Los enredados caminos del registrador frente a la consulta popular vía decreto: ¿convoca o espera control constitucional?

Con un anuncio autoritario —aunque dijo que no era una amenaza—, el presidente Gustavo Petro, en una alocución, insistió este martes que en el transcurso de esta semana convocará la consulta popular vía decreto. Es una apuesta en la que han insistido desde que se hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y, al mismo tiempo, una medida desesperada con toda suerte de críticas de opositores y de algunos petristas que han marcado distancia con anuncios como este.

El Gobierno insiste en este mecanismo pese a que en el Congreso sigue viva la reforma laboral que motivó toda esta andanada de recursos. Pero, en este punto, la consulta popular es una muy buena jugada política. Las mismas encuestas muestran que, tras poner este tema en el debate público, la aprobación del jefe de Estado subió. Además, con la excusa de la consulta tendría vía libre para hacer campaña.

Pero, más allá de los cuestionamientos jurídicos que hay frente a convocar la consulta popular vía decreto, ¿qué camino sigue si esto ocurre?, ¿qué tendría que hacer el registrador, que es uno de los actores claves?