La disputa empresarial que tiene en vilo al puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia

La Sociedad Portuaria de Buenaventura es una de las empresas más grandes e importantes de ese puerto en el Pacífico colombiano. Desde hace 30 años ha sido manejada, entre otros, por cuatro grandes conglomerados que ahora están buscando la forma de recuperar lo que significó esa compañía para sus intereses económicos.

En esa sociedad también tiene participación el sector público a través de la Alcaldía de Buenaventura y el Ministerio de Transporte y hay casi 500 accionistas minoritarios que completan dicha administración. 

El problema que afronta actualmente la Sociedad Portuaria no es menor. Varias medidas administrativas y también factores externos han provocado que dicha empresa haya registrado en 2023 las pérdidas más grandes en su historia. Algunos creen que se habrían presentado malos manejos de los recursos que ingresaron en el año y otros consideran que la situación se deriva de un posible conflicto de intereses que se empezó a gestar hace un par de años en la sociedad. 

No obstante, uno de los problemas más graves que tiene ahora al puerto en el limbo fue una acción del Gobierno Nacional que habría sido lo que dejó por fuera a los accionistas minoritarios de la compañía. El 19 de marzo, durante la asamblea anual de la empresa, el representante de estos accionistas fue sacado de la junta directiva y la participación y voto de los pequeños dueños se perdió. 

Desde ese momento las decisiones quedaron en manos de aquellos grupos familiares que encarnan el verdadero poder detrás de lo que otrora fue uno de los negocios más rentables en materia de comercio nacional e internacional.

La composición accionaria 

Aunque a lo largo de estos treinta años la Sociedad Portuaria de Buenaventura ha tenido varios cambios en su composición accionaria, en los últimos periodos ha estado conformada por los accionistas mayoritarios que cuentan con más del 80 por ciento de participación. 

Ellos son la familia Parody Écheona, representada por el empresario Manuel Isaac Parody, quien es hermano de la exministra Gina Parody, la empresa Ventura Group del empresario Álvaro Rodríguez, el Grupo Harinera del Valle de la familia Paz Bautista y la Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles, Ciamsa, que agrupa a los 12 ingenios azucareros más importantes del departamento del Valle del Cauca.

El resto de la sociedad está integrada por la Alcaldía de Buenaventura, que tiene un 15 por ciento de participación, el Ministerio de Transporte, con un 2 por ciento de acciones, y 500 personas naturales que tienen casi seis millones de acciones que equivalen a un poco más del 7 por ciento de los títulos. 

Hasta el año pasado, todos esos accionistas ocupaban un renglón en la junta directiva de la compañía y entre ellos tomaban las decisiones sobre el futuro de la misma.  

El 5 de enero de 2024, antes de que se llevara a cabo la asamblea de accionistas, el Ministerio de Transporte expidió la resolución con la que ordenó transferir sus casi dos millones de acciones de la Sociedad Portuaria de Buenaventura a la Central de Inversiones S.A, (Cisa), que también es una entidad pública y que está gerenciada por el señor Nicolás Corso. 

Salen los minoritarios 

Aunque según el reglamento de la Sociedad Portuaria se debe surtir el derecho preferente que establece que hay que ofrecer primero las acciones a los otros miembros de la empresa que ya son dueños, el Ministerio de Transporte las cedió a Cisa sin haber cumplido con dicho el trámite.

Cisa le explicó a CAMBIO que eso se hizo para cumplir con el artículo 330 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual que estableció que las acciones del Ministerio de Transporte en las sociedades portuarias debían pasar a manos de la Central de Inversiones para que esa entidad las administrara. Pero lo que vino después causó mucha molestia en los accionistas. minoritarios. 

Y es que el gerente de Cisa, Nicolás Corso, apoderado a partir de ese momento de las acciones del MinTransporte, votó favorablemente en la asamblea por la lista conformada por la familia Parody dejándoles un renglón más en la junta directiva y generando que Tulio Sánchez, representante de los pequeños dueños del puerto, perdiera su puesto. 

“La familia Parody ya tenía un asiento en esa junta, pero con el voto que Corso les entregó lograron uno más. Al señor Nicolás Corso le pedí, casi que rogando, que nos acompañara con su voto pero hizo oídos sordos, era una roca, no contestaba ni decía nada porque ya tenía sus compromisos adquiridos. Le solicité los dos puntos que tenía pero se los dio a los empresarios de Bogotá para que ellos tuvieran más representación”, le manifestó a CAMBIO el señor Sánchez. 
 
Pero, ¿por qué sacaron a los minoritarios? Tulio Sánchez cree que la decisión se tomó por las preguntas que venía haciendo sobre la administración de la sociedad y por los callos que estaba pisando. 

“Los resultados han sido negativos, llevamos tres periodos en los que no hemos recibido dividendos, estamos pasando trabajo porque nosotros los accionistas pequeños que somos personas naturales (médicos, ingenieros, amas de casa, profesores o abogados) vivimos de esas ganancias incluso para completar para comer. La gente está desesperada y este año la situación parece igual, ya que en los primeros tres meses de 2024 también se han acumulado pérdidas de más de 6 mil millones de pesos y por eso creemos que en junio tampoco habrá dividendos”, asegura con preocupación el representante de los minoritarios que ya no está en la junta.

Dicha alianza del Gobierno representado por Cisa y la poderosa familia Parody, según fuentes consultadas por CAMBIO, habría sido determinante para dejar sin participación a aquellos que con tanto esfuerzo han logrado sostenerse en la junta para poder acompañar las decisiones que allí se toman. 

Por eso se preguntan: ¿por qué el Gobierno no apoyó a los ciudadanos de Buenaventura que por tantos años han soportado estar al margen de las grandes decisiones y que ahora están perjudicados por las deudas de la sociedad y por sus malos resultados? 

Con la decisión de Corso en la junta de la Sociedad Portuaria, la familia Parody quedó representada por María Carolina Suárez, a quien dicho funcionario apoyó, y por el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, quien desde hace varios años es miembro principal a nombre del conglomerado y que hoy en día se declara como férreo opositor del Gobierno. 

Es por eso que Tulio Sánchez, el representante de los minoritarios, se sigue cuestionando por qué ahora el Gobierno se alió casi que con sus enemigos. "Hicieron una maniobra macabra y atropellaron a los pequeños accionistas”, manifiesta. 

Otra cosa dice Nicolás Corso, presidente de Cisa. En diálogo con CAMBIO, el funcionario aseguró que como representante del Gobierno, que también tiene participación minoritaria, lo que hizo fue buscar un puesto en la junta porque necesitan llevar a consideración de ese órgano un proyecto de industrialización pesquera que se quiere aplicar inicialmente en el Muelle 13 y luego en todo el puerto. 

“El Gobierno lo que quiere es garantizar la industrialización de la pesca a partir de la recuperación de sus activos y queremos conciliar con todos los sectores. Por eso buscamos un puesto en la junta de la Sociedad Portuaria con el compromiso de que los accionistas mayoritarios nos apoyen en la iniciativa”, manifestó Corso, quien ahora es suplente en el renglón que obtuvieron los Parody. 

Las millonarias pérdidas 

Los problemas en la sociedad que maneja gran parte del puerto de Buenaventura se agudizaron con los resultados financieros de 2023. Cuando se presentaron las cifras del año pasado se evidenció que en el primer semestre la empresa reportó pérdidas por 8.928 millones de pesos y por ende no le repartió dividendos a sus 1.906 accionistas. 

En el segundo semestre del año todo empeoró. Según datos conocidos por CAMBIO, en este periodo las pérdidas acumuladas fueron de 38.470 millones de pesos y tampoco se pudo entregar ganancias a los dueños. 

Como si eso fuera poco, durante todo el año pasado la sociedad acumuló un pasivo financiero superior a los 720.000 millones de pesos y por eso le tocó someterse a un acuerdo privado con los bancos a diez años en los que debe cumplir con unos índices financieros que le permitirán repartir solo el 50 por ciento de sus utilidades si es que logra un equilibrio. 

CAMBIO consultó a diversas fuentes al interior de la compañía sobre esa situación y varios coinciden en que las razones de la crisis tendrían que ver con la carga que se ha desaparecido en los últimos años, no solamente en ese puerto sino en otros a nivel mundial.

Y es que la mayor parte de los ingresos que tiene la sociedad portuaria se generan por la llegada de los contenedores y últimamente eso ha disminuido. Se le suma la competencia desleal y las tarifas diferenciales que se han implementado para los graneles y el azúcar, entre otros productos. 

Sin embargo, otras personas involucradas en este negocio aseguran que justamente eso es lo que ha hecho que el puerto deje de ser rentable. Esas tarifas favorables para ese tipo de cargas configuran un conflicto de intereses ya que, según dicen, justamente los principales accionistas de la Sociedad Portuaria de Buenaventura son empresarios de esos sectores (el de los graneles y el azúcar) y quién más que a ellos les conviene cobrar menos por la mercancía que mueven. 

Las fuentes consultadas por CAMBIO aseguran que no se entiende por qué el Gobierno insiste, por un lado, en querer dejar la administración de los puertos en manos de las comunidades, pero por el otro hace alianzas con los grandes empresarios para quitar del medio a las personas naturales y nativos que piden a gritos seguir participando, porque tienen derecho, en las decisiones que se tomen con la empresa más grande de Buenaventura.