Reforma política 2.0: el Gobierno propone una cirugía profunda al CNE

La primera reforma que se le cayó al Gobierno en marzo de 2023 fue la política. En ese entonces, el proyecto terminó roto a la mitad por Roy Barreras en la Comisión Primera del Senado. Los micos y artículos polémicos que plagaron a esa reforma la hicieron inviable y el mismo presidente Petro pidió su archivo. Ahora, año y medio después, el Ejecutivo tiene ya radicó una nueva versión.

El nuevo articulado no solo incluye propuestas hechas en el pasado sino otras que obedecen a las recientes coyunturas que han afectado al Gobierno y al presidente Petro. Por ejemplo, la reforma al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la forma en la que se eligen a sus integrantes.

La transformación al CNE que quiere el Gobierno

Según el texto radicado, uno de los objetivos principales es la transformación del CNE.

El proyecto propone que los magistrados del CNE sean elegidos por un concurso público organizado por la rama judicial. La Corte Constitucional seleccionará a tres miembros, el Consejo de Estado a otros tres y la Corte Suprema a los tres restantes. Es decir, ya no sería el Congreso el que escoja a los magistrados del CNE después de las postulaciones de los partidos políticos. El objetivo es que la selección se oriente por un concurso de méritos.

Además, se propone que el periodo de los magistrados sea de seis años y no de cuatro como lo es en la actualidad, lo que haría que los magistrados que se elijan durante un gobierno lleguen a sobrevivir hasta la mitad del siguiente mandato.

La reforma también modifica los requisitos para ser magistrado del CNE, en un intento por despolitizar a ese organismo. Por ejemplo, se prohíbe haber sido directivo de algún partido o movimiento político en los siete años previos a la postulación para ser magistrado.  

También se restringe la posibilidad de aspirar al CNE a aquellos que hayan sido elegidos para un cargo de elección popular en los siete años previos. Por lo tanto, ya no sería posible que excongresistas salten directamente de sus curules al CNE, como ha ocurrido con varios de los magistrados en la última década.

Por otro lado, el proyecto de reforma establece que durante los dos años posteriores a la finalización del periodo como magistrados, ninguno de los exintegrantes del CNE podrá ocupar cargos directivos en partidos políticos ni tampoco ser nombrados como ministros, directores de departamentos administrativos o aspirar a cargos de elección popular. En otras palabras, a los exmagistrados no les quedaría mucho margen de maniobra en el sector público.

Sobre las funciones de los magistrados del CNE, el proyecto adicionaría cinco nuevas:

• Revisar actuaciones y decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el desarrollo de los procesos electorales. 
• Ejercer el control y depuración del censo electoral y realizar la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular. 
• Fijar el monto máximo de gastos en las campañas electorales y distribuir los aportes estatales para su financiamiento. 
• Adoptar medidas para colaborar con entidades encargadas de la investigación administrativa y penal sobre el control de financiación de campañas electorales. 
• Establecer lineamientos y dirigir la realización de los escrutinios.

También se modifican otras funciones del CNE relacionadas con la reglamentación de acceso a medios, consultas internas y publicidad de encuestas de opinión política.

También se espera que la reforma frene la capacidad del CNE de imponer sanciones administrativas.

Otro de los objetivos es que el Estado sea el aportante con “preponderancia” por encima de los aportes privados. 

Asimismo, se quieren prohibir expresamente los aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras a las campañas. Lo anterior en respuesta a la polémica que se desató en el trámite de la reforma a la salud en el semestre pasado. En ese entonces el Gobierno cuestionó las donaciones hechas a senadores en 2022 por parte de compañías relacionadas con Sanitas, empresa europea dedicada al aseguramiento en salud. 

También se establecen como obligatorias las listas cerradas, es decir, cuando el ciudadano vota por la lista de un partido y no por el número de un candidato en específico. Esa fue la forma que escogió en 2022 el Pacto Histórico para las elecciones legislativas.

Finalmente, se quiere agregar un nuevo requisito para que los partidos mantengan su personería jurídica además de un mínimo de votación en las elecciones. Se debe tener una base de afiliados de por lo menos el 0.2 por ciento del censo electoral nacional, es decir, cerca de 80.000 afiliados.

El Gobierno radicará el proyecto el próximo 24 de septiembre en la Cámara de Representantes.