El fraude fue denunciado ante la Fiscalía.
Crédito: Colprensa
La historia de un fraude millonario contra la EPS Humana Vivir
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Cuando la EPS Humana Vivir estaba en crisis, una llamada alertó a los agentes liquidadores de que un tercero había cobrado 626 millones de pesos en títulos judiciales y que pretendía cobrar otros 3.000 millones de pesos con la ayuda de una decisión judicial irregular. El caso que fue denunciado en todas las instancias acaba de terminar en una millonaria condena a la rama judicial. Le contamos.
El 25 de febrero de 2014, sobre la una de la tarde, los agentes liquidadores de la EPS Humana Vivir recibieron una llamada preocupante.
La persona al otro lado de la línea llamaba de una sede del Banco Agrario en Cartagena, preguntando si los liquidadores habían autorizado la entrega de varios títulos judiciales por casi 3.000 millones de pesos a Manuel Felipe Casas Franco.
La alarma se disparó de inmediato y el cobro irregular se pudo frenar.
No obstante, días antes, Casas Franco había alcanzado a cobrar ocho títulos judiciales por 626 millones de pesos a pesar de no tener relación alguna con la EPS que en ese momento estaba siendo intervenida por la Supersalud. Este cobro fue posible por una orden judicial que dictó el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena que lideraba en ese momento Héctor Iván Mattar.
Casas Franco, con cédula de Villavicencio, llevaba años figurando en este proceso sin que nadie advirtiera que nada tenía que ver con la EPS. El caso que inicialmente llevaba el juez Mattar había empezado el 3 de mayo de 2020 y tenía que ver con una demanda que interpuso la Compañía Colombiana de Salud-Clínica Mar Caribe (Colsalud) en contra de Humana Vivir con la que buscaba recuperar 1.738 millones por concepto de facturas sin pagar por varios servicios de salud prestados a sus afiliados.
Esa demanda arrancó cuando Humana Vivir estaba en crisis y en liquidación, pero todavía no estaba bajo la mira de la Supersalud. El juzgado de Cartagena ordenó el embargo de unos créditos y dictó medidas cautelares por 2.607 millones de pesos en mayo de 2010. Luego, el caso se enredó por temas procesales: se determinó que el caso no podía hacerse en Cartagena porque el domicilio de Humana Vivir era en Bogotá, por lo que pasó a despachos judiciales de la capital del país, y en agosto de 2011 la Supersalud intervino la EPS y tomó posesión inmediata de los bienes y negocios de esa entidad.
En 2012, un juzgado de Bogotá levantó las medidas y ordenó frenar las órdenes de pago que ya estaban listas, mientras que la Supersalud solicitó a todos los juzgados del país suspender todos los procesos que estuvieran andando.
Sin embargo, el 19 de febrero de 2014, el Juzgado de Cartagena mencionado ordenó el pago de los títulos judiciales a Manuel Felipe Casas que alcanzó a hacerse de manera irregular con 626 millones de pesos.
La defensa del juez Mattar fue que la decisión obedeció a la petición de Carlos Enrique Cortés, agente liquidador de la EPS, de devolver los títulos judiciales, en un escrito en el que menciona a Casa Franco como la persona autorizada para recibir el pago. No obstante, Humana Vivir dijo que desconocía a esa persona, que eran documentos falsos, y presentó una denuncia ante la Fiscalía.
Aunque la denuncia se presentó en febrero de 2014, aparece formalmente asignada a la Fiscalía 30 Seccional de Cartagena desde noviembre de 2019, sin que se conozcan mayores resultados hasta el momento.
Humana Vivir también presentó una queja disciplinaria contra el Juez Séptimo Civil del Circuito de Cartagena Héctor Iván Mattar a quien el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar le formuló pliego de cargos en 2017 por haber tomado una decisión en un caso que ya no estaba en su despacho, ya que había sido remitido a Bogotá, y por dictar una decisión arbitraria.
De otro lado, Humana Vivir en liquidación presentó el 18 de marzo de 2016 una demanda buscando ser resarcida por la falla en el servicio del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena que afectó a la entidad patrimonialmente.
El Consejo de Estado acaba de fallar a su favor al determinar que, en efecto, el auto que permitió el pago fue contrario a derecho porque ese juzgado no tenía competencia para emitir esa decisión. En la sentencia conocida por CAMBIO, el alto tribunal dijo que el error judicial implicó un detrimento por 626.902.207 millones de pesos y ordenó que la Rama Judicial pague ese monto ya no a Humana Vivir, que no existe, sino al Ministerio de Salud por tratarse de dinero del Sistema de Seguridad Social en Salud.
“La Sala accederá a la solicitud de la parte actora contenida en su recurso de apelación, por lo que se modificará la sentencia de primera instancia a efectos de reconocer como monto del perjuicio la suma pretendida en el libelo inicial, esto es, $626’902.207”, dice el fallo.
Ese monto, no obstante, se actualizó a febrero de 2024 y el valor total a pagar será de 1.082’994.017 millones de pesos.
La sentencia precisó que si en el proceso penal se termina ordenando un resarcimiento de perjuicios, la suma que en efecto se pague “será descontada de lo aquí reconocido”.
