El Ministerio de Transporte y la ANI, contra las cuerdas por quitarle el contrato a empresario en el puerto de Buenaventura

Gravísimos señalamientos hizo la Procuraduría General de la Nación en relación con la decisión del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de echar para atrás la prórroga del contrato de concesión del muelle 13 en el puerto de Buenaventura que hasta el próximo año estará en manos de la empresa Ventura Group. 

El ente de control emitió un informe como resultado de una vigilancia preventiva a esa medida tomada por el consejo directivo del Ministerio de Transporte y la ANI que el pasado 23 de diciembre, y después de dos años de trabajo, le concedió una extensión del contrato a la empresa operadora del puerto por 20 años más, pero cinco días después, en pleno Día de los inocentes, se la quitó. 

Los funcionarios implicados en las decisiones tomadas serían el ministro de Transporte, William Camargo, la entonces presidenta encargada de la ANI, Carolina Barbanti, y otros altos directivos de la entidad, quienes firmaron las resoluciones expedidas en el desarrollo de ese proceso y participaron en las diferentes etapas del mismo, por lo que podrían recibir sanciones disciplinarias. 

Según el documento conocido por CAMBIO, las razones por las cuales se revocó el acto administrativo en la terminal marítima, tienen para la Procuraduría una falsa motivación generando “el desconocimiento de la seguridad jurídica, y la transgresión a principios como el de la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso”.

Las razones del Ministerio Público para llegar a esa conclusión son las siguientes. La ANI convocó a una sesión para decidir sobre el otrosí del contrato y lo aprobó a través de una resolución que configuró un acto administrativo en donde quedó claramente especificado que la concesión la tendría la Sociedad Grupo Portuario de Ventura Group hasta 2045. 

Sin embargo, el consejo directivo habría hecho una nueva reunión en donde cambió la primera decisión y negó la prórroga. Esa segunda sesión, que la Procuraduría no ha podido comprobar si se hizo o no porque fue de forma virtual y aparentemente no participaron todos los miembros del consejo, no se podía llevar a cabo porque ya existía un acto administrativo que estaba en firme y había perdido competencia. 

Además, los argumentos para revertir el otrosí habrían tenido, para el ente de control, una motivación ficticia, porque según dijo el consejo directivo del sector en su momento se presentaba una afectación ambiental en la operación del muelle 13 en Buenaventura pero eso nunca fue advertido previamente durante los dos años de negociación y tampoco se pudo comprobar después.

 
El organismo le pidió a la ANI los soportes de la supuesta afectación ambiental y los documentos de esa argumentación pero no fueron entregados porque la entidad dijo que “no existían”. 

En síntesis, no hubo, en medio de la vigilancia preventiva, la entrega de los estudios técnicos, los análisis, las investigaciones o algo que demostrara que sí se estaban presentando o que se iban a presentar problemas ambientales con la prórroga de la concesión a la compañía del empresario Álvaro Rodríguez.

 
Es más, la ANI, en respuesta a la Procuraduría, afirmó que le trasladaría a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), las inquietudes expuestas ya que es esa entidad la que tiene la competencia en los temas que provocaron el reversazo. 

No obstante, en enero, días después de que CAMBIO revelara la investigación sobre la nueva situación del muelle 13, la Anla emitió un comunicado en donde advirtieron que no tienen nada que ver con esa terminal portuaria y que la entidad encargada de dar el concepto ambiental era el Establecimiento Público Ambienta (EPA). 

Para la fecha de la segunda sesión del consejo directivo, la EPA ya había emitido la licencia ambiental del muelle a Ventura Group asegurando que sí cumplía con todos los requisitos exigidos. 

La presunta violación al debido proceso 

El pasado 14 de marzo, cuando la ANI confirmó la decisión y negó el recurso de apelación que había interpuesto la empresa operadora del muelle, aseguró que la primera medida tomada no estaba en firme porque no se alcanzó a firmar el nuevo contrato con el otrosí y, por el contrario, la decisión del consejo directivo fue modificada.

Sin embargo, la Procuraduría consideró al respecto que en los procedimientos de la ANI no es normal que para la toma de decisiones sobre la modificación de concesiones portuarias, el consejo directivo deba adelantar sesiones en dos oportunidades o que después de proferir una decisión se reúna nuevamente para pronunciarse sobre la misma o para revisarla. 

“Ni en el Codigo de Procedimiento Administrativo ni en la metodología de la ANI está permitido regresar sobre etapas o fases ya agotadas, por lo que se pudo haber constituido una grave violación al debido proceso”, dice el documento del Ministerio Público. 

Expertos en temas de contratación pública consultados por CAMBIO aseguran que quienes participaron en esa sesión podrían haber cometido el delito de prevaricato porque no tenían competencia para sesionar nuevamente cuando ya se había expedido una resolución. 

“Es como cualquier persona decidiendo sesionar cuando ya no eran competentes porque hubo una primera decisión y después cambiaron el voto pese a que se había emitido un acto administrativo”. 

Explican que es un hecho sobreviniente que lleva a que se caiga la primera determinación en una serie de medidas ficticias tendientes a echar para atrás, a como dé lugar, a las patadas, una resolución y un procedimiento que llevaba dos años andando. 

La millonaria demanda 

En medio de este nuevo panorama CAMBIO conoció que ya está andando la millonaria demanda contra la nación por parte de la empresa Ventura Group que tiene el muelle 13 en el puerto de Buenaventura desde hace 30 años. 

El informe que ahora se conoce de la Procuraduría General de la Nación podría servir como argumento para el proceso jurídico en donde se alegará la presunta violación a los derechos adquiridos de la compañía que durante todas las instancias cumplió con lo exigido por el Ministerio de Transporte y la ANI. 

Por ahora no se sabe el monto de la pretensión de la empresa, pero CAMBIO pudo establecer que este nuevo pleito podría superar hasta tres veces el valor de lo que Thomas Greg and Sons calculó en el proceso que va a interponer contra la Cancillería por la licitación de los pasaportes. 

En este caso hay que tener en cuenta también que se tenían previstas unas inversiones en el muelle y en la región de más de 10 millones de dólares que Ventura Group se había comprometido a hacer y que se van a quedar en el aire, provocando además un presunto detrimento patrimonial. 

Aunque la demanda no se ha terminado de construir, el equipo jurídico está trabajando rápidamente en ella porque solo hay cuatro meses para poder hacerlo y ese término empieza a correr desde que se confirmó la decisión de la ANI el pasado 14 de marzo. 

Aún así, la empresa está dispuesta a seguir buscando una conciliación con el Gobierno con el fin de lograr que se revoque la decisión y le devuelvan el puerto. Incluso se piensa en la posibilidad de lograr una alianza con la Armada Nacional en donde ambas partes puedan administrar la terminal y de esa forma no se genere la afectación económica que sería la causal más importante del eventual proceso judicial.