
Ni es la panacea para acabar con el centralismo como dicen sus promotores, ni es la debacle fiscal que lamentan sus críticos. La reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada por el Congreso para darle más recursos y competencias a departamentos y municipios no es ni lo uno ni lo otro.
Es un avance importante para la necesaria autonomía de los territorios, pero tiene retos por las muchas reformas que faltan para una verdadera descentralización del país y plantea riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
LAS TAREAS PENDIENTES DE LA DESCENTRALIZACIÓN
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