Palomino "usó indebidamente su cargo" para beneficiar a Luis Gonzalo Gallo: dura condena de la Corte Suprema contra del exdirector de la Policía

Para la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia no hay duda alguna: el exdirector de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, de manera voluntaria e intencional y sabiendo de la ilegalidad de su petición, buscó presionar a la fiscal Sonia Lucero Vásquez para frenar la ordena que había dado para capturar por despojo de tierras al exintegrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

CAMBIO conoció en primicia la decisión de sentido de fallo condenatorio emitido en contra Palomino, ya retirado de la Policía Nacional, quien permanecerá en libertad hasta cuando, en unos días, la Sala de Primera Instancia realice una segunda audiencia en la que dé a conocer el monto de la pena que deberá pagar.

Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, la Corte acreditó en primera instancia que Palomino se fue hasta la casa de la fiscal Velásquez, en un procedimiento que no es ordinario, el 8 de febrero de 2014, y le hizo la petición, manifestando preocupación por el operativo que se iba a realizar e insistiendo en que Gallo era una persona honorable, que hacía donaciones a causas justas, cercano al expresidente Andrés Pastrana, entre otros.

"Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y espero que no sea calificada como una propuesta indecente, ¿qué tal si dejamos eso pendiente? Digamos, porque siendo como es, ese hombre de bien, estaba haciendo en Estados Unidos, a través de una fundación, una recepción de recursos de donantes precisamente de puros filántropos, gente que con dineros quieren ayudar a las causas más nobles y dado, digamos, como ese, ese mundo donde esta persona se ha estado moviendo", le dijo Palomino a la fiscal.

"Amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial, del, el Doctor Moreno, esto tendría una connotación enormemente grave, es más uno podría pensar que esta persona, si en algún momento pudo haber invertido en alguno de estos predios, lo haría no con el propósito de dejar desposeído a nadie …no sé cómo vea usted eso…", insistió el entonces director de la Policía a una fiscal que grabó la conversación y denunció los hechos.

Al valorar la prueba, la Corte dijo que las grabaciones son legales y que Palomino se enteró por una vía no oficial del operativo y decidió ir con el director de la Dijín a presionar a la funcionaria judicial. "La concatenación cronológica entre la entrega de datos, la solicitud de visita y el encuentro con la fiscal evidencia una trazabilidad de intención que apunta al uso de su investidura con fines ajenos a los institucionales", dijo la Corte.

"En la grabación se escucha claramente cuando a la pregunta de la fiscal Sonia Lucero acerca de si el Fiscal General de la Nación estaba enterado de la propuesta que le hacía, el general Palomino le responde “aún no le he comentado de esto”, lo cual fortifica aún más la ausencia de canales oficiales para intervenir en el caso penal que lideraba la funcionaria. Es así como la valoración conjunta de los testimonios, la prueba documental y la grabación incorporada en juicio, permiten concluir más allá de toda duda razonable, que el general (r) Rodolfo Bautista Palomino utilizó de manera indebida su cargo público para influir sobre una fiscal en una investigación penal concreta a su cargo", dice el sentido de fallo.

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"El general (r) Rodolfo Bautista Palomino utilizó de manera indebida su cargo público para influir sobre una fiscal en una investigación penal concreta a su cargo".

Para la Corte no hay duda alguna que el general Palomino, además, hizo tal presión indebida a beneficio de Luis Gonzalo Gallo, a quien se refiere como “ese hombre de bien” y como cercano a personas poderosas. La decisión señala que "la relevancia de estos datos no es jurídica ni procesal: es simbólica e influencial, dirigida persuadir a la fiscal no desde la prueba ni el derecho, sino desde la condición social, económica y política del investigado".

La razón de ello es que Palomino le dijo a la fiscal que la captura de Gallo podría generar un inconveniente de orden social o político, asumiendo un rol que no le correspondía, porque no era ni juez ni defensor, sino policía.

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"Este discurso hilado con respeto pero con firmeza, representa un acto de favorecimiento funcionalmente desviado en el que el servidor público usa su jerarquía institucional, su prestigio y su cercanía con altos círculos políticos, de cara a intervenir en un espacio privado ante una fiscal de conocimiento".

La dura condena contra el oficial señala que la influencia que llegó a ejercer Palomino fue tal, "que logró intimidar a la funcionaria de la Fiscalía para que una vez indagado Gallo Restrepo procediera a dejarlo en libertad, aún con la información previa sobre la posibilidad de que éste abandonara el país, como él mismo lo ratificó en su declaración, cuando dijo que el día de la captura viajaba a Washington".

Palomino actuó con dolo, dijo la Sala. Un hombre con formación académica superior y diferentes distinciones al interior de la Policía Nacional, que sabía con suficiencia la ilicitud del comportamiento que estaba desplegando, más si en ese momento ostentaba la más alta dignidad al interior de dicha institución.

Habla Palomino: "No puedo estar de acuerdo"

La defensa del exoficial solicitó que le den la casa por cárcel, al tiempo que apeló la condena y señaló que el caso estaría ya prescrito. La segunda instancia la resolverá la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A su turno, el general Palomino apuntó que no es culpable.

"No podré estar de acuerdo con que se me condene. Mi formación me lleva a acatar con absoluto respeto por la ley las decisiones judiciales así no las comparta en lo más mínimo. Mi juicio, mi voluntad, mi actitud fiel de cumplir cada llamado que me hizo la Corte", dijo.

El general Palomino insistió en que fue a la casa de la fiscal a petición del entonces director de la Dijín porque querían asegurarse de las razones de la captura, porque en ese momento había salido un fallo del Consejo de Estado que ordenó a la Policía y a la Fiscalía pedir perdón al exdiputado del Valle Sigifredo López, por una supuesta participación por el secuestro de sus compañeros, alegación que luego fue desestimada.

"Creía que estaría haciendo bien si pedía que revisara qué argumentos había contra una persona que, según el director de la Dijín, no era seguro que pudiera estar inmerso en despojo de tierras. Fui a donde esta señora porque nos invitó", insistió.