El otro proceso contra Nicolás Petro que le quitaron al fiscal Mario Burgos

Por medio de un comunicado, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tomó la decisión de someter a reparto, es decir, a la suerte del sistema judicial, los procesos que el fiscal Mario Burgos llevaba contra Nicolás Petro. Esto significa que un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, escogido por el sistema de manera aleatoria, será quien investigue al hijo del presidente de la República. La decisión incide en el juicio contra Petro y en una indagación por la cual estaban a punto de llamar al acusado a imputación de cargos e intentar ponerlo tras las rejas. 

La propia fiscal Camargo tomó la determinación. Por eso, cuando este martes 23 de julio los periodistas le pidieron que explicara la decisión, molesta, la funcionaria respondió, mientras se levantaba de su silla, que la postura sobre el caso estaba en “un comunicado que se sacó el día de ayer, donde se aclara cuáles son las razones que tienen que ver con la investigación disciplinaria que le adelantan al fiscal delegado ante el tribunal y que implicó pliego de cargos contra él. Y ahí está explicada la postura oficial de la Fiscalía”.

La decisión de quitarle a Burgos los procesos se debe a una recusación que presentó la defensa de Nicolás Petro, fundamentada en un pliego de cargos que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) le abrió Burgos, en la cual le cuestionan presuntas omisiones para custodiar una grabación clave del expediente sobre el procedimiento de captura, la cual terminó filtrada a la prensa. Esas filtraciones del caso fueron determinantes para apartar a Burgos de los procesos.

Lo que no se ha ampliado públicamente es que la decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo no sólo incide en el proceso que le sigue Burgos a Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que ya está en juicio, sino en uno que desde hace meses estaba listo para una nueva solicitud de imputación de cargos. Fuentes cercanas al caso explicaron a CAMBIO que esa indagación era por cuatro delitos, tan graves que justificaban una nueva solicitud de medida de aseguramiento.

¿Cuál es el caso?

La indagación contra Nicolás Petro era por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y fraude procesal.

Las pesquisas empezaron en mayo de 2022, cuando una fuente le dijo a Fiscalía que el entonces diputado Nicolás Petro trataba de justificar los dineros que habrían entrado a sus arcas provenientes del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro; de Gabriel Hilsaca, hijo del Turco Hilsaca, y de Óscar Camacho, un poderoso empresario de Cúcuta. 

La fuente declaró a la justicia que Nicolás Petro intentaba justificar su patrimonio por medio de documentos falsos que saldrían, supuestamente, de Seguridad Privada Lost Prevention, una empresa de seguridad que presta servicios de escoltas y carros blindados en Barranquilla y que pertenece a Lilian Dolores López Romano. Para los investigadores, el joven político pudo haber incurrido en el delito de fraude procesal, pues intentó engañar a las autoridades para encubrir el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos, por los que ya fue imputado.

“A través de esa empresa están creando documentos falsos, letras, registros y todo lo que se pueda para que Nicolás pueda justificar el ingreso y la procedencia del dinero que la exesposa dijo que recibió, sé que están firmando pagarés y que ese dinero se registraría en la empresa como préstamos y aportes a campañas –dijo la fuente en la Fiscalía–. Ellos están hundiendo esa investigación protegiendo a esta gente, ya que son sus aliados políticos. Y ellos prometieron que, si salía bien esa situación, les iban a dar un contrato grandísimo con el Gobierno nacional, porque si Nicolás Petro se salvaba de ese tema y alcanzaban la Alcaldía de Barranquilla o la Gobernación del Atlántico, con ellos harían la contratación en caso de ganar”.

El delito de interés indebido en la celebración de contratos se relaciona con que, junto a su expareja Day Vásquez, Petro se habría beneficiado de contratos con la Gobernación de Atlántico a través de la Fundación Conciencia Social.

Finalmente, el nuevo llamado a la justicia sería por unas certificaciones laborales falsas que incluyó el acusado en la hoja de vida que entregó a la Asamblea. Las fuentes explicaron que Nicolás Petro escribió que, entre mayo de 2013 y agosto de 2018, trabajó como asesor en el Grupo Energía Delta LTDA. Esto lo negó en entrevista con los fiscales el propio dueño de la empresa.

La Fiscalía, pues, le quitó a Burgos un proceso contra Nicolás Petro que ya había terminado la etapa de investigación y que estaba en audiencias preparatorias del juicio; es decir, en el que ya estaban recaudadas todas las pruebas y el líder del caso ya era el juez de conocimiento. Mientras tanto, otra investigación contra el joven político estaría a punto de volver a ponerlo contra las cuerdas, en especial porque el fiscal quiere que le den una medida privativa de la libertad.