¿Le caminarán el Congreso y las cortes a la propuesta de Petro de un ‘fast track’?

Cada tanto, el presidente Gustavo Petro pone sobre la mesa una idea nueva que le sirva de herramienta para apalancar las soluciones a los múltiples problemas que padece el país: “gran acuerdo nacional”, “constituyente” y ahora “fast track” (vía rápida), son algunas de las que ha ofrecido en solo este año.

Ahora, cuando el calendario empieza a correr en su contra y le quedan solo dos años de gobierno, el presidente Petro dice que propondrá al Congreso y a las cortes un ‘fast track’ para tramitar los puntos que él considera necesarios para avanzar.

“Por eso, voy a proponerle al Congreso de Colombia, y a las cortes, y a la sociedad, indudablemente, repetir un ‘fast track’. Le llamaron así, en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, gobierno Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del Acuerdo de Paz con la Farc. Y ahora tenemos que presentar, son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz”, argumentó.

“Un procedimiento de ‘fast track’ nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes”, anunció.

Según explicó el primer mandatario en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante la evaluación trimestral de la marcha del proceso de paz entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, esta propuesta hará más expedito el camino en todos los procesos. Para eso, anunció, era necesario lograr un Acuerdo Nacional, que incluya a la oposición a su Gobierno.

Allí, en un discurso en el que dio su punto de vista de por qué se recicla la confrontación armada y que, según él, entre otras cosas, pasa por la desigualdad, dijo que el ‘fast track’ abarcaría un temario concreto:

• Modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, que permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios.
• Cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones, para dirigir recursos a las zonas Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y financiar sus proyectos de infraestructura e inversión.
• Excarcelar al campesinado productor de hoja de coca.
• Optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución
• Productiva de economías ilícitas y un camino a la agroindustrialización.
• Creación de la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas de la ley segunda.
• Una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa exprés de tierras. Asimismo, una transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos con acceso a crédito y una formalización de títulos con mecanismos especiales.
• Sistema único de verdad, justicia y reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto.
• Ampliar el plazo de implementación del Acuerdo por siete años más y las zonas PDET.

De estos puntos, el que seguramente provocará más controversia será el de pasar página con todos los actores que han hecho la guerra. El presidente dijo que ahí deberían estar todos paramilitares y terceros. ¿Cómo recibirá el país un punto final con las bandas criminales que se financian con el narcotráfico?

¿Tendrá apoyo? 

Ahora bien, el interrogante natural es si el Congreso y las cortes le van a caminar a esta idea. De entrada es muy posible que desde las cortes se responda que se reflexionará y en casos específicos, como la Corte Constitucional, se diga que se va a esperar para estudiar lo aprobado en el Congreso y responder si se ajusta o no a la Carta Magna.

En el caso del Congreso, la respuesta irá acorde con la afinidad o rechazo ideológico que se tenga del presidente. 

“El desespero del gobierno por saltarse las normas y cambiar las reglas de juego son evidentes. No suficiente con proponer constituyente para tumbar la Constitución ahora pretende traer nuevamente figura de ‘fast track’ para ferrocarrilear trámites en el congreso. Mismos actores, mismo libreto, mismo resultado, estamos advertidos. ¡A defender la Constitución!”, dijo Daniel Palacios, exministro del Interior del gobierno del presidente Duque.

“Con el ‘fast track’ implementaron un acuerdo ilegítimo con los narcoterroristas de las Farc, no les funcionó, siguen existiendo y no paran de traquetear, secuestrar y asesinar. Desde el Congreso no permitiremos que el presidente pretenda imponer sus reformas e incluso buscar facultades extraordinarias para su cargo”, advirtió, por su parte, el representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui.

Las dos opiniones dan una síntesis de la línea de pensamiento de un sector de la oposición que, probablemente, pondrá obstáculos a que se lleve a cabo esta propuesta. No se trata de un asunto marginal, sino de una cuestión de peso porque el Pacto Histórico es minoritario en el Congreso.

Por el contrario, entre quienes apoyan al primer mandatario, la lectura es distinta y por eso hay que sacarla adelante. “Apoyo unánime a la política de paz total del presidente Petro Gustavo quien planteó hoy, en el Consejo de seguridad de la ONU, un ‘fast-track’ para acelerar normas que permitan transformar el territorio, hacer la reforma agraria y establecer una verdad judicial completa”, dijo Juan David Correa, ministro de Cultura.

La idea de ir por esta vía rápida fue justificada por el primer mandatario en ese escenario internacional para llegar con políticas públicas a espacios anclados en el olvido: “Toda la inversión pública está comprometida en obras, autopistas que están al lado de las ciudades más ricas de Colombia, luego no hay cómo financiar la inclusión y transformación territorial”, aseguró.

Desde la óptica del presidente, es urgente llevar el desarrollo a esa Colombia olvidada, precisamente porque con los años se convirtieron en santuarios de los grupos armados en donde, por si fuera poco, crecieron los cultivos ilícitos que hoy les sirve de combustible. En esta dinámica, el país lleva décadas con una cifra aterradora: 700.000 muertos, citó el presidente una cifra de la Comisión de la Verdad, instancia creada por el Acuerdo de Paz.

Ahora la discusión será, además, de política, técnica, de juristas. “Colombia, ya tiene dentro de su diseño institucional un ‘fast track’ para los proyectos de ley que se discuten en el Congreso, se llama mensaje de urgencia. Hoy, el presidencialismo controla casi el 100 por ciento de la agenda legislativa, dejando muy poco margen de maniobra y de acción al legislativo. Cualquier modificación atentaría de manera directa contra la separación de poderes e iría en detrimento del poder Legislativo”, dice Gustavo Araújo, máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, España

“No olvidemos el viejo adagio que indica que es preferible un centímetro de poder en el Ejecutivo a un kilómetro de poder en el Legislativo”, agrega este experto.

Para el analista Gabriel Cifuentes, por su parte, la propuesta del ‘fast track’ tiene varias dificultades que él resume en cinco puntos:

1. Ya se tuvo en el pasado para implementar el marco normativo del acuerdo del 2016, lo que se requiere es el cumplimiento de dicho marco.
2. No es todavía claro cuál es el alcance y hasta qué punto pueda servir para modificar normas o crear nuevas que no necesariamente se refieran estrictamente a los compromisos contenidos en el acuerdo.
3. No es clara la constitucionalidad de la propuesta, dado que supondría una alteración en el funcionamiento de las labores del Legislativo, tendría que pasar por reforma constitucional y podría enfrentarse a una revisión de la Corte.
4. No está claro tampoco que cuente con el apoyo político en una legislatura donde será muy difícil mantener las mayorías necesarias.
5. Aun logrando su aprobación, los tiempos del gobierno son muy cortos y probablemente no alcanzarían a tramitarse las reformas que se buscan con el ‘fast track’.

El sistema único de verdad

El otro elemento grueso, por sus inciertas consecuencias, que el presidente Petro abordó, fue el de un sistema único de verdad. Ya que, sin proponérselo, podría poner al país bajo la lupa de la Corte Penal Internacional, CPI.

Cifuentes lo resume así: “Eso es peligroso porque en el fondo se buscaría un tribunal de cierre con posiblemente un marco amplio de amnistías, incluso para máximos responsables que va en contra del derecho internacional”. El analista pregunta: ¿Qué pasaría con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y los avances que ha tenido, o con Justicia y Paz?

¿Este nuevo tribunal qué competencia tendría frente a actores que no necesariamente hacen parte del conflicto?
¿No se cae en la tentación de promover una ley de perdón a cambio de mecanismos de verdad (que no son judiciales por lo general y que no cuentan con mecanismos sancionatorios)?

Para este experto, “si se materializa se pone en riesgo la posibilidad de que la Corte Penal Internacional pueda abrir una investigación en Colombia”.

En vísperas de esta sesión del Consejo de Seguridad se había discutido sobre el impacto que tendría el discurso del presidente porque él había dicho que iba a denunciar al Estado colombiano por sus incumplimientos. No lo hizo. En esta ocasión, aunque habló de la historia del proceso y sus dificultades, puso una nueva idea que seguro será el tema que marcará la agenda en los días por venir.

Y que, además, habrá que ver cómo coincide o riñe con la propuesta de Acuerdo Nacional que venía trabajando el ministro Juan Fernando Cristo, que apenas lleva unos días y debe responder por una nueva y sorprendente iniciativa del presidente Petro. Y esta, nada más y nada menos, que ante el solemne escenario de la ONU.