Musa Besaile y los primos Nule, detrás de la empresa que hoy le hace vigilancia a los cementerios distritales de Bogotá

Bogotá parece estar frente a una inminente crisis sanitaria por cuenta del contrato de concesión para la administración de los cuatro cementerios públicos de la ciudad.

Los cuestionados operadores, quienes han sido señalados de realizar cremaciones irregulares, profanación de tumbas e incumplimientos de sus obligaciones, ahora amenazan con dejar de prestar sus servicios. 

Solo en 2021, según cifras de la Secretaría de Salud de Bogotá, murieron 54.233 personas, lo que da una idea de la crisis que podría generarse si los cuatro cementerios distritales, Chapinero, Central, Sur, y Serafín, dejan de prestar sus servicios.

Este es el más reciente capítulo de una multimillonaria concesión adjudicada a un consorcio que no tenía experiencia en servicios funerarios y que, tal y como lo reveló CAMBIO, habría presentado información mentirosa para acreditar experiencia. Estos hechos están en manos de la Fiscalía, al igual que el pago de una presunta coima para que dicho contrato fuera adjudicado.

Las irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato para administrar los cementerios distritales también cobijan a la interventoría, la figura que, precisamente, debería vigilar el contrato.

El escándalo asomó en noviembre pasado, cuando la periodista Diana Giraldo, de CM& publicó los audios de una conversación entre Marcel Esquivel, exfuncionario del área jurídica de la UAESP, y Dairo Mora, una de las personas relacionadas con el contrato de cementerios.

En el informe periodístico también salió involucrado Carlos Quintana, exdirector jurídico de la UAESP.

En la reveladora conversación Esquivel y Mora hablan de sacar del camino a otros oponentes y  esta fue atribuida inicialmente al proceso para la operación de los cementerios distritales, pero, según Eder Parada, representante legal del consorcio que opera los cementerios, la plática tendría que ver con la adjudicación de la interventoría al contrato de cementerios.

Así se lo dijo a CAMBIO el pasado 13 de enero: “Todas esos audios que se escucharon fueron para la adjudicación del contrato de interventoría. Yo tengo pruebas contundentes de que ese señor Mora (Dairo Mora) sí estuvo implicado y de intermediario para que le adjudicaran ese contrato. El interventor es un subalterno de Dairo Mora, la interventoría no tiene la autonomía”.

A pesar de las gruesas denuncias, de las grabaciones y de otras evidencias, tanto el contratista como el interventor siguen con sus contratos.

El distrito ha iniciado una serie de procesos sancionatorios contra Jardines de Luz y Paz, operador de los cementerios distritales, pero el cuestionado consorcio no ha sido separado de la operación. 

El contrato de concesión ha sido objeto de debate en el Concejo de Bogotá. María Victoria Vargas, del Partido Liberal, y Lucía Bastidas, del Partido Verde, llevan meses haciendo control político y denunciando las irregularidades.

Recientemente, el concejal Diego Cancino también le puso el ojo al tema y, junto con su equipo, encontró nuevos hechos cuestionables, esta vez en torno a la empresa que tiene a su cargo la interventoría.

Las manos de Musa Besaile

El contrato de interventoría fue adjudicado en agosto de 2021 al Consorcio San Marcos, firmado por Luz Amanda Camacho, exdirectora de la UAESP y Gloria Amparo Pulido, representante legal de la firma contratista.

El Consorcio San Marcos está conformado por cuatro empresas: Coinmaster, Proyectos S.A.S. Maxitempo, Roccia y Tecniconsulta S.A.S. Esta última posee el porcentaje de participación más alto de los asociados.

Tecniconsulta no es nueva en el mundo de los escándalos de contratación. En 2018, la Fiscalía determinó que esta firma hizo parte del entramado corrupto con el que el exsenador Musa Besaile y otros condenados se hicieron de dineros públicos provenientes de la contratación de Fonade.

Al respecto, el concejal Cancino aseguró: “Tecniconsultas tiene un prontuario ya confirmado por la Fiscalía por hacer carruseles de la contratación. Carruseles muy parecidos a los que ocurrieron en Bogotá. Los hallazgos fueron tan graves que la representante legal de Tecniconsultas tuvo que ir a la cárcel: fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión”.

Musa Besaile no solo fue condenado por corrupción, también por sus nexos con paramilitares. Al respecto, el concejal Cancino dijo: “Una de las principales investigadoras de Musa Besaile fue la entonces congresista Claudia López. ¿Cómo es posible que Claudia López, y su administración, adjudiquen a Tecniconsultas la interventoría del contrato de cementerios? Esto es incomprensible”.

Pero el origen mismo de Tecniconsultas tiene como protagonistas a otros condenados por el que quizá sea el escándalo de corrupción más costoso y doloroso para los bogotanos: el carrusel de la contratación.

Los Nule y Tecniconsultas

CAMBIO analizó los expedientes que reposan en la base de datos pública de la Cámara de Comercio de Bogotá y encontró que en el historial de Tecniconsultas están involucrados varios nombres relacionados con casos de corrupción y detrimento a los recursos públicos.

Uno de ellos es el de Marcela Sofia Alies Fuentes, condenada a cuatro años y medio de prisión por los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos y corrupción privada agravada sobre bienes del Estado.

La condena de Alies Fuentes fue ratificada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 12 de agosto de 2020, y tiene que ver en su participación en el desfalco de Fonade.

Hasta el pasado 26 de agosto, Marcela Sofía Alies Fuentes fue la principal accionista de Tecniconsultas. Ese día, le donó generosamente sus acciones a la ingeniera María Patricia Calderón. A la fecha de suscripción del contrato entre la UAESP y el consorcio San Marcos, Alies Fuentes ya había sido condenada, condena que sigue vigente.

Otro nombre vinculado a Tecniconsultas es el de Rodrigo José Piedrahita Amín, quien también ha sido socio de la firma. Piedrahita Amín ha estado involucrado en varios procesos de responsabilidad fiscal abiertos por la Contraloría General, todos relacionados con procesos de interventoría en departamentos como Amazonas y ciudades como Cartagena.

Esa maraña de socios y exsocios llamó la atención de la Superintendencia de Sociedades en el año 2011. En ese entonces, la entidad perseguía los bienes del grupo Nule y trataba de establecer la composición accionaria de Tecniconsultas, ya que en un documento de noviembre de 2008, Ponce de León, empresa del grupo Nule, a través de su apoderado, Antonio Rodríguez, figuraba con el 94 por ciento del capital de la empresa.

Ponce de León era una de las empresas estandartes del grupo Nule, a través de la cual manejaron la concesión de patios y grúas en Bogotá e interventorías en importantes proyectos viales del centro del país.

Pero los Nule no fueron los únicos protagonistas del carrusel de la contratación que han sido socios de Tecniconsultas. Otro condenado, Mauricio Galofre Amín, fue uno de sus accionistas fundadores, tal y como confirma la escritura de constitución de la empresa descubierta por CAMBIO.

Galofre Amín, socio de los Nule, fue uno de los condenados por los contratos de Fase III de TransMilenio, quizá el caso más sonado y emblemático del carrusel de la contratación.

En el historial de esta empresa, estos nombres cuestionados aparecen y desaparecen, donan y ceden sus acciones. Paradójicamente, en pleno mes de octubre, el fantasma del carrusel de la contratación parece estar de vuelta y rondando los cementerios públicos de la ciudad.