Néstor Guillermo Gutiérrez

JEP

26 Abril 2022

“No voy a justificar lo que hice: asesinamos personas inocentes”

La diligencia adelantada por la JEP desnudó la crudeza del conflicto. Diez militares y un civil relataron cómo, por el afán de cumplir órdenes, asesinaron a más de 100 civiles en Norte de Santander.

Es un acontecimiento para los libros de historia: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó una audiencia de responsabilidad en Ocaña, Norte de Santander, sobre el macrocaso 03 (desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado) con diez militares y un civil señalados de ser responsables del homicidio de 120 ciudadanos en la subregión de El Catatumbo, Norte Santander. Los hechos que llevaron a la imputación tuvieron lugar entre 2007 y 2008 y hacen parte del capítulo que conoció el país como "falsos positivos". La misma justicia transicional, en un informe de febrero de 2021, ya había establecido que por lo menos 6.402 personas murieron en un periodo de seis años (2002-2008) de esta forma ilegitima.


Pero lo ocurrido en Ocaña tiene un tinte especial. Este municipio y sus zonas aledañas han sido afectadas durante décadas por la violencia. Las investigaciones de la JEP han revelado que en Norte de Santander, entre 1986 y 2016, se presentaron 420 casos de falsos positivos. Los años con más asesinatos de este tipo fueron 2007 y 2008 (99 y 62 muertes, respectivamente), que coinciden con el tiempo en que sucedieron los hechos que dieron pie a la audiencia de hoy. 

Para profundizar


Los responsables, con medio centenar de personas observándolos presencialmente en el auditorio —incluyendo varias víctimas— y miles más a través de medios digitales, admitieron abiertamente su participación en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad. Como preparación para la diligencia, previamente se celebraron más de 20 encuentros colectivos e individuales que involucraron a militares comparecientes y víctimas con la finalidad de que la reparación de estas última sí se concretara.


El testimonio que inauguró la jornada fue el que la marcó. Se trató del suboficial retirado Néstor Guillermo Gutiérrez, quien pertenecía a la Brigada Móvil 15, que operaba en la región. 


"Reconozco mi responsabilidad en los crímenes y homicidios que cometí. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice. Asesinamos personas inocentes, campesinos”, confesó. Gutiérrez, que arribó al Catatumbo en febrero de 2007, relató que de entrada sintió presión por parte de sus superiores, que le exigían reportar bajas en combate. “Eso ya era como una política que se llevaba dentro de las filas”, agregó.


Con la ayuda de la administradora de un burdel, en el municipio de El Carmen, a 44 kilómetros de Ocaña, elaboró una lista de 15 aparentes colaboradores de la guerrilla que se convirtieron inmediatamente en objetivos de su comando militar. “El mismo modus operandi mío en El Carmen lo estaban haciendo las otras patrullas”, advirtió Gutiérrez, para resaltar la sistematicidad de este proceder ilegal.


El militar retirado añadió que muchas de las actividades de su tropa se ejecutaban con el apoyo de grupos paramilitares que, en más de una oportunidad, los auxiliaban con armas. “Empezamos a ejecutar a los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no medía las consecuencias del daño que estaba haciendo”, recordó.


Entre los asistentes a la audiencia estaba la hermana de Javier Peñuela, una de las personas que aparecía injustamente en la lista de 15 personas hecha por Gutiérrez. “Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá”, indicó.


Y mirando a las víctimas, rogó por que un episodio así de trágico no vuelva a suceder: “Yo sé que ustedes no me van a perdonar, pero espero que esto lleve a que no se repita más, que esto se acabe definitivamente”.


Los demás imputados que participan de la audiencia son el general Paulino Coronado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, los tenientes Álvaro Diego Tamayo y Gabriel de Jesús Rincón Amado, el mayor Juan Carlos Chaparro, el capitán Daladier Rivera Jácome, los sargentos Rafael Antonio Urbano y Mauricio Pérez Contreras, y el tercero civil Alexander Carretero. Este último reclutó jóvenes en Aguachica, César, prometiéndoles una falsa oportunidad de trabajo y luego los entregaba a los militares para que los asesinaran.