Reformas sociales: el Gobierno tiene 72 horas para salvar sus proyectos y bajar el globo constituyente

En menos de dos días terminará el periodo legislativo más largo de los últimos años. Fueron 17 semanas de intensa actividad en el Congreso por cuenta de la reducción del receso legislativo aprobado el año pasado. Sin embargo, el Gobierno todavía está a toda marcha buscando salvar del hundimiento a dos de sus reformas más importantes: educación y trabajo, mientras que la oposición dará la última batalla antes del segundo tiempo de la administración de Gustavo Petro.

El Gobierno llega con aire en la camiseta a las últimas horas del actual periodo legislativo. La controversial aprobación de la reforma pensional demostró que al Ejecutivo no se le ha olvidado jugar a la política menuda y que en la Cámara de Representantes el Gobierno tiene más aliados que enemigos. Sin embargo, el libreto de la pensión no funcionará con los otros dos proyectos en trámite: la reforma estatutaria a la educación y la reforma laboral.

Reforma a la educación: a punto de perder el semestre

En una operación de caballo de Troya, la oposición logró complicar la reforma a la educación, irónicamente, apelando al diálogo. Todo comenzó porque los senadores del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador y Partido de la U consiguieron que el Ministerio de Educación modificara el proyecto en aspectos cruciales a cambio de subir la talanquera de la Comisión Primera.

La ministra Vergara cedió y el proyecto pasó a último debate en la plenaria del Senado, pero la enmienda que se le hizo al articulado desató la ira de Fecode y otros sectores de centro e izquierda. Los reparos giran en torno, por ejemplo, al sistema nacional de cualificaciones, que sería obligatorio a todos los docentes, además del reconocimiento de la educación terciaria como derecho fundamental y cómo atender la desfinanciación del sistema educativo. 

La presión del mayor sindicato de maestros –y financiador de la última campaña presidencial de Gustavo Petro– llevó al Ministerio de Educación y al Pacto Histórico a buscar una nueva negociación con la oposición y la independencia. Pero, con la sartén por el mango, la oposición no cedió lo suficiente y el Gobierno resolvió romper lo acordado y radicar una ponencia alternativa. Así las cosas, hay una ponencia positiva más a la medida de la oposición y otra del Gobierno.

Además, CAMBIO conoció que algunos senadores de partidos independientes y de oposición presentarán sus constancias a favor de la reforma y de un punto medio, pero reconocen que ya está prácticamente descartada una fórmula de consenso para salvar el proyecto. “Es una reforma necesaria, pero lo que hay hoy son dos posturas totalmente opuestas y un texto incoherente por querer darle gusto a todo el mundo”, le dijo a CAMBIO un senador de la oposición.

El Gobierno tiene en sus cuentas más optimistas 54 votos a favor de la reforma, distribuidos así:

• 25 votos del Pacto Histórico, Comunes, Mais, Polo Democrático, Unión Patriótica y ADA.
• Seis votos de la bancada verde. Se descartan los de Iván Name y JotaPe Hernández.
• Cinco votos de la coalición Centro Esperanza, Independientes y la Alianza Social Independiente.
• Siete votos del Partido Liberal.
• Ocho votos del Partido de la U.
• Tres votos conservadores (Carlos Andrés Trujillo, Liliana Benavides, Miguel Ángel Barreto).

En total, según las cuentas más esperanzadoras que hace el Ministerio del Interior, habría 54 votos para la reforma a la educación, uno más del mínimo necesario para aprobar el texto. Es decir, que cualquier apoyo que se escape hacia la oposición podría condenar a la reforma. Por otro lado, hay entre 18 y 20 senadores indecisos.

Más allá de las matemáticas políticas, lo cierto es que el Gobierno y la ministra Aurora Vergara perderán en cualquier escenario. Si la reforma se aprueba, tendrán una victoria legislativa, pero con el malestar de Fecode a cuestas, que solo pide el hundimiento de la reforma a pesar de las modificaciones y la renuncia de Vergara. Si el proyecto se aprueba con la ponencia de la oposición, sería aún peor. Y si se hunde, el trabajo de más de un año se perdería.

Reforma laboral: a salir del atasco en la Cámara

En la Comisión Séptima de la Cámara está la reforma laboral atascada desde principios de año. El proyecto ya se hundió el año pasado por falta de tiempo y ahora, debe superar el debate en la Comisión Séptima de la Cámara para sobrevivir de cara a la siguiente legislatura.

El proyecto ha tenido mejor suerte en las últimas semanas gracias a que en esa célula legislativa el Gobierno cuenta con leales aliados como la liberal María Eugenia Lopera. La reforma está a seis artículos de ser aprobada, aunque, así como la reforma a la educación, el precio ideológico ha sido alto.

Por ejemplo, durante el transcurso de las discusiones se han eliminado 23 artículos del texto original, entre ellos 20 sobre derechos colectivos de los sindicatos.

Se fue el artículo que definía como requisitos para la negociación sindical a la unidad de pliego, unidad de comisión negociadora y terminar en la suscripción de una única convención colectiva de trabajo. También se eliminaron otros relacionados con indemnizaciones adicionales al momento de despido, modificación a las cuotas de aprendices en las empresas y reintegro al trabajo si el despido fue por discriminación. 

Las centrales obreras como la CUT y la CGT rechazaron la eliminación de este bloque. Sin embargo, no han responsabilizado a la ministra Gloria Inés Ramírez, quien también se solidarizó con las organizaciones sindicales. El Ministerio de Trabajo dejó constancia de su desacuerdo.

¿Es ahora o nunca?

Una tradición no escrita en el Congreso dicta que los dos primeros años de legislaturas corresponden al Gobierno y a partir de allí, es el Congreso el que se vuelve amo y señor de la agenda. En otras palabras, el Ejecutivo tiene dos años para aprobar sus normas y los otros dos para demostrar resultados. Además, el último año es de campaña pura y dura a Congreso y Presidencia.

Por ello, el Gobierno está raspando las mieles que todavía tiene con el Capitolio, pues a partir del próximo 20 de julio la situación es menos favorable. 

La próxima presidencia del Senado corresponde al Partido Conservador, y hasta ahora no hay competidor fuerte para Efraín ‘Fincho’ Cepeda. Por el momento, la única opción del Gobierno es Carlos Andrés Trujillo, pero su nombre sigue generando resistencia por los rumores que hay sobre su supuesta participación en el escándalo de la UNGRD. Es cierto que Trujillo no ha sido mencionado hasta ahora ni por Olmedo López ni por Sneyder Pinilla, pero los vínculos del político antioqueño con La Guajira lo tienen como el sospechoso de siempre.

En el caso de la Cámara, el relevo en la presidencia será para el Partido Alianza Verde. Sin embargo, la más opcionada es Katherine Miranda, una de las congresistas más críticas con el Gobierno de esa colectividad. La Casa de Nariño sentirá la ausencia del liberal Andrés Calle, defensor del presidente Petro y mencionado en el escándalo de la UNGRD.

“Con Cepeda y Miranda no se va a mover una aguja a favor del Gobierno”, dijo un senador del Partido Verde.

La pelea dura la tendrán la reforma a la salud 2.0, que será radicada el 20 de julio, la reforma a los servicios públicos y la reforma a la Ley 30 de educación superior y la creación de Ecominerales. Del balance de la actual legislatura también dependerá el impulso de la idea de convocar al poder constituyente que ha defendido el presidente Petro desde hace dos meses. Si la reforma pensional queda aprobada, la reforma laboral sigue con vida y sobrevive la reforma a la educación, el globo constituyente se empieza a desinflar.