Corte Suprema ordena medida de aseguramiento en centro carcelario para Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara en 2023.
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Los comprometedores testimonios contra Iván Name y Andrés Calle en la corrupción de la UNGRD
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los expresidentes de Senado y Cámara en 2023, en el marco de una investigación por la presunta recepción de coimas por 4.000 millones de pesos para respaldar reformas e iniciativas del Gobierno en el legislativo.
Por: Ana María Cuesta
En una decisión sin precedentes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la captura de los dos congresistas que presidieron el Senado de la República y la Cámara de Representantes en 2023: Iván Name, del partido Alianza Verde, y Andrés Calle, del partido Liberal.
Ambos son investigados por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad de la que, según la Fiscalía, se desviaron recursos por más de 228.000 millones de pesos durante la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, actualmente presos tras admitir su rol en el mencionado saqueo.
4.000 millones de pesos de los recursos presuntamente malversados de la institución que atiende emergencias y desastres habrían terminado en los bolsillos de Name y Calle, para asegurar su supuesto apoyo a iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el legislativo, de acuerdo con lo que han declarado los protagonistas del entramado.
Name y Calle se convierten, entonces, en los primeros congresistas detenidos por este escándalo que se destapó a principios de 2024, cuando investigaciones periodísticas revelaron el fracaso de la millonaria contratación de 40 carrotanques para suministrar agua en territorios vulnerables de La Guajira. De hecho, se ha dicho en el proceso que la coima que presuntamente les pagaron se obtuvo de dicho proceso contractual.
Pero no son los únicos parlamentarios investigados, pues la Corte también tiene otra causa contra los congresistas que integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Astrith Manrique por, supuestamente, haber avalado operaciones de crédito a cambio de contratos de la UNGRD. También se investiga el rol de los senadores Julio Elías Chagüi y Martha Peralta por su supuesto interés en otras contrataciones de la cuestionada entidad.
La medida de aseguramiento contra Name y Calle
La detención preventiva de Name y Calle, que se dará en centro carcelario, según dispuso la Corte, se enmarca en una investigación formal que lidera desde noviembre de 2024 el magistrado Francisco Farfán por la presunta responsabilidad de ambos parlamentarios en la recepción de coimas. La Corte, que los investiga por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y cohecho impropio, deberá definir con posterioridad a su captura si los acusa y llama a juicio.
La Corte trata de establecer si Name recibió o no 3.000 millones de pesos y si Calle se quedó con 1.000 millones, según lo que denunciaron desde el principio del escándalo Olmedo López, Sneyder Pinilla y, más recientemente, la también apresada exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, copartidaria de Name.
"La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la UNGRD en las que habrían intervenido Name Vásquez y Calle Aguas como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos. Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la unidad, Sneyder Pinilla Álvarez", expresó la Corte cuando anunció la investigación e indagatoria contra ambos.
Testimonios entregados por Olmedo López a la Fiscalía y a la Corte advierten que las millonarias coimas, que supuestamente se entregaron con la mediación de Sandra Ortiz, llegaron a las manos de Name los días 12 y 13 de octubre de 2023, en dos tandas de 1.500 millones de pesos entregadas en su apartamento. Con estos recursos, se dijo, el expresidente del Senado respaldó la campaña al Concejo de Bogotá de su hija María Clara Name.
Por los lados de Calle, el exdirectivo de la Cámara habría recibido 1.000 millones de pesos un día después, el 14 de octubre, en su residencia en la ciudad de Montería, según declaraciones de Sneyder Pinilla, quien además aseguró que la 'coima' funcionó para la campaña a la Gobernación de Córdoba de su hermano, Gabriel Enrique Calle, y para el proselitismo de su padre Gabriel Alberto para la Alcaldía de Montelíbano.
Los testimonios contra Iván Name y Andrés Calle
Desde que estalló el escándalo por los carrotanques de La Guajira, Olmedo López y Sneyder Pinilla emprendieron una estrategia defensiva y acusadora con entrevistas en las que implicaron a otros funcionarios públicos en el entramado corrupto. Name y Calle fueron los primeros salpicados y los primeros en asegurar su inocencia. Pero el 7 de agosto de 2024 todo cambió para ellos cuando la fiscal delegada María Cristina Patiño los mencionó directamente como fichas del entramado corrupto.
“Entre el 18 y 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por valor de 60.000 millones de pesos para Iván Name y un poco más de 10.000 millones a Andrés Calle. Contratos que posteriormente se cambiaron por 3.000 millones en efectivo para Name y 1.000 millones para Calle, instrucción que fue trasladada por Olmedo López a Sneyder Pinilla para la consecución de los recursos”, expresó la fiscal.
Posteriormente se revelaron testimonios que entregaron Olmedo López y Sneyder Pinilla a la justicia en los que aseguraron cómo se gestó el pacto para dichas coimas: se habría concretado en los pasillos de la Casa de Nariño y en el marco de un supuesto 'cónclave' del que han hablado Pinilla y López.
“Hablamos de plata ahí, previo a un ingreso al consejo de ministros estaba Sandra y me dice, yo no tengo que ver con Calle, eso es directamente con Carlos Ramón, eso fue previo a un ingreso a un consejo de ministros, estaba Sandra(…) estuve con Sandra y ese día con Sandra hablamos de plata”, declaró López.
“Sandra ingresa al salón, la orden de Sandra era únicamente al doctor Name, pagar 3.000 millones para el doctor Iván Name. Que lo mío era responderle a Sandra por 3.000 millones para Name y que me encargara de llevar esta y aterrizarla en 1.000 millones para el doctor Andrés Calle”, agregó el exdirector de la UNGRD.
El alegado soborno para Name también habría sido concretado en un desayuno entre él y Olmedo López en el apartamento de Sandra Ortiz en el que, según dijo este último, Name habló de la aspiración de su hija.
“Lo que sí me dijo de la campaña de ella es que había que sacarla al Concejo de Bogotá. Y los temores. Imagínese donde la hija del presidente del Senado no quede. Eso se dio en el desayuno. Terminado el desayuno, Name me invita que nos sigamos encontrando, a que compartamos. Me dice que él tiene una debilidad por las mujeres, así tal cual. Le dije que estaré presente para la campaña para su hija. Pero que me dé garantía de que ese acuerdo lo van a cumplir", expresó en interrogatorio López.
Lo que viene para Name y Calle
Aunque no es la primera vez que la Corte Suprema ordena la detención de un expresidente de la Cámara o el Senado, pues antes lo hizo con Javier Cáceres Leal, Nancy Patricia Gutiérrez, Luis Alberto Gómez Gallo, o más recientemente con el expresidente del Senado Arturo Char Chaljub, es la primera vez en la historia del país que ordenan la detención de los máximos líderes del Legislativo.
Name y Calle podrían exponerse a penas de hasta 22 años de cárcel, que es la máxima pena del peculado por el que los investigan, en caso de ser hallados culpables. "El efecto que esto genera es que esto pone un tatequieto a ese indebido canje de favores entre el Congreso y el Ejecutivo de turno. Muchas veces se ha solicitado la depuración de la política y por fortuna ha sido la Corte Suprema de Justicia la que en el pasado ha efectuado esa tarea", expresó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas y apoderado de Luis Eduardo López Rosero, 'el Pastuso' -contratista que prestó sus empresas para la adquisición de los carrotanques de La Guajira y que, según la Fiscalía, facilitó los recursos para las coimas de Name y Calle-, expresó que "la Corte adelantó una labor rigurosa y seria corroborando lo que han dicho quienes hicieron acuerdos con la justicia", indicó Bernate.
El abogado de Sneyder Pinilla, Luis Gustavo Moreno, también se refirió a la captura. "Esta decisión no es producto de conjeturas ni de sospechas, sino de pruebas contundentes de las personas que decidieron cooperar con la justicia, el primero de ellos, el señor Sneyder Pinilla", indicó Moreno.
El expresidente de la Corte Suprema Jaime Arrubla opinó que "el país debe llegar a la verdad. Si hay pruebas de su responsabilidad, se les debe condenar ejemplarmente".
Finalmente, el exsecretario presidencial para la Transparencia, Gabriel Cifuentes, expresó que "esto deja muy mal parada a la administración porque se va completando el rompecabezas de uno de los mayores escándalos de corrupción de un gobierno, un escándalo en todos los niveles y en varios frentes. Reafirma las denuncias que altos funcionarios del Gobierno que operaban desde el Palacio de Nariño estarían directamente involucrados en un entramado criminal".
