La multimillonaria obra contaminante que le entregaron al sobrino de Ape Cuello con recursos de la paz

El proyecto fue adjudicado en tiempo récord, con un valor de 30.968 millones de pesos, y consiste en el mejoramiento de la vía San Jacinto-7 de Agosto, en el municipio de Codazzi, departamento del Cesar. 

Pasaron solo 37 días desde que se abrió el proceso de licitación (14 de diciembre de 2021) hasta su adjudicación (20 de enero de 2022).
La firma ganadora fue el Consorcio Vial Codazzi 2022, conformado por Libardo José Cuello Herrera, MP Construcciones e IMF Ingeniería S.A.S.

Libardo José Cuello es el representante legal de este consorcio y además es sobrino del congresista cesarense Alfredo Ape Cuello, quien se ha visto involucrado en varios escándalos de parapolítica, Odebrecht y el manejo de recursos de Ocad-Paz.
Precisamente, el contrato adjudicado en tiempo récord a su sobrino es pagado con esos recursos.

Un informe de la Silla Vacía dio cuenta de la participación del sobrino de Ape Cuello en tres contratos con recursos de la paz por 83.000 millones de pesos. Para la fecha de ese informe, agosto primero de 2022, el consorcio del sobrino de Ape Cuello había recibido 12.000 millones de anticipo y solo había avanzado en el 2,98 por ciento de la obra.

Los posibles delitos ambientales

El 26 de agosto de 2022, cinco gobernadores del pueblo yukpa enviaron una denuncia al presidente Gustavo Petro, al ministro del Interior, Alfonso Prada, a la ministra de Cultura, Patricia Ariza, a la procuradora, Margarita Cabello, al fiscal, Francisco Barbosa, al contralor, Felipe Córdoba, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz, enumerando tres presuntos actos de corrupción cometidos con recursos de Ocad-Paz.

Entre ellos estaba la vía San Jacinto-7 de Agosto. Según ellos, en dicha obra, que consiste en la ampliación en el ancho de una vía de 12 kilómetros, sin licencia ambiental.

La obra se está construyendo sobre un ecosistema muy frágil, un bosque de niebla con nueve nacimientos de agua. Según la denuncia de los gobernadores indígenas, los trabajos destruyeron los nueve manantiales.

Además, las obras se están ejecutando sobre territorio ancestral yukpa. Según la denuncia, los trabajos causaron remoción de rocas, las cuales destruyeron cultivos y viviendas, causando el desplazamiento de familias yukpas a zonas más altas.

Días antes de la denuncia, expertos de la Corporación Autónoma Regional del César hicieron una visita técnica a las obras. Encontraron que, efectivamente, los responsables de la obra arrojaron escombros y rocas de hasta dos metros cuesta abajo, “sin tener la precaución de salvaguardar la integridad de los elementos naturales y de infraestructura social que existe en esta región perteneciente a la comunidad yukpa y campesina”, dice un aparte del informe técnico. 

Además, se confirmó que, para la ejecución de la obra, no hubo permisos para vertimientos de agua; ni siquiera hubo trámites ambientales. Se evidenció que los constructores están tomando agua de los afluentes de la zona y contaminándolos con aguas residuales del lavado de maquinaría y mezclas de concreto, y vertimientos domésticos. La obra del sobrino de Ape Cuello ni siquiera cuenta con baterías sanitarias para sus trabajadores. También se evidenció la tala de árboles sin autorización de la autoridad ambiental y la migración de fauna silvestre a causa de las obras.

Profesionales de la Corporación Autónoma Regional del Cesar oficiaron al municipio de Agustín Codazzi para que informaran qué permisos y estudios ambientales se solicitaron antes del inicio de las obras y, de ser así, qué respuestas obtuvieron. También le pidieron a Usaid información sobre si efectivamente participaron en la elaboración de la vía y si previeron el impacto ambiental en la zona.

Además de las comunidades indígenas y campesinas,afectadas por esta obra, caficultores, ganaderos, palmicultores, y los mismos habitantes de Codazzi podrán verse afectados por el daño a los cuerpos de agua que surten a estas comunidades y que alimentan el acueducto del Municipio.

Mario Ernesto García, quien hace parte de Daza & Espinosa Abogados,equipo jurídico que representa a agroempresarios afectados por la obra le dijo a CAMBIO: " hemos venido denunciando ante los jueces de la República, las irregularidades del contrato y también hemos denunciado ante la Procuraduría y la Contraloría".

A pesar de la herida ambiental y la vulneración de los derechos humanos de campesinos y población indígena, las obras continúan.