Una reparación 'de mala gana': el agridulce final de la lucha de una exfiscal que sufrió 12 años de exilio

“Muchos entregaron la vida y los que quedamos vivos entregamos nuestros proyectos de vida que quedaron en suspenso. El Estado debía protegernos y ahora debía repararnos y lo hace, pero de mala gana. Como diciendo: ‘no moleste más’. ¿Las víctimas están en el centro? Eso no existe. Es una mentira”.

Las palabras son de Mónica Gaitán, una exfiscal de la Unidad de Derechos Humanos que sufrió por 12 años los dolores que implica el exilio y que ha luchado junto con su esposo, el exjuez Genaro Olaya, para que el daño que sufrieron sea resarcido. Aunque finalmente la anhelada reparación llegó, la decisión judicial que la concedió deja mucho que desear: pudo haber sido un fallo histórico sobre los impactos del exilio, pero quedó en un mero trámite.

En decisión de finales del año pasado, que apenas se notificó, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró responsable a la Nación, representada por la Fiscalía, por los daños y perjuicios sufridos por la exfiscal Gaitán, quien investigaba la masacre de Chengue del año 2001 y quien tuvo que irse del país luego que su mano derecha, la fiscal Yolanda Paternina, fuera asesinada, y que el fiscal de la época, Luis Camilo Osorio, le frenara la expedición de unas órdenes de captura contra mandos de la Armada.

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Aunque la decisión reconoce una indemnización económica, el fallo en sí mismo no es lo que la exfiscal esperaba: no hizo una valoración de fondo sobre las implicaciones del exilio, ni de los efectos de dejar todo atrás de un día para otro con enfoque de género, como había determinado ya en este mismo caso la Corte Constitucional. Es una reparación en abstracto, dice Olaya. CAMBIO le explica por qué.

Cronología de un drama

Gaitán lideraba las pesquisas luego que paramilitares masacraran a 27 personas en Chengue, Sucre, en 2001. Daba las órdenes desde Bogotá. Recogió pruebas, ordenó allanamientos y obtuvo testimonios claves que revelaban la participación de agentes del Estado. Todo el trabajo se hizo de la mano de Yolanda Paternina, la valiente fiscal que descubrió las primeras pistas de lo que después se conoció como la parapolítica. Aunque Paternina advirtió que la iban a matar, nada se hizo para evitarlo.

La mataron a ella y también a dos investigadores de su equipo. La incertidumbre tocó fondo en el momento en que el fiscal Luis Camilo Osorio le quitó el caso cuando estaba todo listo para ordenar la captura de un integrante de la Armada de alto rango. En abril de 2002 no hubo más remedio que irse con su esposo y sus dos hijos menores de edad a Estados Unidos y pasar a sobrevivir lavando platos y en la construcción, sin saber el idioma, sin poder comunicarse con sus familiares, sin saber inglés. Aunque consiguieron el asilo en 2003 y los trabajos les permitieron sobrevivir, su proyecto de vida se fue al piso y el choque emocional y psicosocial aún perdura.

Por esos 12 años fuera del país demandaron a la Nación. Tras un largo pleito, el Consejo de Estado inicialmente les negó la reparación con un argumento frío, técnico y ajeno a su drama: que demandaron tarde y que debieron hacerlo en los dos años siguientes a conseguir el asilo. Esa decisión, como ha contado CAMBIO, llevó a que presentaran una tutela que fue fallada a su favor en julio del año pasado por la Corte Constitucional, lo cual llegó como un rayito de luz en medio del encapotado horizonte.

Dos formas de responder ante la injusticia

El fallo de la Corte Constitucional, que es una sentencia de unificación, representa un hito y un precedente para este tipo de casos, ya que Gaitán no fue la única fiscal exiliada en esa época de conflicto.

Hay dos temas de fondo: uno, la regla prácticamente inamovible que dice que una persona tiene dos años para demandar cuando tiene conocimiento de que un hecho que sufrió tuvo participación de agentes del Estado; y dos, la reparación como tal.

En su fallo, la Corte Constitucional fue clara: no se podía alegar que el plazo para demandar empezaba a correr cuando Gaitán y Olaya recibieron el asilo, porque esa situación no implicó que tuvieran resueltas sus necesidades. También dijo que era “irrazonable” que los jueces que conocieron el caso no hubieran hecho ni la más mínima consideración sobre los daños psicológicos. La Corte sí tuvo en cuenta el informe de la Comisión de la Verdad que reseñó claramente el desarraigo del exilio, y la forma como una persona pierde todo para salvar su vida.

La decisión de la Corte fue un llamado de atención a los jueces que pasaron por alto la situación de vulnerabilidad, que no tuvieron en cuenta que Gaitán y su esposo no estaban en las condiciones de empezar un pleito judicial, ni tampoco que la Fiscalía no adelantó labores de protección para una de sus funcionarias como fiscal que lideraba un caso que luego fue declarado de lesa humanidad, ni como mujer. La Corte dijo que no cumplir esos deberes es “una forma de discriminación” que “fomenta un ambiente de impunidad y promueve la repetición de la violencia”.

Por eso, la Corte le ordenó al Consejo de Estado que volviera a emitir un fallo de fondo sobre el caso de Gaitán que tuviera en cuenta las circunstancias mencionadas como, por ejemplo, las implicaciones del exilio frente a las mujeres, que suelen sufrir de discriminación laboral y económica y que su victimización suele ser minimizada. La esperanza había vuelto, al menos por un momento.

El Consejo de Estado cumplió la orden y emitió la nueva sentencia. En 26 páginas, la Sección Tercera pasó a analizar las pretensiones de indemnización, sin mayores pronunciamientos sobre la situación vivida o las implicaciones del exilio. La decisión, hay que decirlo, sí reconoce los daños sufridos y concede reparaciones importantes, pero se limita a hacer la valoración económica.

La decisión reconoce el perjuicio moral sufrido y el daño a la vida, pero cuando analiza el lucro cesante, es decir, el daño patrimonial que sufre una persona cuando pierde una ganancia legítima (su sueldo), el alto tribunal tuvo posiciones variadas. En el caso de la exfiscal Gaitán, reconoció que ante la “desprotección y el riesgo sobre su vida, ella tuvo que renunciar”, pero no aceptó ese mismo argumento para su esposo, quien era juez y, como era previsible, también dejó todo ante el riesgo en el que estaba su pareja.

En el caso de Genaro Olaya, el Consejo de Estado dijo: “Tampoco se encuentra demostrada la existencia de alguna amenaza concreta en contra de su integridad que fuera materia de alguna solicitud específica de medidas de protección y que las mismas no hubieran sido tramitadas u otorgadas por el incumplimiento de los deberes misionales y funcionales de la entidad aquí demandada, por lo que a pesar de la lamentable situación vivida no se considera que el exilio que afrontó tenga causa directa y exclusiva en acciones u omisiones de la Fiscalía General de la Nación”.

Los reparos

Si les fue concedida una reparación, ¿por qué la crítica? Porque el Consejo de Estado es reconocido por decisiones ejemplares que, en hechos notorios, cuando condena a la Nación, no solo aborda las indemnizaciones reclamadas sino los temas de fondo e incluso tomas medidas no pecuniarias, pero que buscan la reparación simbólica de las víctimas.

En diálogo con CAMBIO, Mónica Gaitán y Genaro Olaya aseguraron que la decisión no es una reparación integral, sino una reparación en abstracto, que no tuvo enfoque de género, a pesar de que la Corte Constitucional lo había ordenado. Para ellos, es un mal sabor que además tiene impactos importantes a futuro para casos similares.

"Es un sentimiento de dolor, de injusticia, de sentirse uno que está reclamando una limosna. Son muchos sentimientos. Esperábamos que el Consejo de Estado tuviera en cuenta que la Corte había dado una línea jurisprudencial, pero le costó reconocer estas circunstancias y uno no entiende la verdad porque no son coherentes", dijo Gaitán.

Es la sensación, agrega la exfiscal, "de tener que insistir, insistir e insistir aunque la norma está para que se aplique. Pero no, es un sacrificio. El tiempo que pasa es vida. La verdad yo siento que el solo hecho tener vida es un regalo porque pienso en Yolanda y en las víctimas... Colombia es una nación de dolor y la sentencia del Consejo de Estado tenía que traducir el sentir de la Corte Constitucional con responsabilidad de cara a las víctimas".

Para Gaitán y su esposo, es una reparación "de mala gana" y están analizando qué caminos podrían tomarse en este caso para que no solo sea una indemnización.