¿Qué significa levantar el velo corporativo de EPS Sanitas, como pide el ministro de Salud?

La cruzada del Gobierno Petro en contra de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) está en uno de sus momentos más álgidos. Luego de que Cruz Verde anunció que no seguirá entregándoles ciertos medicamentos (los no PBS) a los pacientes afiliados a la EPS Sanitas, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aprovechó para emprender una nueva ronda de cuestionamientos al modelo de salud actual. En su más reciente movida, le pidió a la Contraloría que levante el velo corporativo de Sanitas, para verificar cómo utiliza la plata de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), a pesar de que la empresa ya ha explicado que la situación con el distribuidor farmacéutico no es por ese dinero.

Jaramillo Martínez dijo que la EPS estaría usando los fondos de la UPC para “todo tipo de actividades”, incluyendo el pago de multas. La medida que le solicitó al contralor Carlos Mario Zuluaga está amparada en la Ley 2591 de 2022 e implica que la Contraloría pueda auditar el pago de los recursos que debe Sanitas a sus proveedores y haga una revisión “forense” del flujo de su plata.

Para profundizar: Ministerio de Salud pide levantar el velo corporativo de Sanitas. La EPS se pronuncia

El artículo de esa ley, que le daría vía libre para pedir esta acción, es el 65, que se refiere a la “desestimación de la personalidad jurídica para el control fiscal”. Esta implicar el levantamiento del velo corporativo en casos en que se considere necesario establecer “el beneficiario real de las operaciones o transacciones realizadas por personas jurídicas presuntamente responsables” en un proceso de responsabilidad fiscal. En caso de tomar esa medida, la Contraloría podría acceder a la información sobre controlantes, socios, aportantes o beneficiarios reales, y determinar si podrían ser vinculados como presuntos responsables al proceso en cuestión.

Lo anterior puede aplicar en tres casos específicos: primero, cuando hay indicios serios de que la acción u omisión que se le atribuye a la empresa (persona jurídica), se cometió por “causa o con ocasión” de las actuaciones de las personas mencionadas. Así mismo, cuando la empresa esté en estado de insolvencia o liquidación y así esté en riesgo el resarcimiento del patrimonio público y, también, cuando “la lesión al patrimonio público o la afectación de intereses patrimoniales de naturaleza pública, se haya generado por explotación o apropiación de bienes o recursos públicos en beneficio de terceros”.

La ley también incluye que la Contraloría pueda decretar el levantamiento del velo corporativo cuando la pérdida de recursos públicos sea inminente y necesite tomar la medida para ejercer sus funciones. Es decir, el levantamiento del velo corporativo tiene el objetivo de desenmascarar posibles hechos de corrupción en las empresas.

Jaramillo pretende que el ente de control examine cómo la empresa privada EPS Sanitas se gasta la plata que, por ley, el Estado le gira anualmente por lo que “cuesta” cada paciente al año. Es decir, cómo usa el dinero de la UPC. El jefe de la cartera ha insinuado que como el grupo Keralty, al que pertenece Sanitas, tiene clínicas y otros centros de atención en salud a donde remite a algunos de sus usuarios -modelo conocido como integración vertical-, estaría moviendo la plata irregularmente. 

Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas, explicó que durante los años de trabajo de la entidad han sido auditados múltiples veces y los resultados han sido satisfactorios. “Insistimos en buscar una reunión con el ministro de Salud”, dijo en una declaración de respuesta. Rueda señaló que por todos los canales ha buscado, con su equipo, sentarse a conversar con el jefe de la cartera de Salud, sin éxito alguno desde el 27 de agosto.

En días anteriores, Sanitas explicó que la situación con Cruz Verde no se debe a los gastos generados por UPC, que son del Plan Básico en Salud (PBS), sino a aquellos que son adicionales, los no PBS. Estos últimos se formulan a través de Mipres, una herramienta tecnológica por medio de la cual los profesionales de salud "prescriben tecnologías en salud no financiadas con plata de la UPC o servicios complementarios". Los medicamentos no PBS los cubre una bolsa de plata a cargo del Estado, distinta a la de la UPC, llamada Presupuestos Máximos de Recobro.

Por lo tanto, la medida que solicitó Jaramillo a la Contraloría en realidad no lograría el objetivo de verificar por qué la plata para pagarle a Cruz Verde no alcanza, pues esa deuda no se paga con el dinero que el ministro quiere que la Contraloría rastree, el de la UPC. Por el contrario, la explicación que dio Rueda en días anteriores es que el dinero para lo no PBS no es suficiente.

Para profundizar: Sanitas o Ministerio de Salud: ¿Cuál tiene la razón en la pelea por los medicamentos de Cruz Verde?