Ministerio de Salud debe desembolsar a EPS todos los recursos adeudados por servicios: Corte

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que en dos meses desembolse a las EPS la totalidad de los recursos que se aprobaron en el Acuerdo de Punto Final (APF), que es una norma aprobada en 2019 en la que se pactó que se pagarían todos los dineros pendientes por la prestación de los referidos servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la población hasta diciembre de 2019, con la intención de evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS y las IPS.

La idea era que en el régimen contributivo, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) adelantaría un proceso de auditoría y pago, de una posible deuda, para esa época, de 5,2 billones de pesos asociada a los servicios y tecnologías no financiados con la UPC del régimen contributivo. En el régimen subsidiado, el saneamiento implicaría pagos por aproximadamente 1,5 billones de pesos.

La Corte tiene una Sala que hace seguimiento a una sentencia de 2008 que versa sobre el sistema de salud y en la que se hicieron numerosas órdenes por seguir. Esta vez, el alto tribunal dijo que no se ha cumplido con el deber de garantizar el flujo de los recursos que el Gobierno nacional debe destinar al pago de determinados servicios y tecnologías en salud, concretamente, de aquellos que son recobrados por las EPS una vez se realizan, por no ser financiados.

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Para garantizar este objetivo, el Gobierno se comprometió a cancelar de manera definitiva esta deuda, a través de lo que llamó el Acuerdo de Punto Final. Pero, a 2023, esto no se ha hecho totalmente, a pesar de que el pago debía haberse efectuado máximo hasta agosto de 2022.

Según la Corte, se encontró que la cartera en favor de las EPS y las IPS está aumentando nuevamente en materia de recobros de servicios que se entregaron desde 2020: "A la fecha los valores que los actores del sector salud alegan que se les adeuda por este concepto, supera el billón de pesos y se relacionan en gran medida, con deuda de la pandemia".

El alto tribunal también indicó que los resultados de este acuerdo no fueron significativos porque si bien se radicaron un elevado número de solicitudes de recobros, aproximadamente el 60 por ciento fue glosado y tan solo una pequeña parte de los montos aprobados fueron desembolsados efectivamente, sin que se conozca el estado de la totalidad de los desembolsos respecto de dineros aprobados.

"Para la Sala no es posible afirmar como viene haciendo el Gobierno desde 2022, que el APF ha culminado y que sus resultados eliminaron en su totalidad una deuda pendiente. Esto sin dejar de lado los valores que se discuten en sedes judiciales y aquellos que incluso, forman parte de un conflicto de jurisdicciones", indicó.

El alto tribunal también encontró diversas fallas en la actuación de la Adres, por ejemplo, no haber abierto suficientes ventanas de radicación durante 2023 para que las entidades interesadas radicaran sus solicitudes de recobros, lo cual termina convirtiéndose en una nueva barrera.

"Preocupa seriamente a la Sala que el artículo 153 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, haya establecido que solo podrán reconocerse como deuda pública las cuentas que para el 31 de diciembre de 2023 presenten resultado definitivo de auditoría. Esto, porque la Adres no había señalado fechas de apertura de ventanas de radicación a agosto de 2023, ya que a esa fecha se reportaron 209.000 millones de pesos por auditar, y desde la última ventana a dicho mes pasaron ocho meses. La no apertura o la disposición tardía de ventanas en 2023, podría significar que un sinnúmero de cuentas no se alcance a auditar y que el Gobierno en aplicación de la ley, no reconozca esas cuentas como deuda pública", dice la decisión.