ordenamiento jurídico, salvaguardar los recursos públicos, pero además conocer si hubo fallas disciplinarias en las decisiones que se tomaron. 

El procurador delegado solicitó que la visita fuera atendida por Gustavo Adolfo Salazar, vicepresidente de Gestión Corporativa de la ANI y Olga Isabel Buelvas, vicepresidenta jurídica de esa entidad. 

En el documento conocido por CAMBIO, la Procuraduría advierte que la actuación preventiva que se está realizando para determinar qué pasó con el muelle 13 en Buenaventura, no implica de algún modo la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de la entidad pública o sus funcionarios. 

El propósito únicamente es que con la información recolectada se emitan algunas recomendaciones que ayuden a que la entidad no cometa faltas que afecten al país, pero, en ningún caso esas sugerencias son de obligatorio cumplimiento

Álvaro Rodríguez, principal accionista de Ventura Group y dueño de la concesión del muelle 13 de Buenaventura, aseguró hace dos semanas en el marco de la Asamblea de Afiliados de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que la decisión de la ANI de revertir la adición del contrato, se ha convertido en un infierno para él. 

Sin embargo, no es claro aún si el empresario ya decidió interponer una demanda contra el Estado colombiano por haber afectado sus derechos adquiridos y, por ende, tampoco se sabe cuánto sería su pretensión.