Donald Trump aplastó la ayuda social para Colombia: estas son las devastadoras consecuencias

“Hoy hemos dejado de alimentar a los bebés, de dar alojamiento a los refugiados y de mediar en conflictos en todo el mundo. Las organizaciones de ayuda están despidiendo a su personal y muchos programas no se reanudarán”. 

Eso fue lo que escribió en su cuenta de X el senador por el estado de Connecticut, Chris Murphy, refiriéndose a la situación que desde el 24 de enero están viviendo unos 190 países por cuenta de la orden que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de frenar toda la cooperación internacional con la excepción de Israel y Egipto. 

Aunque la plata para financiar cientos de programas sociales en el mundo está disponible y es el Congreso de Estados Unidos el que decide cómo invertirla, Trump resolvió, de forma unilateral y en un hecho inédito, decretar un 'Stop Work'. Eso significa congelar todas las ayudas administradas y canalizadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). 

En el comunicado con el que Usaid les informó la mala noticia a sus aliados, queda claro que la pausa será por 90 días mientras que el Departamento de Planificación de Políticas del Departamento de Estado hace una revisión profunda de cada programa que se financia con dineros de Estados Unidos. El objetivo, según el documento, es “garantizar que toda la asistencia exterior esté alineada con la agenda política del presidente Trump”. 

Hay gran preocupación por los efectos que esto pueda traer. El mismo día en que se conoció la decisión, el diario The New York Times reportó que, como consecuencia de esta medida, en África se suspendió completamente la entrega de medicamentos para población con VIH. Ese es solo un ejemplo de lo que está pasando con las personas más vulnerables. 

Gyude Moore, miembro del Centro para el Desarrollo Global y exministro de Liberia, le dijo al diario estadounidense que: "Algunos de estos programas son lo único que mantiene con vida a las comunidades refugiadas".

Zozobra en el sector social 

En Colombia también están prendidas todas las alarmas. A pesar de que la oficina de Usaid y la embajada de Estados Unidos en Bogotá decidieron no hacer comentarios sobre el tema, CAMBIO ha podido establecer que hay diez operadores en el país que manejan 66 programas sociales financiados con esa cooperación internacional.

Solo en 2024 en Colombia se destinaron más de 300 millones de dólares, equivalentes a 1,3 billones de pesos, para atender temas como migración, lucha contra el cambio climático, programas de protección a la biodiversidad, equidad de género, atención de infancia, asistencia médica y alimentaria, apoyo a la población LGBTI, entre otros. 

Esto también impactará la implementación del acuerdo de paz. Con plata de Usaid se complementan los programas relacionados con la reforma rural integral, ayudas a comunidades étnicas, apoyo a líderes sociales y hasta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibe recursos del gobierno estadounidense para poder cumplir con su función. 

Hoy, tras la orden dada por Donald Trump, millones de personas en Colombia dejaron de recibir atención. Incluso en los territorios más apartados del país se empieza a sentir temor por el fuerte golpe a las economías locales. Para muchos, los recursos propios son insuficientes para abordar sus necesidades y contaban con la ayuda externa para financiar muchas de sus actividades. 

Ya se cumplió una semana desde el anuncio de Trump, pero aún no está clara la verdadera magnitud del daño que está provocando dicha medida. 

Varias personas que trabajan en la ejecución de los programas que financia Usaid y que hablaron con CAMBIO, ni siquiera saben hasta dónde puede llegar la decisión del mandatario estadounidense, que por ahora los dejó sin trabajo. Sin embargo, lo que más preocupa es la continuidad de los procesos con los que decenas de comunidades estaban logrando una transformación en sus vidas. 

¿Cómo funciona la cooperación de Estados Unidos y cómo llega a los territorios?  

Los recursos que Estados Unidos envía a Colombia cada año a través de Usaid deben ser aprobados por el Congreso de ese país. Después de eso, la agencia realiza convocatorias para elegir a sus operadores que son grandes compañías internacionales, especializadas en gestionar y administrar la plata de las ayudas a nivel global. 

En Colombia esos son, entre otros, Chemonics, DAI, Unicef, la OIM, ACDI/VOCA, Tetra Tech, Palladium y Fupad. Cada uno maneja un número determinado de programas de salud, alimentación, derechos humanos, medioambiente, entre otros. Esos programas son ejecutados por organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, empresas y otras asociaciones nacionales subcontratadas que también son escogidas por ellos después de un concurso.

Entregar el dinero directamente al sector social, según le dijo a este medio un colaborador de una de esas organizaciones encargadas de ejecutar los recursos de Usaid, evita la burocracia y los trámites que, por ejemplo, con el Estado, hacen mucho más demorados los procesos.

“Es una financiación estable y no depende de los cambios internos de Gobierno ni de la politización de las ideas. Por eso se trata de unos recursos que definitivamente sí se ejecutan y sí llegan a quienes verdaderamente lo necesitan”, explicó la fuente a CAMBIO. 

No obstante, hay recursos que llegan a los programas por medio del Gobierno nacional, especialmente los que tienen que ver con la implementación de los acuerdos de paz. 

Es por eso que, en el sector social, tal como lo manifestó a este medio otra fuente que trabaja gestionando los recursos provenientes de Estados Unidos, en este momento hay "pánico total". La razón es que en los 66 programas que estaba ejecutando Colombia hasta finales de 2024 hay vinculadas mujeres, niños, población LGBTI, líderes sociales y otras comunidades muy vulnerables. 

“Hemos tenido reuniones con pares en América Latina estos días y en todas las personas hay estupefacción, incertidumbre y conmoción. Aunque es normal que cuando cambia un gobierno en Estados Unidos se revisen las temáticas y la orientación de los programas, siempre se habían respetado las vigencias y no se frenaba todo de manera tan abrupta como esta vez pasó”, manifestó esta otra persona que quiso mantener su nombre en reserva. 

Según el más reciente reporte de Financial Tracking, del total de cooperación humanitaria que recibió Colombia por parte de otros países durante el año pasado, el 76 por ciento llegó desde Estados Unidos a través de Usaid. De ahí la gravedad del problema. 

Los programas sociales afectados por la orden de Trump

La población migrante de Venezuela, que ha llegado desde hace más de seis años a Norte de Santander, en la frontera con Colombia, ha recibido apoyo en el país con programas de atención en salud o seguridad alimentaria, gracias a los recursos de Usaid. 

Los centros Intégrate en Cúcuta y otras ciudades del departamento reciben a diario a cientos de personas que necesitan regularización, identificación, afiliación a EPS, acceso al sistema educativo, atención psicosocial y jurídica y hasta ayuda para conseguir empleo. Sin embargo, desde el pasado 24 de enero sus operaciones se están viendo reducidas.

En esa misma situación se encuentran muchos otros programas a los que, incluso, les tocó cesar ciento por ciento sus actividades. Por ejemplo, Jóvenes Resilientes, Juntanza Étnica, Restaurando Nuestro Futuro, Comunidades Saludables, Oportunidades Sin Fronteras, Hilando Vidas, Migración y Salud, Movilidad Segura, Colectivo Violencia Mujer y también algunos que impulsan la preservación de los recursos naturales, como Naturaleza Productiva que se ejecuta en Casanare. 

La epidemióloga Silvana Zapata, le dijo a CAMBIO que estas iniciativas abarcan áreas cruciales como la ciencia, las ciencias sociales, el desarrollo sostenible y la paz, llegando a sectores donde los recursos estatales suelen ser escasos o inexistentes.

“El contexto actual genera un impacto significativo en el ciclo de planificación y ejecución de ideas que muchas comunidades esperan con ansias y que, en muchos casos, ya tenían presencia por más de tres y cuatro años en los territorios. Las comunidades ven en estos proyectos su única oportunidad de mejorar las condiciones de vida e implementar iniciativas que difícilmente son captadas por sus entidades territoriales”, manifestó Zapata.

¿Qué pasa con la paz? 

El pasado jueves la W Radio reveló que se congelaron unos 15.000 millones de pesos destinados a los proyectos de justicia transicional que maneja la JEP. El presidente Petro dijo ante esto que la indemnización a las víctimas a través de la verdad no se puede suspender y que por eso el Gobierno reemplazará esos presupuestos. 

Entre tanto, según Caracol Radio, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) también sentirá el coletazo al dejar de recibir cerca de 2.700 millones de pesos provenientes de la cooperación internacional. 

En diálogo con CAMBIO, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, explicó que la situación es preocupante porque solo dos países quedaron el año pasado como acompañantes del proceso de promulgación de los acuerdos: México y Estados Unidos. 

Llorente aclara que eso no significa que no se pueda implementar el acuerdo de paz: “Los colombianos somos los que más hemos destinado recursos para ese fin y aunque la cooperación internacional ha sido importante y la parte que entrega Usaid es una de las más grandes, se trata de recursos que complementan y potencian las actividades. Mas no las vamos a frenar por causa de esta pausa que ordenó Trump”. 

¿Una masacre laboral?

Otras de las consecuencias que tiene en Colombia la medida decretada por Estados Unidos tiene que ver con la situación laboral de cientos de trabajadores de las compañías que operan los programas, pero también de sus subcontratistas.

Aunque es muy difícil establecer el número exacto de personas que perdieron sus puestos, CAMBIO conoció que en una sola de las empresas que trabajan con Usaid se terminaron el pasado 30 de enero cerca de 400 contratos. 

A eso hay que sumarles los colaboradores vinculados a cada programa por medio de las organizaciones sociales. Según testimonios de los subcontratistas, había personas que incluso tenían pendiente el primer pago del año, pero eso también se frenó. 

¿Quiénes responden? 

El 29 de enero, un juez federal dio la orden de revocar la medida de Trump de suspender algunas ayudas públicas ya que el presidente también había decretado que se congelaran programas de asistencia en Estados Unidos. El asunto es que no queda claro si el fallo del juez afecta a la cooperación internacional y, sobre todo, si Donald Trump lo va a acatar.  

Por eso, por ahora, todo es incierto. CAMBIO intentó comunicarse con la oficina de Usaid en Colombia pero no obtuvo respuesta. Además, en su página web las plataformas de monitoreo de los programas financiados por esa agencia dicen que están en mantenimiento como se puede observar en la siguiente imagen: 

• Lecciones de la tensión diplomática desatada por Trump y Petro: ¿qué viene ahora para las relaciones bilaterales?

Mientras tanto, la confusión se apodera de las decenas de organizaciones, empresas y colectivos que dependen de los ingresos externos. Por eso muchos no quisieron hablar con este medio y quienes sí lo hicieron pidieron reserva de sus nombres, e incluso el de sus oficinas, por temor a las represalias que puedan llegar de la nueva administración.

No obstante, para ellos esto hace parte de "una persecución" del gobierno estadounidense contra grupos, comunidades y sectores como el LGBTI, el de las mujeres, los migrantes, entre otros.  

Aunque la suspensión de las ayudas cobija a casi todos los países en el mundo y nada tiene que ver con la tensión diplomática del fin de semana pasado entre Colombia y Estados Unidos, lo cierto es que ambas situaciones son un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar el presidente estadounidense.

Uno de los afectados por la orden de congelar las ayudas señaló: “Se quiere perder el conocimiento, la memoria y todo lo que se ha hecho para que las comunidades vivan mejor. Es una decisión de Trump con un único objetivo: acabar con una parte de la población. Lo que está en juego ahora son millones de vidas".