Radiografía de la crisis en Air-e que se agravó bajo el gobierno Petro: ¿el apagón fue solo el comienzo?

Cuando el sol empezaba a caer sobre Barranquilla, el pasado martes 17 de junio, la ciudad se oscureció antes de tiempo. Los ventiladores se apagaron, las neveras quedaron en silencio y, en muchos barrios, la temperatura, así como la indignación, aumentó. Pasadas las cinco de la tarde, otra vez y sin previo aviso, se fue la luz en la capital del Atlántico y en varios municipios del departamento.

Durante más de tres horas, hasta las ocho de la noche, más de 184.000 usuarios se quedaron sin energía eléctrica. La empresa Air-e, encargada de prestar el servicio, sufrió una avería en una de sus subestaciones y la parálisis se extendió. Tan grave fue el impacto que, según datos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, las pérdidas económicas para empresarios, hoteles, restaurantes y otros negocios de la ciudad y sus alrededores, que tuvieron que cerrar temprano, llegaron a los 23.000 millones de pesos.

Lo ocurrido esa tarde en Barranquilla no fue un simple apagón: para muchos en la ciudad, incluyendo el sector privado, los usuarios y expertos, no fue otra cosa que la antesala o la punta del iceberg de una crisis mayor que amenaza con desbordarse si no se encuentra una solución urgente. 

Los datos más recientes establecen que poco o nada ha servido que, hace nueve meses, el gobierno nacional decidiera intervenir la compañía, que antes le pertenecía al empresario Alberto Ríos, para rescatarla de su deterioro financiero, al no tener plata en ese momento para seguir comprando energía. Sin embargo, desde entonces, la situación ha empeorado. Hoy, las deudas son mayores, las inversiones han bajado y ahora también hay denuncias por contratos con presuntas irregularidades que ya están en la lupa de la Fiscalía General de la Nación. 

CAMBIO presenta el panorama de lo que está ocurriendo con la empresa Air-e, que en manos del Estado ha tenido cuatro agentes interventores en menos de un año y se ha convertido en un campo de batalla político dentro del mismo gobierno. Air-e no solo opera en el Atlántico, también presta el servicio en La Guajira y Magdalena. Esos tres departamentos, como lo han advertido algunos gremios, podrían apagarse por completo, porque a esta bomba energética, administrativa y estructural le falta muy poco para estallar.

Así está la caja de Air-e: la situación empeoró después de la intervención

Un día después del apagón en Barranquilla, la empresa Air-e Intervenida emitió un comunicado en el que atribuyó la falla al daño en la subestación Flores-Oasis, ubicada al norte de la ciudad.

Según Air-e, el equipo afectado, que es una línea de transmisión, no le pertenece, sino que es propiedad de un tercero. Sin embargo, esta versión fue cuestionada por actores del sector energético. Inicialmente se señaló a Termoflores, una generadora térmica, como responsable del incidente. Pero desde Andeg, el gremio que agrupa a esa industria, le aseguraron a CAMBIO que la falla no fue de ellos, ya que el daño ocurrió en el sistema de interconexión de otra empresa privada y no en la planta.

Entre tanto, una fuente experta explicó que, en términos sencillos, se trató de un cortocircuito en la red, como si “saltara un taco”, que activó automáticamente los mecanismos de protección para evitar daños mayores, lo que terminó desconectando en cascada otras subestaciones. Aún no está claro quién tiene la responsabilidad del mantenimiento de esas infraestructuras: si es Air-e o el transmisor. 

Justamente el mantenimiento de las redes y la falta de inversión en nueva infraestructura son dos de los puntos más cuestionados desde que el gobierno nacional asumió el control de la compañía. Hasta hace unas semanas, antes de que se nombrara a un nuevo agente interventor, en la empresa reinaba la opacidad. Por eso no hay claridad sobre cuánto se está invirtiendo ni en qué se están destinando los recursos. 

“Necesitamos conocer con detalle la causa o causas del apagón, para precisar si fue un evento fortuito o una manifestación real del riesgo de una suspensión generalizada y continua del servicio de energía eléctrica, que hemos advertido ante la crisis financiera y operativa de Air-e Intervenida, y sobre la cual aún no hay decisiones concretas que permitan una solución estructural”, le dijo a este medio Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Las cifras que revelan el deterioro de la empresa

Al revisar los indicadores clave del servicio eléctrico se evidencia un deterioro después de septiembre de 2024 cuando el gobierno tomó el control. CAMBIO analizó los dos principales medidores del desempeño en este sector, calidad del servicio y pérdidas, y ambos muestran que, tras la intervención estatal, la situación de Air-e desmejoró.

La empresa Air-e Intervenida, que actualmente atiende a 1,3 millones de hogares, enfrenta una crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica. A pesar de la importancia de este servicio, no hay infomes públicos recientes sobre la calidad del servicio desde el momento de la intervención. El último es de agosto de 2024. 

Sin embargo, los usuarios de diferentes ciudades de la región han expresado su descontento con las interrupciones frecuentes y prolongadas del servicio. Así lo evidencian las situaciones presentadas en Riohacha, donde ha habido protestas y bloqueos de oficinas de Air-e en reclamo de la mala calidad del servicio de energía eléctrica. Además, en Santa Marta hay registro de afectaciones constantes en el servicio de energía eléctrica debido a sobrecargas en transformadores de potencia, lo que ha generado molestias y pérdidas económicas para los usuarios.

Otro dato que evidencia el deterioro está en las pérdidas de energía. El índice que mide cuánta energía comprada por la empresa no se factura al usuario final aumentó del 25,15 por ciento en 2023 al 28,11 por ciento  2024. Es decir, casi tres puntos porcentuales más del recaudo se están perdiendo, ya sea por fallas técnicas, redes deterioradas, robo o conexiones ilegales. 

Gestión financiera, lo que más preocupa

Las dudas sobre el manejo financiero de la empresa son las más alarmantes. Desde que el gobierno de Gustavo Petro asumió el control de la empresa no se ha presentado información clara sobre los ingresos, ni el destino de los recursos recibidos. La única cifra conocida viene de una respuesta a un derecho de petición al que tuvo acceso CAMBIO, y se refiere a los subsidios atrasados que el gobierno comenzó a pagar a las empresas del sector eléctrico hace apenas un mes.

A Air-e se le debían 253.000 millones de pesos por ese concepto, pero la deuda finalmente fue saldada. Sin embargo, esa plata no se usó para pagar obligaciones pendientes con proveedores ni invertir en infraestructura, sino que el dinero fue destinado a cubrir gastos operativos actuales. 

Antes de la intervención, Air-e tenía pendiente por cobrar más de 1,3 billones de pesos, producto de la cartera vencida de municipios, la venta de energía a entidades oficiales y los saldos de la Opción Tarifaria. Hasta ahora, a pesar de cuatro interventores, no se ha recuperado ese dinero. 

A todo esto se suma la deuda que la empresa ha venido acumulando desde la intervención. Solo hasta septiembre del año pasado, Air-e tenía pagos pendientes por más de 500.000 millones de pesos, debido al déficit generado en la compra de energía. A la empresa se le dispararon los precios en el mercado mayorista, pero no los pudo trasladar al usuario final por el Pacto de Justicia Tarifaria que el gobierno los obligó a firmar.

Hoy, según las generadoras que le venden energía a Air-e, la deuda con esas empresas ya ronda los 1,5 billones de pesos. La empresa no ha cumplido con esos pagos y se ha limitado a argumentar que “no hay plata”. 

Denuncias por contratos irregulares

En los últimos días, a través de denuncias de los medios de comunicación, se conoció que, pese a estar intervenida, Air-e ha creado más de una docena de nuevos cargos directivos y ha entregado contratos para la compra de equipos y el suministro de material eléctrico con condiciones que antes no existían.

Este medio conoció que incluso la Fiscalía General de la Nación ya abrió investigación y ordenó una inspección a la empresa para conocer los detalles de varios contratos que se firmaron en la actual administración. Lo que dice en ente de acusador es grave: en el documento conocido se habla del presunto delito de hurto y por eso se pidió toda la información sobre los procesos de contratación, los costos, las empresas adjudicatarias, entre otras cosas. 

CAMBIO accedió a uno de esos contratos, firmado con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), por un plazo de 36 meses. Lo más llamativo es que su valor total es indeterminado. Una fuente que trabajó en Air-e antes de la intervención confirmó a este medio que la compañía no solía comprar materiales a tres años “y menos sin saber el valor”. Según explicó, cuando se pactaban contratos de más de un año, era justamente para lograr eficiencias en costos, y por eso era fundamental conocer los valores unitarios.

Ese es hoy el principal problema de esa adquisición: Air-e Intervenida no ha revelado el precio individual de los materiales y mantiene bajo reserva esa información. Por eso no es posible saber si los insumos son competitivos o si se están comprando con sobrecostos, como advierten las denuncias que de forma anónima han llegado a la empresa. Este medio se comunicó con Maicol Castro, coordinador del consorcio que es nuevo proveedor de Air-e, pero al cierre de esta edición el ejecutivo no contestó. 

Entre tanto, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en Atlántico insistió en que se realice una nueva auditoría forense a Air-e. "Las cosas no van bien y a eso no le ayuda la cantidad de rumores sobre negocios raros", dijo Norman Alarcón, presidente de ese movimiento. 

El pulso político por Air-e 

La intervención de Air-e no solo ha estado marcada por decisiones cuestionadas, sino también por una inestabilidad política. Como se mencionó, desde hace nueve meses,  ya han pasado cuatro interventores por el cargo. El primero fue Carlos Diago, quien apenas duró un mes y salió después de empezar una auditoría forense de la situación de la empresa de la que todavía no se conocen resultados.

Luego llegó Edwin Palma, una figura cercana al presidente Petro, quien tomó las riendas hasta febrero de este año, cuando fue nombrado ministro de Minas y Energía. Tras su salida, asumió Diana Bustamante, quien había trabajado con Palma y, según fuentes al interior de la empresa Air-e, continuaba recibiendo instrucciones directas de él. 

En el sector es un secreto a voces que el hoy ministro de Minas y Energía no se la lleva bien con el superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez. Por eso, aprovechando un viaje del ministro a Bruselas, Márquez removió a Bustamante y nombró a un nuevo interventor. Se trata de Nelson Javier Vásquez, quien venía de trabajar con la exministra Irene Vélez.

Vásquez asumió hace apenas una semana con la promesa de revisar a fondo los contratos firmados en los últimos meses y frenar lo que en el sector ya se menciona como “los negocios oscuros de la intervención”. Mientras tanto, el cruce de cartas entre funcionarios no se hizo esperar. El pasado 16 de junio, Palma envió una comunicación oficial a la Superintendencia en la que le exigía mayor articulación frente a las medidas anunciadas en medios para resolver la crisis de Air-e.

La Superintendencia respondió con un comunicado en el que aseguró estar trabajando en una estrategia de fondo. Sin embargo, en la región crece la sensación de que el verdadero problema no está en los anuncios, sino en la falta de coherencia y dirección en una intervención que, hasta ahora, ha producido más preguntas que soluciones.

¿Habrá apagón total o hay una solución a la vista? 

En diálogo con CAMBIO, Nelson Vásquez, el nuevo agente interventor, reconoció que la situación financiera de Air-e es “supercrítica”. Según dijo, son 300.000 millones de pesos que se reciben mensualmente, mientras que los gastos llegan a los 380.000 millones de pesos. Por eso, advirtió que el modelo, tal cual como está, es insostenible. 

Aunque habló de propuestas para cambiar la forma en cómo se cobra el servicio a los usuarios de la empresa y disminuir los costos operativos, este medio pudo establecer que la solución iría mucho más allá. El gobierno estaría buscando la forma de que Air-e se convierta en una empresa pública y así mejorar las condiciones económicas y de servicio en el Caribe. 

Aun así, en los departamentos donde opera hay incertidumbre y los gobernadores ya le dieron un ultimátum al gobierno para que ofrezca una respuesta concreta. El mayor temor es que se repita el apagón del pasado martes y que pueda ser peor. Según la veeduría ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, esta situación “es una muestra de lo que podríamos sufrir si primero se da el apagón financiero, que parece ser inminente dada la iliquidez de Air-e Intervenida y la demora de la Superservicios en conseguir los dineros para capitalizarla y pagar las deudas con generadores, transmisores y otros proveedores”.

Sobre el apagón la Superservicios informó que las subestaciones afectadas fueron rehabilitadas exitosamente y que envío apoyo técnico para encararse del el proceso hasta superar la contingencia. Lo que viene ahora es la investigación de las posibles causas. 

La ciudadanía está exigiendo que se entregue la información oficial sobre los planes de contingencia y las acciones que pueden implementar para superar rápidamente cualquier situación de este tipo en caso de que se vuelva a dar o sea más prolongada y grave. Al gobierno le queda poco más de un año para terminar y, aunque la promesa de Petro fue resolver este lío a fondo, los problemas siguen aumentando por los múltiples intereses que hay detrás.