El 11 de septiembre, en la vereda Bocas del Manso, del municipio de Tierralta, Córdoba, un grupo de hombres encapuchados y armados amenazaron a la población civil, incluidas mujeres embarazadas y niños. Gracias a un video grabado por la propia comunidad, se supo después que no eran miembros de las disidencias de las Farc, como ellos se presentaron, sino soldados del Batallón Junín. El hecho terminó con la salida de 18 militares involucrados.

Ahora, un informe reservado del Ministerio del Interior conocido por CAMBIO plantea como hipótesis que detrás de la escena parece estar una estrategia del Clan del Golfo para sacar al Ejército de la zona, con la anuencia de algunos miembros del Ejército, líderes de la región y una ONG conocida como Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, en la que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, funge como alto comisionado del Cuerpo de Paz.

Habitantes de Tierralta, que prefirieron mantenerse en reserva, le reafirmaron a CAMBIO esa hipótesis, que ahora tendrán que investigar las autoridades.

El sur de Córdoba es territorio del Clan del Golfo. De hecho, el Nudo de Paramillo fue el escondite de alias Otoniel hasta días antes de ser capturado en el Urabá antioqueño, en octubre del 2021.

Lo que está pasando en la región, según el informe conocido por CAMBIO, es que el Clan del Golfo, en alianza con integrantes del Ejército y algunos campesinos de la zona, están hostigando a la población indígena con el objetivo de desplazarla y quedarse con los cultivos de hoja de coca. Lo que quieren, supuestamente, es quedarse con toda la cadena del negocio del narcotráfico. 

La hipótesis –que comparten los propios habitantes– es que la escena del hostigamiento que quedó grabada en Tierralta podría tratarse de una estrategia de la estructura criminal para terminar de desprestigiar a los militares, sacarlos de la zona y operar a sus anchas.

Tierralta, la hoja de coca, el territorio indígena y las zonas de reserva campesina

La disputa por la tierra entre indígenas, campesinos y grupos ilegales la exacerbó una resolución de la Agencia Nacional de Tierras.  

El Pueblo embera katío del Alto Sinú se encuentra protegido por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 4 de junio de 2001, tras la desaparición del líder indígena Kimy Pernía Domicó. La vereda Bocas del Manso, donde ocurrió el amedrentamiento del Ejército, se encuentra ubicada dentro de zona, delimitada como territorio del Resguardo Indígena Embera Katío, dentro del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras ANT, mediante resolución del 12 de mayo del 2023, inició el trámite administrativo para seleccionar, delimitar y constituir la Zona de Reserva Campesina Alto Sinú, que estará ubicada en el municipio de Tierralta y atraviesa la ubicación geográfica de la vereda Bocas del Manso. Esa situación, según el informe reservado y las fuentes consultadas por CAMBIO, está siendo aprovechado por el Clan del Golfo. 

“Este último hecho (11 de septiembre) ambienta la presión realizada por miembros de fuerzas militares a indígenas para que salgan de la zona, teniendo en cuenta la declaración de esta como zona de reserva campesina, lo que de manera directa conllevaría a que se establezca el cambio de uso del suelo y el posterior repoblamiento del territorio orientado por las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocido también como Clan del Golfo), con la llegada de personas provenientes de Urabá”, dice el informe reservado dirigido al presidente Petro.

Para llegar a esa conclusión, el informe cita varios antecedentes. El primero es el ocurrido en la comunidad indígena embera katío Kapupudó 1 entre el 11 y el 13 de agosto de 2023, cuando el Ejército Nacional, "bajo el mismo modus operandi", "violentó a la comunidad indígena, incluso con abusos sexuales a las mujeres indígenas".

Dos semanas más tarde, tropas del Ejército llegaron a la comunidad de los Llanos del Tigre, equidistante a la vereda Bocas del Manso, a robarse la mercancía de un laboratorio de procesamiento de coca.

Justamente, una de las hipótesis de lo ocurrido en Bocas del Manso es que el Ejército –disfrazado de disidencias de las Farc– no solo quería hostigar a la población civil sino robarse el dinero que tenían en sus casas algunas familias cocaleras. 

“Finalmente, los robos que se hicieron el día 11 de septiembre de 2023 en la vereda Bocas del Manso podrían estar relacionados con el pago en días anteriores a familias cocaleras del procesamiento del clorhidrato de cocaína. Al parecer, solo en esa comunidad se había hecho el pago de no menos de 30 millones de pesos, por parte de las AGC tanto a cultivadores (por la hoja), como a procesadores del clorhidrato de cocaína y a amedieros, hecho que sería de conocimiento de los militares, según afirman voces de la comunidad”, dice el documento.

"Ya todo está libreteado"

Los habitantes de la región le confirmaron a CAMBIO esa versión: “Todo estaba sincronizado. Las AGC les dicen a los militares 'vayan a hacer esto con confianza y cojan la plata que está en las casas de fulanito y de fulanito'. Les dicen a los líderes que graben. El Ejército se va y en menos de seis horas llega la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y las otras a organizar a la gente y a decirles qué es lo que van a denunciar. Por eso es que, al día siguiente, cuando la Fiscalía y la Procuraduría pretende entrar en helicóptero, les disparan, para ganar tiempo y alinear a la comunidad. El 15, que llegan al territorio, ya todo estaba libreteado”, le dijo a CAMBIO un habitante de la zona.

El informe reservado dice que, incluso, el Clan del Golfo se apropió de la vocería de la comunidad a través de aliados suyos que se hacen pasar por líderes de la zona. La prueba son las fotos –a las que tuvo acceso CAMBIO– de una reunión celebrada el pasado 20 de septiembre entre la comunidad y el gobierno nacional. Por lo menos dos de ellos son conocidos en la comunidad por su cercanía con la organización criminal.

Durante la reunión, una de las voceras de la comunidad fue una mujer que se presentó como representante de la Comisión Latinoamericana de Derechos humanos. Según el documento, a la mujer “en esa zona la conocen como la política de las AGC".

De acuerdo con fuentes de los organismos de investigación, la mujer –que fue vestida con el chaleco de la Comisión– es una de las compañeras sentimentales de alias Mocho Pirata, jefe del Clan del Golfo en la región y quien le responde a alias Chiquito Malo.

Esa misma mujer, a la que las autoridades le tienen el ojo encima, asistió a la reunión como representante de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, de la que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, es alto comisionado de paz.

CAMBIO contactó a Juan Fernando Petro para que se pronunciara sobre la relación de esta mujer con el Clan del Golfo, pero Petro no quiso responder. La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos tampoco contestó.

Varias organizaciones sociales conocidas históricamente por causas similares le dijeron a CAMBIO que no conocían esa comisión. Una de las publicaciones de prensa sobre esa organización tiene que ver con la condecoración que la Comisión le hizo a Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, por su apoyo a la mujer, su carácter de emprendedora y su fortaleza para enfrentar las situaciones.

"Allá manda es el Clan"

En la reunión del 20 de septiembre también estuvo un hombre conocido como Nacho, quien posa de representante de una asociación campesina, pero, al parecer, tiene nexos con el Clan del Golfo. “Líderes comunitarios dan fe de la vinculación de este en la estructura de las AGC (Clan del Golfo), especialmente por su cercanía con el alias Mocho Pirata, quien es actualmente el comandante militar de la zona y quien hace algunos años era integrante del frente 58 de las FARC-EP, pero que desertó del proceso de reincorporación, vinculándose a las AGC (Clan del Golfo)”.

Dicen las pesquisas que Mocho Pirata es conocido en la región porque su madre y gran parte de su familia viven en la vereda Bocas del Manso. 

A la reunión también se sumaron dos abogados que llegaron de Medellín para representar gratuitamente a los campesinos víctimas del hostigamiento del Ejército. Los abogados, según las fuentes, eran enviados por el Clan y manejaron las pautas de la reunión, decidiendo quién hablaba y quién no.

En diálogo con CAMBIO, otro de los habitantes de la zona aseguró que no es que todas las comunidades de la región estén de acuerdo con lo que está pasando, sino que les toca aceptarlo porque “allá manda es el Clan”. 

“Esto no quiere decir que todos y cada uno de los integrantes de las comunidades indígenas de ahí estén de acuerdo con lo que está pasando o supieran qué iba a pasar ese 11 de septiembre. Lo que sí, es que los líderes campesinos articularon todo con el Clan del Golfo y, finalmente, o se hace o se hace”, concluyó la fuente.

El presidente de la república, los ministros de Defensa, del Interior y la Fuerza Pública tienen en su escritorio el informe, que da cuenta no solo de la probable alianza entre algunos militares y el Clan del Golfo en el Nudo de Paramillo, sino de la estrategia de falsos líderes que se hacen pasar como representantes de organizaciones sociales.