Los eternos investigados en el proceso de Odebrecht en Colombia

El caso Odebrecht en Colombia ha suscitado cualquier cantidad de suspicacias, intrigas, investigaciones, detenciones y condenas. Sin embargo, hay quienes han resultado menos salpicados que otros, a pesar de que tengan la misma participación. 

Hay al menos tres líneas de investigación que no han avanzado. La primera involucra a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por unos presuntos impedimentos que tenían para tomar decisiones en la Ruta del Sol. La segunda tiene que ver con el contrato de navegabilidad del río Magdalena, a través del cual se pagaron sobornos a políticos que ayudaron a que le dieran el proyecto a Odebrecht y Valorcon, de Julio Gerlein. La tercera está relacionada con decenas de empresas que se habrían prestado para lavar los sobornos a través de contratos ficticios en la Ruta del Sol.

Las ministras: eternas investigadas

En 2019, el fiscal ad doc Leonardo Espinosa ordenó la reapertura de la indagación en la que estaban involucradas las exministras Cecilia Elvira Álvarez y Gina María Parody, cuestionadas por no haberse declarado impedidas para participar en las decisiones que ayudaron a que el Consorcio de la Ruta del Sol compuesto por Odebrecht y Episol se ganara los otrosíes que le dieron vida a Ocaña-Gamarra.

Álvarez, quien fungía como ministra de Transporte, y Parody, quien tuvo a su cargo el Ministerio de Educación Nacional, son mencionadas en la indagación porque cuando ocupaban esas carteras participaron en la elaboración del Conpes de 2014, el cual dio viabilidad a los otrosíes del contrato de la Ruta del Sol II, aun cuando la vía Ocaña-Gamarra supuestamente satisfacía los intereses económicos de la ministra Parody en la Sociedad Portuaria de Cartagena, de la que hacía parte su familia.

Esa indagación había sido archivada en el 2018 por subordinados de Martínez cuando este era fiscal general al considerar que la conducta era atípica, es decir, que no se habían cometido delitos en esos hechos investigados. El fiscal ad doc no estuvo de acuerdo y por eso volvió a retomar el caso. 

El año pasado, la Procuraduría absolvió a las exministras por esos mismos hechos, sin embargo, la Fiscalía aún no anunciado qué pasará con esa línea de investigación del caso Odebrecht.

Incluso, a la ministra Álvarez se le cuestionó desde que se tramitó un contrato de estabilidad jurídica que terminó beneficiando al consorcio de la Ruta del Sol, contrato que tramitó en 2012 Néstor Humberto Martínez cuando era abogado del consorcio.

Ahí se indagaba la participación de varios funcionarios que, según testigos de la Fiscalía, movieron sus fichas para sacar adelante los únicos dos contratos de estabilidad jurídica que se han tramitado en la historia reciente del país, ambos gestionados por Néstor Humberto Martínez, para realizar las vías de Bogotá-Villavicencio (Coviandes, subsidiaria de Corficolombiana) y la Ruta del Sol 2 (Episol y Odebrecht). Según los testigos, por ese contrato se pagaron sobornos por más de 4.000 millones de pesos. 

“Tanto la exministra Cecilia  Álvarez como la exministra Gina Parody han sido objeto de indagación y en la Procuraduria se verificó la atipicidad absoluta de todos los hechos que fueron objeto de denuncia. La Fiscalía igualmente archivó verificando la inexistencia de comportamiento penal alguno. Nunca han sido imputadas penalmente. Han demostrado su ajenidad a los hechos y además nada tienen que ver con Odebrecht. Han tenido que padecer permanentemente de manera injusta una serie de afirmaciones que no tienen asidero en la realidad”, dijo a CAMBIO la abogada de las exfuncionarias, Ángela María Buitrago.

Contrato de la navegabilidad del río Magdalena

En esa línea de investigación del caso Odebrecht, la Fiscalía investigaba dos cosas. La primera, a cargo de la exfiscal Amparo Cerón, tenía que ver con presuntas coimas que se dieron para la adjudicación del contrato de la navegabilidad del río Magdalena, que ganó el Grupo Navelana, integrado por Odebrecht y Valores y Contratos (Valorcon), de Julio Gerlein. Aunque esa investigación se abrió en 2017, no se conocen avances. Fuentes del caso dijeron a CAMBIO que hay indicios de contratos ficticios con un megacontratista de la costa, pero nunca se quiso avanzar.

La segunda punta sobre el contrato de Navelena tenía que ver con la administración desleal de recursos por parte de exdirectivos del Banco Agrario que otorgaron un crédito a Navelena S.A.S por 120.000 millones de pesos. En ese proceso fueron imputados seis empleados del Banco Agrario, pero la investigación precluyó hace un par de años, es decir, no hubo condenados. Además, nunca se avanzó en investigaciones sobre los funcionarios que ayudaron a gestionar el crédito.

A pesar de la quietud de la Fiscalía en esta arista de la investigación, este año el contralor, Carlos Rodríguez, decidió abrir un proceso al considerar que podría imputarles responsabilidad a representantes de la liquidada sociedad Navelena y exdirectores de Cormagdalena, porque nunca utilizaron los estudios y diseños del contrato que buscaba recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

Adiciones a la Ruta del Sol 2

El capítulo de los otrosíes de la Ruta del Sol 2 es el que tiene más procesados. Gracias a los testimonios de los excongresistas Otto Nicolás Bula y Bernardo Miguel Elías Vidal, condenados por ayudar a Odebrecht a lograr el contrato de estabilidad jurídica y el contrato de la vía de Ocaña-Gamarra, entre otros, la Fiscalía llegó a las empresas que lavaron los dineros de los sobornos. En ese episodio fueron condenados Eduardo Zambrano, representante de Consultores Unidos; Gustavo Torres, representante de Profesionales de Bolsa; Gabriel Dumar, representante de SION; y Enrique Ghisay Amnzur, representante de Lurion Trading, entre otros.

Por los contratos corruptos, tuvieron que rendirle cuentas a la justicia pocos altos funcionarios del Estado. Por ejemplo: Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI; Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte y quien firmó como encargado del Inco la Ruta del Sol 2; Luis Miguel Pico Pastrana, exasesor del asesor del entonces ministro de Industria y Comercio Sergio Díaz Granados, y Daniel García Arizabaleta, como exdirector de Invías, por suscribir dos contratos ficticios con la empresa Consultores Unidos, representada legalmente por el condenado Eduardo Zambrano, con el fin de recibir 360 millones de pesos de Odebrecht.

Sobre este punto, el fiscal Barbosa anunció la semana pasada que serían imputados otros 17 funcionarios de la ANI que ayudaron a que salieran adelante los otrosíes. Sin embargo, en este episodio la justicia no ha sido clara con otros contratos que fueron cuestionados por el excontroller de la Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano.

Como controller, Pizano advirtió a los socios de la Ruta del Sol 2 de contratos ficticios. Algunos de los que él denunció terminaron siendo ratificados por la justicia, pero de otros nunca se supo nada.

Algunos contratos de los que no hay pronunciamientos por parte de la Fiscalía son con la firma Inversores Profesionales, por 1.336 millones de pesos; con Análisis Desinpro pro S.A. que registra pagos por 2.151 millones de pesos; con Gestora de proyectos de Infraestructura, que tiene pagos por 1.447 millones de pesos; con el Consorcio Torrosa, que registra pagos por 9.389 millones de pesos, factura que está emitida por la firma Asesores y consultores Presoam, entre otros.

Sobre Torrosa, aunque inicialmente la Fiscalía determinó que el contrato había sido ficticio –e intentó durante cuatro años imputarle cargos al representante legal de la empresa, Javier Torres–, el proceso dio un giro inesperado y los fiscales archivaron el proceso.

El fiscal general Francisco Barbosa informó que en el caso Odebrecht se han imputado a 57 personas, entre las cuales hay 19 funcionarios públicos y 38 empresarios; y que ha presentado 52 escritos de acusación y logrado 18 condenas. No obstante, hay procesos que siguen quietos desde que se abrieron y sobre los cuales la Fiscalía aún no da respuesta.

La incógnita que todavía no ha podido resolver la justicia colombiana es a qué campañas políticas llegaron los sobornos de Odebrecht.