Líderes del sector educativo piden que se respeten los acuerdos de la reforma a la educación

Luego de que se rompieran los acuerdos entre la oposición y el Gobierno para el proyecto de ley estatutaria de la educación, los dos sectores presentaron sus ponencias para el cuarto y último debate en la plenaria del Senado. 

Desde el Ejecutivo insisten en la importancia de la financiación de las instituciones de carácter público, se elimina un artículo sobre la educación terciaria y se hace énfasis en que las evaluaciones docentes externas no podrán tener efectos en la desvinculación de los servidores públicos. Mientras, la ponencia de Cambio Radical, el Centro Democrático, los conservadores y el Partido de la U hacen referencia a un sistema de educación mixto, en el que se incluye la educación terciaría. Es decir, se incluye la educación para el trabajo. 

Así, más de 200 líderes del sector educativo le enviaron una carta el Congreso de la República y a la ministra de Educación, Aurora Vergara, para manifestar su profunda preocupación por la educación del país y para pedir que se respete el acuerdo que se logró en la Comisión I del Senado entre el Gobierno y la oposición. 

“Con motivado interés ratificamos nuestra invitación al Congreso y al Ministerio de Educación a respetar la esencia del acuerdo logrado, para que se consolide un adecuado proyecto de ley que integre las necesidades sociales en materia de educación, siendo incluyente y pertinente para atender la realidad educativa colombiana”, describen los más de 200 firmantes, entre los que hay figuras como Alejandro Gaviria, María Fernanda Campo, Francisco José Lloreda, así como otros exministros y exviceministros de Educación.

Para ellos, lo acordado tenía elementos que consideran necesarios: “el respeto absoluto a la autonomía universitaria, el reconocimiento de la coexistencia de instituciones oficiales y no oficiales en un sistema mixto equilibrado, como pilar determinante para la ampliación de la cobertura, el fortalecimiento permanente de la calidad y la pertinencia de la educación, el reconocimiento de la educación terciaria, así como el derecho de las personas a adelantar diferentes trayectorias educativas a lo largo de la vida”. 

Los riesgos que ven en la ponencia del Gobierno

Los firmantes advierten que la ponencia del Ejecutivo tiene riesgos frente a la educación en el país. 

Así, afirman que hay un “desconocimiento de la autonomía universitaria, mediante la exigencia de modelos de gobernanza que favorecen intromisiones políticas y de gobiernos particulares, y la imposición de la elección directa de directivos como único modelo aceptable”. 

También afirman que hay una falta de reconocimiento al sistema mixto, “reconocido por la Corte Constitucional y que ha sido determinante en la estructura, funcionamiento y cobertura de la educación superior”.

Otro de los riesgos que mencionan está en lo que ellos llaman “invisibilización de la educación terciaria, que es un eje articulador de diferentes vías de cualificación para los ciudadanos, que pueda garantizar la pluralidad y la equidad en el acceso”. 

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Por último, les preocupa que habría una falta de garantías de financiación adecuada y su sostenible para su implementación, lo que podría llevar a un fracaso práctico por falta de recursos. 

Esto, porque según un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, “se ha estimado que solo la expansión de cobertura estatal para  2025, desde la educación inicial hasta la superior, requeriría una inversión adicional de aproximadamente 41 billones de pesos anuales”.

Así las cosas, insisten en que aprobar el texto del Gobierno podría generar frustración en miles de ciudadanos. 

Es decir, que congresistas independientes y del Pacto Histórico, la coalición de Gobierno, han criticado el texto que se acordó. Según ellos, porque tenía elementos críticos. 

Por ejemplo, la representante Jennifer Pedraza, congresista independiente de Dignidad, señaló que ese texto conciliado representa “un retroceso para la educación pública, define que será un deber del Estado adaptar la educación a las necesidades del mercado, renuncia a la prioridad del Estado sobre la educación oficial y equipara la educación no formal con la educación superior. Lo mejor de la ley lo eliminaron y envenenaron el proyecto. Ahora es regresiva y lo poco que protege, ya está definido por la Corte Constitucional”. 

Por lo pronto, será el Senado el que elija con cuál texto de la ley estatutaria de la educación se queda.