Reforma judicial no busca eliminar ni la Procuraduría ni el Inpec: ministro de Justicia

El Gobierno nacional se encuentra trabajando en el proyecto de la reforma al sistema judicial en Colombia. Una de las dudas que se ha planteado es qué pasará con instituciones como la Procuraduría o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Es por eso que en medio de la discusión y los rumores, Néstor Osuna, ministro de Justicia, hizo referencia al tema desde Barranquilla y aclaró que no se busca acabar con ninguna de las instituciones ya establecidas, sino que se buscará hacer reformas que permitan fortalecer los mecanismos de control y vigilancia.

Comenzó explicando que el Inpec no puede desaparecer, ya que el sistema penitenciario del país necesita ser administrado por una entidad; sin embargo, hizo énfasis en la importancia de intervenirlo debido a que existen muchos espacios de corrupción y funcionarios que están entorpeciendo el funcionamiento de la institución.

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"El Estado necesita una guardia penitenciaria y necesita una institución que organice esa guardia, que preste el servicio de custodia y de resocialización de las personas privadas de la libertad. Lo que el Inpec necesita es seguirse depurando de toda corrupción y también necesitamos articular mejor la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) con el Inpec para que los servicios penitenciarios sean más eficientes, más rápidos y más oportunos", agregó el funcionario del Gobierno nacional.

En cuanto al Ministerio Público, Osuna anotó que no desaparecerá, pero que sí serán reformadas sus funciones: "Eso sí, es una reforma, pero no una supresión ni un recorte a la Procuraduría, será un ajuste, por una parte, al Derecho Internacional de Derechos Humanos y para fortalecer los recursos del ministerio".

En septiembre, se publicó un borrador de la reforma y en este se hacía hincapié en la importancia de limitar las funciones de la Procuraduría en cuanto a las sanciones que puede otorgar a funcionarios elegidos por voto popular.

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"No tendrán funciones jurisdiccionales y no podrán limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular", se lee en el documento.