Los detalles de la condena contra los dos policías que aceptaron su responsabilidad en las chuzadas de Maralbys Meza

El juez 53 de Conocimiento de Bogotá condenó a diez años de casa por cárcel al intendente Alfonso Quinchanegua y a la patrullera Dana Alejandra Canizales por su participación en las chuzadas a la exniñera Marelbys Meza y a la empleada Fabiola Perea, quienes trabajaron para la entonces jefa de gabinete y hoy directora de Dapre, Laura Sarabia.

Los exuniformados aceptaron cargos por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público agravado, por lo que recibieron una condena más baja y el beneficio de pagarla en la casa.

Según la investigación de la Fiscalía, el primero de febrero de 2023 el intendente Alfonso Quinchanegua y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, adscritos a la Sijín de Bogotá y ambos capturados por el caso de las chuzadas a las empleadas de Laura Sarabia, le pidieron a la fiscal Marbel Alcira Morales, que investigaba el hurto de dinero de la casa de Sarabia, que interceptara a la niñera Marelbys Meza. En ese momento, la funcionaria dijo que no existían “motivos fundados” para hacerlo y rechazó la solicitud.

Dos días después, Quinchanegua y Morales aparecieron, entonces, con el testimonio de una fuente no formal –ya capturada– según la cual un tal alias Pini, quien salía con una mujer mayor, hablaba de cambiar unos dólares producto de "una vuelta" que había hecho "en el norte de Bogotá".

La información, según los patrulleros, era suficiente para ordenar la interceptación, tal como lo hizo la fiscal. 

La patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla, también capturada, fue la que suscribió el formato de fuentes no formales, en el que registraba que “una persona de sexo masculino se había acercado el día 2 de febrero de 2023 a las instalaciones de la Sijín Mebog y le había indicado que se encontraba inscrito como fuente con el código (equis) y que le había entregado información relacionada con un hurto en un edificio del barrio La Colina”.

Los hechos encajaban de manera perfecta con el caso recientemente asignado a Quinchanegua y Morales. 

“Esta semana estaba cerca del portal y me encontré con un man que le dicen Pini, o siempre le han dicho así. Entre las cosas que hablamos, me dijo que estaba contento que porque había hecho una vuelta, que le había ido bien, que estaba ganando, me dijo que le ayudara a vender unos dólares, que necesitaba salir de eso, tener las monedas en dinero colombiano, yo le dije y eso de qué es, el man me dijo no, un negocio que hice con una amiguita por el norte y me salió bien, la vieja trabaja en un rancho en un edificio lujoso por los lados de Colina de unos manes que portan la grasa que trabajan como en la Alcaldía y que la llevan pulpita en efectivo siempre, me traje unos buenos pesos y usted sabe cómo son vueltas, eso toca sacarlo si o si rápido, yo le dije que tenía unos conocidos que tienen contacto con una casa de cambios firme o que si no tocaba dejar eso en el centro pero que allá salían más baratos. El man alias Pini me dejó el número de celular para contactarlo y ayudarle con eso, que el man me dejaba unos pesos por la vuelta", dice el supuesto relato de la fuente.

La supuesta fuente dijo que alias Pini andaba con “una vieja, medio cucha alta, blanca, como costeña”, y que conocía a alias Pini porque “ha sido cansón” y que se imaginaba que seguía “haciéndole vueltas a los ranchos” y “que andaba con varias personas en eso". Con esa información, el 3 de febrero la fiscal Morales solicitó la interceptación de las líneas.

La línea de Marelbys Meza, sin embargo, le rebotó porque ya se encontraba programada en otra sala de interceptación, en medio de una investigación contra el Clan del Golfo en Chocó.

Meses después, ese episodio desataría no solo el escándalo de las chuzadas de las empleadas de Laura Sarabia y de la muerte del coronel Óscar Dávila, sino una nueva línea de investigación que adelanta la Fiscalía, relacionada con un posible tráfico de fuentes que tiene que ver con falsedades que se consignan en los informes de fuentes no formales con el fin de satisfacer los deseos de particulares.

La condena contra el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales, es la primera sentencia que se emite en la investigación por las chuzadas.