¿Cuál será el futuro del Impuesto saludable?

En la más reciente reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), aprobada por el Congreso de la República en diciembre del año pasado, se incluyó el llamado “impuesto saludable”, que grava progresivamente las bebidas azucaradas (gaseosas, jugos de caja y otros) y la denominada comida chatarra (alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas), en beneficio de la salud de los colombianos.

La ley estipula que el gravamen, calculado según la concentración de azúcar (cantidad de gramos presentes por cada 100 mililitros) en las bebidas, empezará a cobrarse en noviembre de este año. Sin embargo, dicho plazo podría verse modificado dado que en abril la Corte Constitucional admitió una demanda contra la reforma tributaria, la cual contiene tres capítulos que definen diferentes elementos sobre los impuestos saludables (artículo 54).

Si bien la máxima autoridad de la rama judicial, que ya ha escuchado a varios expertos, no define aún si declara inexequible o no el impuesto saludable, las organizaciones promotoras confían en que la Corte falle a favor de los derechos y la salud pública, no de intereses económicos. “Estas medidas nos involucran a todos y a nuestro derecho a la salud”, destacó Yessika Hoyos, integrante de la asamblea directiva del Colectivo de abogadas y abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

Los expertos asistentes al foro “Impuesto saludable en Colombia”, organizado este jueves por CAMBIO, el Colectivo de abogadas y abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad Dejusticia y la organización Fian Colombia, coincidieron en que, a pesar de la oposición de la industria, el impuesto es legítimo porque deja beneficios en múltiples frentes, como ya lo han comprobado otros países.

“Ganan las industrias que diversifican su producción y contribuyen con responsabilidad social, gana la ciudadanía que se informa y se hace más consciente de lo que come, gana el Estado por el mayor recaudo de impuestos para salud pública, ganan las personas que han quedado vulnerables ante otras enfermedades por obesidad y gana el país que se pone a tono con las recomendaciones internacionales”, destacó el representante a la Cámara Alirio Uribe.

El impuesto hace parte de un conjunto de medidas de política pública recomendadas a nivel internacional por organizaciones como la Organización Panamericana para la Salud (OPS) y la Organización Mundial para la Salud (OMS) para frenar el crecimiento de la obesidad y de enfermedades no transmisibles asociadas a esta como la diabetes, las cardiovasculares, o algunos cánceres. Estas medidas, entre las que se encuentra también el etiquetado frontal de advertencia (Ley 2120 de 2021 o de ‘comida chatarra’), tienen como objetivo incentivar patrones de consumo saludables y desincentivar los perjudiciales para la salud, a través del acceso a la información de los consumidores sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo.

“Ya está visto que la medida no va a afectar la libertad de empresa ni su patrimonio, pero habrá libertad de elección del consumidor hacia bebidas más saludables. Además, se protegerá una población que consume productos que no tienen aporte nutricional”, señaló Luz María De Regil, jefe de la Unidad de Acciones Multisectoriales en Sistemas Alimentarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Por qué regular el consumo de azúcar?

Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestran que la prevalencia de la obesidad casi se triplicó desde 1975. Para 2016, el 39 por ciento de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13 por ciento eran obesas. Esta condición cobra cada año la vida de 2,8 millones de personas.

Para el caso de Colombia, en 2015, la prevalencia de sobrepeso en adultos fue del 37,7 por ciento y la de obesidad fue del 18,7 por ciento, lo que significa que el 56,4 por ciento de las personas pesan más de lo que deberían. Además, en niños y niñas de 5 a 12 años esta enfermedad afecta a dos de cada diez individuos (24,4 por ciento).

Un informe publicado en la revista BMJ Global Health en 2022 aseguró que el aumento de las tasas de obesidad costará a la economía mundial el 3,3 por ciento de su PIB para 2060, lo que frenará en especial el desarrollo de los países con bajos ingresos. En Colombia, el Ministerio de Salud calcula que el gasto anual en el tratamiento de diabetes atribuible a bebidas azucaradas para 2016 fue de aproximadamente 740.000 millones de pesos.

Fabio Gómez, asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), manifestó que la epidemia de la obesidad, producto de la mala alimentación, ya es un problema de salud pública. En respuesta, hasta la fecha 92 países han creado algún impuesto selectivo, 21 de ellos están en la región de las Américas. A estos se suma ahora Colombia. “Es una de las medidas costo-efectivas más recomendadas para enfrentar el problema, pero todavía tenemos espacio para mejorar”, dijo.

México fue el primer país de la región en dar el paso, en 2013, luego de advertir un consumo de bebidas azucaradas por persona de 180 litros al año, incluso en algunas regiones del país llegaba a 300 litros. “El primer año el consumo se redujo un 14 por ciento. Fue alarmante porque el 90 por ciento de los niños tomaban estos productos de manera cotidiana”, recordó Christian Torres, coordinador en El Poder del Consumidor, asociación civil mexicana.

En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud Escolar de 2017 reveló que el 86,9 por ciento de los niños no cumplen con el requerimiento de frecuencia de consumo de frutas y verduras, en cambio el 63,6 por ciento consumen gaseosas por lo menos una vez al día.

Es por esto que Martha Sandoval, miembro de la Red Académica por el Derecho a la Alimentación y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, advirtió el riesgo de que las bebidas azucaradas se presenten como un bien de primera necesidad basados en el hecho de que el consumo está creciendo (tienen una participación del 1,7 % en los gastos), sobre todo en los hogares de bajos ingresos.

“Son las contradicciones de los argumentos de la industria. Las bebidas azucaradas no son necesarias en una dieta saludable, de hecho, preocupa que estén en la canasta y que vayan creciendo, sobre todo de los hogares de menores ingresos, para quienes la carga económica de las enfermedades derivadas del consumo de azúcar es mucho más alta”, dijo.

Una lucha que no termina

Los expertos invitados coincidieron en que el impuesto saludable, tal como quedó en el estatuto tributario, no es la solución definitiva, aunque reconocieron como un logro que se haya incluido en la ley después de seis años de defensa por parte de organizaciones civiles y autoridades internacionales en salud.

“La norma no salió como llegó por el proceso de negociación dentro del Congreso de la República y porque la industria ya había hecho un lobby muy fuerte en proyectos anteriores y había posicionado unos mensajes en las bancadas y los partidos que reciben su financiación. Sin embargo, el artículo avanzó y se generó más conciencia incluso al interior de las bancadas”, reconoció el representante a la Cámara Alirio Uribe.

De hecho, el impuesto se aplicará de forma progresiva. Para el año 2023 y 2024, las bebidas azucaradas con más de seis gramos azúcares añadidos por cien mililitros tendrán que pagar el impuesto, gramaje que para el año 2026 se reduce a cinco gramos. En ese sentido, su implementación no significará un cambio abrupto para la industria o los hogares, incluso para la economía.

“Para que el impuesto sea efectivo debe llegar con un mensaje claro al consumidor que diga que el producto gravado tiene un alto riesgo para la salud. También es necesario que la sociedad entienda que no es una medida aislada, hace parte de un paquete de información”, resaltó Norman Maldonado, director del Centro de Investigación en Economía de la Salud y Protección Social (Proesa).

Incluso en México, la lucha de los derechos contra los intereses comerciales continúa, 10 años después de la primera conquista. Actualmente el impuesto maneja una tasa del 10 por ciento y los activistas esperan llevarlo al 20 por ciento, como recomienda la OMS. “El impuesto es tan bajo que la industria ya lo absorbió y no tenemos impacto en los consumidores”, lamentó Christian Torres.

El parte de tranquilidad para los consumidores, de acuerdo con los panelistas, es que pueden aumentar el consumo de agua o sustitutos saludables, como frutas frescas, y así, en consecuencia, fortalecer de paso la economía de las organizaciones campesinas. En la medida en que el tema siga estando en la agenda pública, se promueve un cambio cultural hacia costumbres más sanas.

“La evidencia en otros países muestra que el impuesto sirve porque sí reduce el consumo, pero debe estar acompañado de un paquete de medidas. Los bloqueos que estamos viendo me recuerdan a lo que en su momento se decía del tabaco, pero estamos dando un paso muy importante por proteger a los consumidores”, concluyó Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia.