La otra Guacharacas: la pelea por una de las mejores fincas de Colombia

Hay quienes la llaman el Ferrari de las fincas. Siete kilómetros de su área colindan con el río Magdalena, y otros siete, con la  moderna vía Honda-Puerto Salgar-Girardot.

En la mitad de este rectángulo hay un valle fértil y plano que fue antes de los propietarios de Arroz Diana. Durante el mandato de Ernesto Samper, la finca fue adquirida por el Estado por 3.900 millones de pesos, y luego le fue adjudicada a familias campesinas beneficiarias del programa de Reforma Agraria.

Además de la tierra, los campesinos recibieron créditos para ponerla a producir. Pero eso no fue fácil. A pesar de estar en una de las mejores zonas agrícolas del país, los emprendimientos campesinos no rindieron mayores frutos.

Hacia el año 2006, los campesinos empezaron a colgarse en el pago de sus créditos. En 2009, dos funcionarios del Incora, enterados de esas deudas, abordaron a los labriegos para decirles que sus tierras iban a ser rematadas. Los funcionarios, Luis Guillermo Forero y Edgar Rueda, habrían convencido a los agricultores de que vendieran sus valiosas tierras. Así lo aseguró en un oficio Israel Puentes , uno de los anteriores abogados de los campesinos. En el mismo escrito, el jurista aseguró que la venta de dichas tierras se realizó sin que se cumplieran una serie de condiciones. Argumentó que en la escritura del predio estaba consignado que el inmueble no podía ser vendido sin autorización expresa del Incora, y que, si había una acción de cobro judicial sobre el inmueble, era el Incora, ahora Agencia Nacional de Tierras, la que tenía el derecho preferencial de compra.

Según la denuncia, los mismos funcionarios habrían sido quienes les recomendaron a los campesinos los nombres de los compradores. Uno de estos, Mario Gutiérrez, ofreció comprar la tierra y pagar de manera inmediata los créditos a Finagro y al Incoder. El saldo sería girado a los campesinos.

Pero eso no ocurrió. Ni las deudas a Finagro fueron canceladas, ni el saldo, entregado a los campesinos. El 18 de abril de 2008 se firmó el documento de compraventa de la finca, que habría sido proyectado por uno de los funcionarios del Incora.

La firma compradora fue la Sociedad Agrícola Guacharacas, constituida 11 días antes del negocio con un capital de 12 millones de pesos. A través de esta sociedad se adquirió la finca, en un precio pactado de 11.000 millones de pesos. Posteriormente, esta sociedad se declaró en insolvencia y entró en proceso de liquidación en la Supersociedades.

Actualmente, hay una demanda en curso, interpuesta por el apoderado de  los campesinos, contra la Empresa Agrícola Guacharacas. La parte apoderada de los campesinos espera que la Superintendencia de Notariado y Registro anule las anotaciones donde figura la venta. Mientras tanto, los empresarios que compraron dicen ser víctimas de una serie de maniobras jurídicas que buscan despojarlos de su inversión.

Ellos están a la espera de que la Supersociedades venda el inmueble para pagar acreencias y recuperar parte de sus recursos. Los campesinos, que a su vez conformaron la Empresa Comunitaria Guacharacas, esperan que un juez les devuelva la posesión del inmueble y que la Supersociedades cancele el embargo decretado sobre la finca.

El papel de la Superintendencia de Sociedades

Los abogados que representan a los campesinos que aspiran a que la finca les sea devuelta, califican de “absurda pirueta” que la discusión sobre la propiedad del inmueble esté ahora en manos de la Supersociedades.

Santiago Morales, abogado que lidera la estrategia jurídica de la Empresa Comunitaria Guacharacas, que asocia a campesinos a los que el Incora les entregó la tierra, asegura lo siguiente: “Se trata de un caso de corrupción administrativa al servicio de intereses oscuros de particulares. Estamos ante un abuso –por parte de funcionarios de la Superintendencia de Sociedades– de la ley de insolvencia (Ley 1116 de 2006) aprovechando que ésta, de manera absurda, solo contempla una instancia, dejando, en este caso, a un grupo de campesinos carentes de una instancia superior para hacer valer sus derechos”. Además, asegura que la empresa compradora de la finca fue admitida de manera irregular por el superintendente Nicolás Polanía; dice que fueron aportadas actas inexistentes y contabilidad falsa.

Ese mismo abogado, por medio de un actuación administrativa, le solicitó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Facatativá que revocara las anotaciones de venta y embargo de la finca.

La versión de los compradores

CAMBIO habló con Luis Guillermo Cortázar, uno de los más grandes importadores de llantas del país y socio de la firma que compró la finca. Cortázar, como empresario, fue consciente de las enormes posibilidades productivas de la finca Guacharacas y por eso conformó una sociedad para adquirirla y desarrollar allí proyectos agroindustriales.

Los predios entregados por el Estado a campesinos y víctimas del conflicto tienen una serie de vedas, entre ellas, un tiempo para poder venderlas. La parcelación de la finca Guacharacas no fue la excepción. El tiempo establecido por el Incora para que los campesinos pudieran vender fue de 12 años. Este es uno de los argumentos centrales esgrimidos por los abogados de los campesinos que buscan la anulación de la compraventa. Ellos aseguran que dicho negocio se llevó a cabo antes de que se cumpliera el plazo establecido por el gobierno.

Consultado por CAMBIO, Luis Guillermo Cortázar aseguró: “Eso es totalmente falso, habían pasado doce años, cinco meses y quince días al momento de hacerse la compra”.

Otro de los argumentos esgrimidos por los abogados de los campesinos es que era necesaria una autorización expresa de la junta directiva del Incora para que los campesinos pudieran vender la tierra. Cortázar dijo que esa condición habría aplicado si la venta se hubiera hecho en el periodo de veda de 12 años establecido por el Incora. La contraparte de Cortázar tiene una interpretación diferente. El abogado Morales le dijo a CAMBIO lo siguiente: “Si bien es cierto que pasaron los 12 años entre el momento de la adjudicación de la tierra y la compraventa, hubo una anotación en el año 2005 que está vigente. Se trata de una medida cautelar impuesta por el propio Incoder, que interrumpe ese plazo”. La  medida cautelar se impuso por cuenta de las deudas que tenían los campesinos con la entidad ( a razón de los créditos desembolsados para cultivos) y dicha anotación aún no ha sido levantada.

Cortázar le explicó a CAMBIO la razón por la que no se pagó el resto del dinero de la compra y honrar las deudas pendientes de los campesinos con Finagro. Según él, en el momento del desembolso de los créditos, no todos los campesinos firmaron los pagarés, y cuando los compradores fueron a cancelar las deudas, los dineros no les fueron recibidos porque había aún pagarés sin firmar.

Así las cosas, no fue posible levantar la hipoteca sobre el lote antes de que se venciera el plazo establecido en la promesa de compraventa. 
Cortázar asegura que su sociedad hizo millonarias inversiones en el predio, pero que, por cuenta de las maniobras jurídicas hechas por abogados de los campesinos, nunca pudieron poner a producir la tierra.

El empresario dijo que, agotado por dichas trabas, decidió recurrir a la Superintendencia de Sociedades, para que la sociedad fuera admitida en proceso de reorganización. La reorganización no funcionó y ahora la sociedad se encuentra en proceso de liquidación.

La venta de tan apetecido predio es un negocio en el que más de un empresario del país estaría interesado.

El reconocido uribista con intereses en el predio

“Somos tan brutos todos que ya en Colombia hay ocho millones de personas que votaron por Petro”. La frase, que se hizo viral en redes, fue pronunciada por Jorge Ballén, un reconocido uribista cuya amistad con los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque es ampliamente conocida. Las palabras de Ballén, dichas en diciembre de 2021, lo hicieron visible para un grueso de audiencias, pero su nombre ya era reconocido en el mundo de las inversiones agrícolas y el turismo.
Ballén es el dueño del Parque Temático Panaca, reconocido centro turístico ubicado en Quimbaya, Quindío, y también tiene que ver con la hacienda Guacharacas.

Según el abogado Santiago Morales, Ballén llegó a la finca en disputa de la mano de uno de los expresidentes de la empresa comunitaria: Capitolino Legros. El empresario Cortázar lo describe como uno de los “gamonales” que ahora maneja la finca.

Aparentemente, no hay contratos suscritos entre Ballén y los campesinos, pero una empresa relacionada con él estaría explotando 700 hectáreas del fértil terreno.

Se trata de Agrícola El Juguete, cuyo representante legal es su hijo Esteban Ballén. En un oficio enviado a la Supersociedades, el hijo de Ballén alegó que la empresa que él representa ya ha realizado inversiones en el predio superiores a los 6.000 millones de pesos. La Supersociedades no ha aceptado a Agrícola El Juguete como acreedor; tampoco lo ha hecho con la Empresa Comunitaria Guacharacas.

La decisión que tome la Superintendencia de Notariado y Registro con respecto a la validez de las anotaciones de venta y embargo de la finca será definitiva para establecer en manos de quién queda la valiosa finca.

Los compradores aseguran que han perdido más de 15.000 millones de pesos en el negocio y los apoderados de los campesinos insisten en que un predio que fue destinado para reparar a un grupo de víctimas no puede quedar en manos de grandes empresarios, por cuenta de una deuda que los labriegos no pudieron pagar.