Procuraduría pide tumbar la reforma pensional: las razones que le dio a la Corte Constitucional

La procuradora general, Margarita Cabello, le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe la reforma pensional que el Congreso aprobó este año en medio de un arduo debate político.

La norma fue demandada múltiples veces porque varios representantes a la Cámara propusieron que se aprobara en cuarto debate el texto definitivo que había sido aprobado por el Senado. Es decir, que se aprobara ese texto sin debatir el asunto de fondo. Esto fue votado y aprobado con 86 votos a favor y 32 en contra.

El caso más avanzado, que está en el despacho del magistrado Jorge Ibáñez, tiene que ver con la demanda que presentó Paloma Valencia tanto por ese vicio de forma, como por otros elementos de fondo.

En concepto conocido por CAMBIO, la Procuradora dice que la decisión de la Cámara de Representantes de aprobar lo debatido en Senado implica un vicio insalvable de forma, que no puede corregirse, porque se presentó una "elusión del debate".

“Se presentó una elusión del debate en el trámite parlamentario de la iniciativa que derivó en la expedición de la Ley 2381 de 2024”, dice el documento de 16 páginas.

Según el Ministerio Público, los congresistas de oposición pusieron de presente que la proposición que finalmente fue aprobada implicaba “sacrificar el debate parlamentario y el modelo bicameral, puesto que impedía la deliberación sopesada de los cambios introducidos a la iniciativa por la Comisión Séptima de la Cámara, así como de las 500 proposiciones presentadas sobre diferentes temáticas”.

Aun así, la proposición fue aproada por mayoría. Según Cabello, esta decisión “cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”.

“Se exigió a los representantes que, de manera inmediata o en 54 minutos en el mejor de los escenarios (tiempo trascurrido entre la lectura de la proposición y el inicio del registro de la votación), consultaran la Gaceta 497 de 2024 y realizaran una comparación de textos correspondiente con la ponencia que venían discutiendo, a fin de que pudieran participar en el debate de manera ilustrada. Para la Procuraduría, ello no se compadece con la seriedad que merece la deliberación sobre el modelo pensional del país, el cual se caracteriza por tener asuntos técnicos, en los que cada modificación puede tener profundas repercusiones en el funcionamiento del sistema de seguridad social y, a su vez, en el goce de los derechos fundamentales de la población”, dijo.

Según el concepto enviado a la Corte Constitucional, como el Senado había hecho una votación en bloque, los representantes a la Cámara estuvieron en una disyuntiva: respaldar todo el articulado u oponerse al mismo, a pesar de que existían más de 500 modificaciones y proposiciones para hacerle ajustes a ese texto.

“Se eludió la deliberación de las numerosas modificaciones que habían sido propuestas por los ponentes en los informes, los textos aprobados por la Comisión Séptima de la Cámara y las proposiciones de los parlamentarios. Ello, pues ni siquiera se hizo referencia a la correspondencia o la incompatibilidad del contenido de dichos documentos”, agregó la entidad.