La historia detrás del insólito reversazo del gobierno Petro en contrato del puerto de Buenaventura

Luego de una larga negociación entre el Gobierno Nacional y la Sociedad Grupo Portuario, la cual se remonta al año 2021 y que buscaba prorrogar por 20 años más el contrato 002 de 2005 para la concesión del muelle 13 en el puerto de Buenaventura, el pasado 23 de diciembre, tal como lo reveló CAMBIO, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, expidió la resolución con la que, por fin, aceptó la adición. 

La decisión de dejarle a Ventura Group, principal accionista de la Sociedad Grupo Portuario, la terminal marítima hasta el año 2045, fue aprobada y firmada por la entonces presidenta de la ANI, Carolina Barbanti, quien con esa medida dejó abierta la puerta para la elaboración del otrosí con el que se materializaba dicha prórroga. 

Sin embargo, solo cinco días después se tomó una nueva determinación que dejó sorprendidos a los operadores del muelle 13. El Consejo Directivo de la ANI revocó aquella resolución advirtiendo que por temas ambientales no se podía ampliar el plazo del contrato a la Sociedad Grupo Portuario.  

Esa nueva decisión fue confirmada en otro documento emitido el pasado 6 de enero de 2024, en el que se reiteró que no se aprueba ”la modificación de las condiciones del Contrato de Concesión Portuaria No. 002 de 2005 celebrado con la sociedad Grupo Portuario, teniendo en cuenta la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”.

En esa resolución que tumbó la mencionada prórroga, se advierte también que por incluir carga de carbón en el puerto “es necesario antes de emitir aprobación, verificar el estado del instrumento ambiental y la necesidad de una licencia ambiental, lo cual debe ser consultado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”.

Adicionalmente, se pide revisar la pertinencia de este tipo de carga, de cara a la postura de país en la COP 28 de cambio climático, donde con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, la ministra de Ambiente y otros representantes de país, se acordó “a nivel planetario” avanzar en un esfuerzo global para dejar el petróleo, el carbón y el gas”.

El documento con esas justificaciones que confirmaban el fin de la concesión que estaba en manos de Ventura Group desde hace más de 30 años, fue también firmado por la funcionaria de la ANI, Carolina Barbanti, quien según pudo establecer CAMBIO, nunca quiso darle el visto bueno a ese reverzaso.

¿Una firma obligada? 

Aunque Carolina Barbanti era la vicepresidenta de gestión contractual de la ANI cuando se revocó la prórroga del contrato a Ventura Group, también era la presidenta encargada de esa entidad y por eso no era justamente ella la que debía firmar la decisión. 

Según ha podido conocer CAMBIO, la funcionaria se habría negado en varias oportunidades a aceptar la orden que llegó desde el propio ministro de Transporte, William Camargo, y que pedía echar para atrás la adición del contrato a la compañía de Álvaro Rodríguez. 

Según le dijeron fuentes a CAMBIO, Barbanti presuntamente tenía claro el riesgo que corría al revocar una medida administrativa que ya estaba en firme y por eso no habría querido ser la responsable de lo que ahora muchos consideran una chambonada de la ANI que desembocará en una millonaria demanda contra la Nación. 

Fuentes le contaron a CAMBIO que quien sí debía participar en la aprobación del documento en el que se plasmaba la orden del ministro Camargo era la vicepresidenta jurídica de la ANI, Olga Isabel Buelvas. No obstante, esa funcionaria es muy cercana al titular de la cartera de transporte y, según los testimonios recibidos por este medio, ella quiso mantenerse al márgen del procedimiento.

No obstante, Buelvas aclaró que por competencia y según sus funciones, no es la que debe encargarse de dichos procesos contractuales. 

"La vicepresidencia Jurídica a mi cargo, presta un apoyo transversal a las demás vicepresidencias de la entidad, y tiene el deber de asesorar jurídicamente la estructuración y gestión contractual de los proyectos de concesión y demás formas de Asociación Público-Privada, pero no tiene ordenación del gasto, ni representación legal alguna frente a los proyectos y contratos de concesión adelantados en la entidad" manifestó la funcionaria.

Hubo amenazas de renuncias 

La molestia por tal arbitrariedad habría hecho que la presidenta encargada de la ANI, Carolina Barbanti, y también el gerente de puertos de esa entidad, Fernando Hoyos, manifestaran su intención de abandonar los cargos que ocupaban en la agencia. 

A pesar de esa situación, días después de emitir el documento, el ministro William Camargo presuntamente persuadió a los funcionarios para que se quedaran. Una vez firmada la última resolución, el sábado 6 de enero, Barbanti salió a una semana de descanso, y  Hoyos tomó su periodo de vacaciones. Todo habría sido con el fin de calmar las aguas. 

Cuando CAMBIO reveló todo lo que estaba pasando con el contrato del muelle 13 en el puerto de Buenaventura, el ministro decidió publicar inmediatamente la hoja de vida de quien sería el nuevo presidente de la ANI. 

En ese momento se conoció que Francisco Ospina, exdirector de la Aerocivil, llegaría a dirigir la entidad y que Carolina Barbanti volvería a su cargo en la vicepresidencia de gestión contractual.

Aunque Carolina Barbanti manifestó en su momento que no quería firmar ni participar en las decisiones que hoy tienen a la ANI en un lío de marca mayor, es a ella a quien la Procuraduría General de la Nación podría requerir en un proceso disciplinario.   

El ministro de Transporte, William Camargo, reconoció también en medio de una entrevista que le dio esta semana a Caracol Radio que “ese proceso, en últimas, ya sugiere una apertura de una investigación disciplinaria para el Ministerio y quienes participamos en eso”.

*La versión original de esta nota fue modificada en atención a la solicitud de rectificación hecha por la señora Olga Isabel Vuelvas, vicepresidenta jurídica de la ANI, quien pidió aclarar que ella, por competencia, no debía firmar el documento con la decisión que echó para atrás la prórroga del contrato del Muelle 13 en  Buenaventura, como originalmente se había manifestado en esta publicación.