Gorky Muñoz: ¿qué va a pasar con la inhabilidad del exalcalde de Neiva?

El 17 de agosto de 2023 la Procuraduría confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por nueve años para ejercer cargos públicos del entonces alcalde de Neiva, Gorky Muñoz.

La decisión se tomó luego de hallar que Muñoz incurrió en irregularidades al contratar una campaña para entregar alimentación a la población vulnerable en plena pandemia entre marzo y mayo de 2020.  

La destitución, que se dictó por culpa gravísima, señala, entre otros, que Muñoz seleccionó contratistas que no eran la mejor opción y de manera desleal. Ello, no obstante, no implicó la salida de la alcaldía de Muñoz, ya que las sanciones que afectan los derechos políticos de las personas elegidas por voto popular deben ir a una revisión judicial que hace el Consejo de Estado.

Esta entidad define si todo el proceso actuado en la Procuraduría, que es una entidad administrativa y no judicial, fue adecuado y puede mantener la sanción, pero también modificarla e incluso anularla.

Ese nuevo paso judicial debe hacerse por cuenta del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Gustavo Petro Urrego, que indicó que solo un juez penal puede emitir ese tipo de decisiones sobre elegidos por voto. La Corte Constitucional, al revisar una reforma a la Procuraduría, señaló que los fallos del organismo internacional no aplican de manera inmediata y deben armonizarse con la ley colombiana.

Por ello habilitó un remedio: que un juez, no penal pero sí administrativo, revise la actuación de la Procuraduría. Por eso, las sanciones que emite el Ministerio Público, como las del caso de Muñoz, quedan en suspenso mientras son revisadas. El problema  es que la Corte Constitucional señaló en su fallo que esa revisión automática era para los servidores públicos de elección popular que estén efectivamente en el cargo cuando son sancionados.

Tras ser sancionado Muñoz, el 17 de agosto de 2023, el caso solo llegó al Consejo de Estado el 28 de noviembre de 2023, tres meses después de tomada la decisión. Según la Procuraduría, la demora se dio porque la defensa tuvo 30 días para hacer un alegato de defensa que fue remitido el 19 de octubre.

Aun así, el caso se demoró un mes más para llegar al Consejo de Estado. Muñoz terminó su mandato el 31 de diciembre.

¿Qué ha pasado en el Consejo de Estado? Nada. En el expediente solo hay un oficio del 29 de noviembre de 2023 en el que la Procuraduría remite todo el material probatorio del caso contra el exalcalde escaneado. Entre tanto, la defensa de Muñoz, que adelanta el abogado Carlos Arturo Gómez Pavajeau, ya le pidió al Consejo de Estado que revoque la destitución.

Según la defensa de Muñoz, las sanciones de primera y segunda instancia dictadas en su contra fueron irregulares, primero, porque el caso no lo llevó desde el comienzo la Sala Disciplinaria de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, sino que comenzó en una Procuraduría delegada, por lo que se habría violado lo que en derecho se llama ‘garantía de juez natural’.

De fondo, la defensa del exalcalde expone supuestas irregularidades en el proceso disciplinario y señala que no se habrían presentado los vicios en la contratación que señala la Procuraduría.

“No es posible predicar falta disciplinaria en la etapa precontractual porque, dentro del régimen de contratación de urgencia manifiesta, no es obligatorio adelantar estudios, documentos previos y verificaciones propias de la normalidad, debido a las circunstancias de urgencia a la que se enfrentó el señor alcalde para hacer frente a la pandemia”, dijo el abogado Gómez, entre otros argumentos.

Desde finales de noviembre, entonces, el caso está en el Consejo de Estado y aún no es claro qué pasará con la inhabilidad del exalcalde, pues se tendrá que analizar el hecho de que ya salió del cargo y los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional y de la revisión automática de estas sanciones.