El pulso político entre Gobierno y oposición se traslada a la calle

El desafío sin precedentes lanzado por el presidente Gustavo Petro con el ‘decretazo’ para convocar a una consulta popular, saltándose la decisión del Congreso, abrió varios frentes donde se definirá el futuro político del país: las calles y las instituciones.

En las calles predominan las emociones de ambas orillas. Esto es clave, no porque pueda incidir directamente en las decisiones de la Registraduría, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional —órganos institucionales que deben responder al presidente—, sino porque, con toda probabilidad, este será el punto de partida de las elecciones de 2026.

Las masivas manifestaciones de este domingo —en las que predominó el mensaje “¡Fuerza, Miguel!”— restan fuerza al discurso del presidente Petro, quien asegura que sus decisiones responden exclusivamente al deseo del pueblo. Sin embargo, aunque parezca evidente, conviene recordarlo: esos miles de ciudadanos también son tan colombianos como los demás. 

En un gobierno que ha utilizado la relación con los movimientos sociales para demostrar su fortaleza, la oposición optó por pelearle este espacio, aunque ahora en un clima de dolor y reflexión producidos por el atentado al senador y aspirante presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Por su parte, críticos del presidente sostienen que en realidad a él no le interesa la reforma laboral —convertida en el ‘florero de Llorente’ de la crisis política y jurídica de Colombia—, sino obtener recursos para adelantar la campaña electoral y fortalecer sus cuadros políticos y a los candidatos de izquierda de cara al 2026.

Cortinas de humo

Otros, más severos, consideran incluso que Petro recurre cotidianamente a cortinas de humo para desviar la atención del grave escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que involucra a Carlos Ramón González, quien fue el número dos en el organigrama de la Presidencia como director del DAPRE, y a su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ambos a un paso de la cárcel.

En esta línea, dicen, también busca quitar el foco de la delicada situación financiera del país, que —según diagnóstico del ministro de Hacienda, Germán Ávila— requiere una nueva reforma tributaria más un posible aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Si hay un hecho que afecte la popularidad de los gobiernos es cuando a los ciudadanos les toca meterse la mano al bolsillo para paliar la crisis. En principio, la nueva reforma tributaria se presentaría a finales de julio y tiene el objetivo de recaudar $19,6 billones como meta mínima y $25,4 billones como techo de proyección.

Todo esta ambiente de incertidumbre que se cuenta en pesos ocurre en medio de la suspensión temporal de la regla fiscal, una decisión considerada por muchos como inconveniente e injustificada. Buena parte de los adversarios del presidente Petro sostiene que esta medida se adoptó porque el Gobierno necesita recursos. ¿Para qué? “Para la campaña”, responden.

Y es aquí donde la discusión abandona lo técnico para entrar de lleno en el terreno político. En esta coyuntura, miles de colombianos decidieron movilizarse.

‘Marcha del silencio’

Este domingo se realizaron manifestaciones en 33 ciudades del país y en varios puntos del exterior, bajo la denominación de ‘marcha del silencio’. La mayoría de sus convocantes comparte un denominador común: el rechazo al discurso polarizante del presidente Petro. En Bogotá, según cifras oficiales, 70.000 personas salieron a expresarse.

Inicialmente, las marchas fueron convocadas como protesta contra la violencia y el atentado sufrido por Uribe Turbay, víctima de un ataque sicarial que conmovió a toda la sociedad.

“Los violentos no van a escribir el destino de los colombianos”, afirmó la senadora Paloma Valencia, compañera de partido del joven aspirante. “Viva la vida de Miguel y de todos los colombianos. No al terrorismo”, agregó ella.

Sin embargo, durante la jornada hubo quienes gritaron: “¡Fuera Petro!”. Y aunque a lo largo y ancho del país todo transcurrió en un clima de tranquilidad, hay que rechazar la agresión a un equipo de periodistas de RTVC que estaba trabajando en Bucaramanga. Este reprochable suceso se suma a otro incidente igual de grave: hace una semana, una periodista, también de RTVC, fue hostigada en Bogotá mientras cubría el estado de salud de Uribe Turbay. Le gritaron “guerrillera” y le exigieron que dejara de grabar. Una prensa libre, sin violencia ni censura, constituye un pilar fundamental de la democracia.

En un contexto en el que la calle es vital para posicionar los mensajes, el presidente Petro convocó para este lunes a las 10 de la mañana -también en la Plaza de Bolívar de Bogotá- lo que denominó un “gran plantón”. Los motivos son: “por la consulta popular”, “por la reforma laboral del gobierno del cambio” y “en contra de las medidas regresivas de la contrarreforma”.

Mientras esto ocurre, a pocos pasos de allí, en el Congreso avanza a toda prisa el trámite para tratar de aprobar la reforma laboral. Para hoy lunes está prevista la discusión de los 19 artículos que restan al proyecto.

De los 77 artículos totales, ya fueron aprobados 56 y uno fue eliminado, lo que representa un avance del 75 %. Sin embargo, el Gobierno advierte que lo más importante está por definirse.

Gobierno: “falta la pepa del proyecto”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que, aunque se ha avanzado en la mayoría del articulado, “falta la pepa del proyecto”. Para el Gobierno, se trata de líneas rojas. Los temas pendientes incluyen la remuneración del 100 % de los domingos y festivos, el modelo 4x3 (cuatro días de trabajo por tres de descanso), la jornada nocturna, las horas extras, la prohibición del trabajo por horas y el llamado techo pensional.

Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, se muestra esperanzado: “De 77 artículos, nos faltan solo 19. Esperamos que este mismo lunes quede aprobada la reforma”.

Pero si la reforma se aprueba -el texto debe conciliarse con el aprobado en la Cámara de Representantes- antes de este viernes 20, cuando termina la legislatura, ¿qué pasará con la consulta popular?

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, se muestra escéptica: “El gobierno Petro está quedando al descubierto: no quiere una ley laboral justa, sino una consulta para hacer campaña”, afirma. Por ello, considera que el Gobierno insistirá, de cualquier manera, en la consulta.

“La consulta puede ser válida, necesaria, útil, respetable, pero es evidente que se ha convertido en una estrategia electoral del Pacto Histórico para impulsar sus listas al Congreso y la Presidencia. Incluso, el Gobierno parecería dispuesto a hundir su propia ley con tal de hacer la consulta”, asegura Lozano.

La solidez de las instituciones

En medio de este ambiente de crispación, hay expectativa por la respuesta que deben dar las instituciones para frenar lo que muchos consideran una deriva autoritaria del presidente Petro.

“Es importante señalar que el país necesita reformas laborales profundas y que mecanismos como la consulta popular son expresiones muy valiosas de la democracia participativa. Pero el artículo 104 de la Constitución de 1991 es muy claro: el presidente solo puede convocar a una consulta popular si existe un concepto previo y favorable del Senado. Y ese requisito no se ha cumplido”, declaró a CAMBIO Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas.

“Confío plenamente en la fortaleza y la independencia de las instituciones colombianas”, añadió. “La Corte Constitucional colombiana ha sido un modelo regional. Se ha caracterizado por su independencia y rigor en el análisis. Ha estado a la vanguardia global de la protección de derechos. Sus integrantes han cambiado, pero el sistema de elección ha garantizado hasta el momento que no pueda ser cooptada por ningún sector político”, aseguró.

“Es legítimo que el Gobierno promueva una reforma laboral. La llevó al Congreso y eso hay que reconocerlo. Es necesario concluir ese ciclo y adoptar la reforma. Si el Gobierno, una vez aprobada, cree que es insuficiente, como lo ha anunciado, está en su derecho de continuar buscando caminos”, dijo también a CAMBIO el exsenador Humberto de la Calle Lombana.

...Y ahora Constituyente

“Yo no descarto una consulta porque es un mecanismo legítimo. Lo que parece especialmente dañino es una consulta en medio de una crispación electoral sin precedentes, ya que será convertida en un instrumento de campaña, dejando muy poco espacio para la reflexión de la ciudadanía. Si el Gobierno quiere una consulta, esta debería tener lugar después del proceso electoral”, añadió De la Calle, considerado una de los viejos sabios de la tribu en materia política. 

Pero mientras este frenético pulso político se libra en estos escenarios, el presidente Petro ha dado muestras de que está dispuesto a escalar aún más su desafío.

El mandatario aseguró que, en caso de que la Corte Constitucional tumbe el ‘decretazo’, buscará recoger ocho millones de firmas para volver a presentar la consulta popular y, si esta vuelve a ser negada, “ya no queda otro mecanismo”. ¿Cuál?

“Si se cae en la Corte, entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida una Asamblea Nacional Constituyente, que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, respondió a CNN.

Una tesis que sostiene su nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre: “Hay que hacer reformas radicales, ¿y qué pasa? El presidente ya habló y dijo expresamente que necesitamos una Constituyente, una convocatoria Constituyente, pero de iniciativa popular”.

Para muchos, todos estos anuncios corresponden simplemente al lenguaje natural de una campaña política, una fase que se adelantó de manera sorprendente y en la que cada uno de los protagonistas busca posicionarse de la mejor manera, bien sea en los espacios institucionales o en la calle.