¿Eljach en vos confío?: diez senadores tienen procesos activos en la Procuraduría

“El amigo de todos” y exsecretario del Senado, Gregorio Eljach, se convertirá en el procurador general de la nación en enero de 2025 y, desde entonces, vigilará a los servidores y funcionarios públicos —dentro de los que están los senadores que votaron por él—. 

Ese dilema se vio reflejado en la sesión del miércoles, 2 de octubre. Ese día, el pleno del Senado se demoró más de tres horas en la votación de más impedimentos de congresistas que alegaban tener procesos o familiares con investigaciones disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación. 

Si bien el presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue contundente en decir que “la norma es clara en el sentido en que debe haber un pliego de cargos para que se considere el impedimento”; si los congresistas no hacían esa manifestación, podrían incurrir en una falta, según explicaron abogados expertos en derecho disciplinario. 

Aunque todos los impedimentos fueron negados y Eljach puso a votar en conjunto a petristas y a partidos tradicionales, quedó muy clara la frase de Efraín Cepeda luego de la arrasadora victoria: “abrácelo bien, porque desde ahora lo va a vigilar”. 

Como bien lo dijo Cepeda -y como lo establece la ley- la Procuraduría es el órgano de control disciplinario. Es decir, es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la Constitución, ejercer vigilancia sobre las conductas de quienes desempeñan funciones públicas, incluso a los elegidos por voto popular. En palabras simples, Eljach estará al frente de la entidad que vigila disciplinariamente a los congresistas que votaron por él. 

CAMBIO revisó cuáles son los senadores que tienen procesos en la Procuraduría y quiénes son los que puntean en la lista con más casos activos e inactivos. 

Los senadores con más procesos activos

En la lista de parlamentarios con más procesos disciplinarios activos, el que lidera es el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, con cuatro procesos vigentes.

Flórez ha estado en el ojo público por, presuntamente, haberse referido en términos calumniosos contra tres agentes de la Policía. De hecho, el Ministerio Público lo sancionó con suspensión e inhabilidad especial durante ocho meses. 

A Flórez lo siguen los senadores Wilson Arias, del Pacto Histórico; Ariel Ávila, de Alianza Verde; Alirio Barrera y María Fernanda Cabal, ambos del Centro Democrático; Guido Echeverri, de Asi; Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal; Carlos Julio González, de Cambio Radical; Angélica Lozano, de Alianza Verde; y Marcos Pineda, del Partido Conservador; todos con un proceso disciplinario activo en la Procuraduría. 

El resto de senadores no tienen procesos disciplinarios activos en el Sistema de Información Misional (SIM) de la Procuraduría, con corte al 3 de octubre de 2024. 

¿Quiénes son los que más procesos han tenido en el Ministerio Público? 

De acuerdo con la información registrada en el SIM, el senador que más procesos disciplinarios ha tenido es Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, quien registra 34 procesos inactivos y solo uno activo con corte al 3 de octubre de 2024. 

A Pineda lo siguen: el senador liberal Juan Pablo Gallo (con 27 procesos inactivos), Jairo Alberto Castellanos, de Asi (23 procesos inactivos), Honorio Henríquez, del Centro Democrático (11 procesos inactivos), Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador (10 procesos inactivos) y Didier Lobo, de Cambio Radical (9 procesos inactivos). 

Luego, están los senadores Alirio Barrera, del Centro Democrático; Edgar Díaz y Carlos Julio González, de Cambio Radical; Clara López, del Pacto Histórico; y Guido Echeverri, de Asi; todos con siete procesos inactivos en el Ministerio Público. 

El dilema porque el Senado elija al procurador

Las cifras, más allá de mostrar quiénes son los senadores con procesos disciplinarios en la Procuraduría; también reflejan el dilema ético que hay en que la elección del procurador esté a cargo de los senadores. 

Por un lado, el abogado Yefferson Dueñas, experto en derecho disciplinario y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, le dijo a CAMBIO que se trata de una dificultad que viene desde la Constitución de 1991. 

“Por fortuna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que solamente los jueces, que gozan de autonomía e independencia, puede privar a un ciudadano de sus derechos políticos. Por desgracia, ese es el ajuste que Colombia está en mora de hacer, bien con una reforma normativa o bien con una revisión de la jurisprudencia constitucional”, señaló. 

Esta es, además, una de las discusiones que tiene el presidente Gustavo Petro, que ha dicho en varias ocasiones que la Procuraduría no debería sancionar a los elegidos por voto popular. Sin embargo, a mitad de septiembre la Corte Constitucional ratificó que el Ministerio Público sí puede sancionarlos. 

Por otro lado, está el tema de que los vigilados voten por el jefe de la entidad que los vigila. Como le dijo a este medio el representante Cristian Avendaño, del Partido Alianza Verde, en la política menuda “los senadores hacen presuntos pactos con el futuro elegido: votan por él a cambio de burocracia y de tener el poder disciplinario”. 

Esto es, sin duda, un golpe a la democracia. Porque, como bien dijo el congresista, se terminan comprometiendo las procuradurías delegadas, las provinciales distritales, las regionales y auxiliares, que son cargos de libre remoción. 

Con esa premisa están de acuerdo varios senadores, incluso algunos del Pacto Histórico. Es el caso de la senadora Esmeralda Hernández, quien aseguró en sus redes sociales que durante la administración de Margarita Cabello en el Ministerio Público lo que se hizo fue “proteger a los clanes políticos y a los opositores al gobierno de Gustavo Petro” y que uno de los grandes retos que tendrá Eljach es “recuperar la legitimidad y confianza en la institución”. 

Hay que decir que en el Congreso ya hay un proyecto de acto legislativo que pretende cambiar la forma en la que se elige al procurador. Se trata de una iniciativa del representante Cristian Avendaño y busca modificar los artículos 173 y 276 de la Constitución, para que el proceso de elección esté a cargo del Consejo de Estado. Es decir, pasaría de manos del Senado al alto tribunal. 

Lo cierto, por ahora, es que Eljach llegará al despacho que ahora ocupa Margarita Cabello y tendrá en sus manos los procesos disciplinarios de los senadores que lo eligieron y de los funcionarios del gobierno que lo ternó, por lo menos en los dos años que le restan a la administración de Gustavo Petro. Así, de acuerdo con el abogado Dueñas, el antiguo secretario del Senado deberá demostrar que “no llega con agenda política”.